En lo que respecta al Corredor Vial N° 18, que incluye las cabinas de peaje de la Ruta Nacional 14, las subas se dieron entre un 10 y un 14,5 por ciento. De ese modo, desde este domingo, en pleno fin de semana largo de Carnaval, se remarcaron los precios en un 12 por ciento promedio.
Se podrá decir que en un escenario en el que tanto el precio de productos y servicios de todo tipo dan cuenta de una suba constante, como consecuencia de la maldita inflación que entre todos sino supimos conseguir, al menos la mayoría de nosotros consintió a lo largo de años en los que casi por aclamación votamos entusiásticamente por políticas que no podían desembocar en otro resultado, no debería provocarnos extrañeza alguna esa noticia.
Pero a la vez, se nos ocurre que antes de que ese Ministerio autorice ese incremento en el precio del peaje, debería haberse exigido de la concesionaria de la autovía que realizara las necesarias tareas de mantenimiento, si se tiene en cuenta que en numerosos tramos su estado es deplorable.
Y en el caso que esa concesionaria arguyera como defensa que la cuestión no pasa por su mantenimiento más cuidadoso sino que es consecuencia de “vicios estructurales” resultado de malas prácticas constructivas por parte de los que tuvieron a cargo esa obra, habría que responderle que de cualquier manera el concesionario “debe hacerse cargo” de los trabajos requeridos para eliminar esos vicios, ya que en su momento al hacerse cargo de la concesión, lo hizo sin beneficio de inventario.
Lo que no quita que en ese caso los funcionarios gubernamentales, de comprobarse la existencia de esas deficiencias que corresponden a malas prácticas constructivas y no a fallas en el mantenimiento, denunciaran ante la justicia a las empresas constructoras de la autovía, a los efectos de que esclarezcan la existencia o no de una conducta delictiva que acompañe a esa supuesta mala práctica.
Es frecuente - casi habría que hablar de una regla, que no es precisamente norma, porque significa justamente su transgresión- que se dé la existencia de “rutas mal hechas” –y que como consecuencia de ello deberían continuamente ser rehechas, para la satisfacción de los empresarios contratistas de la obra pública- como consecuencia la mayoría de las veces de complacencias de funcionarios públicos de los más diversos niveles, que se hacen los distraídos a la hora de aparecer en apariencia diligentes, quienes dan muestras de su negligencia en la realización de las tareas de control que están a su cargo.
Distracción a que se suma la justicia, a la que se la ve por lo general hacer oídos sordos a este tipo de reclamos, que deberían llevar a la apertura de oficio, ya que en esos reclamos se asiste a la presencia de una denuncia informal pero real, vinculada con situaciones a las que evidentemente, y ello calificándolas de la manera más benévola posible, cabe considerarlas de “poco claras”.
Mientras tanto, la ocasión es propicia para añadir un último párrafo vinculado con el exceso de carga de que dan cuenta muchos equipos de transporte automotor a vista y paciencia del concesionario, e inclusive de las fuerzas de seguridad destacadas en la ruta, las mismas que tan celosas aparecen en el control de los automovilistas, a los que solo podrían hacer detener su marcha en cualquiera de los puestos camineros, ante la constatación previa de una infracción y, a lo sumo, ante la sospecha fundada de la existencia de un delito.
En contraste en ningún caso se observa que dichos puestos cuenten con balanzas que permitan realizar este tipo de control.
Una presunción la nuestra ya que no somos “balanceros”, que cabe ser inferida al recorrer la carretera, cuando se ven las huellas marcadas, traducidas en hundimientos, en el carril donde transitan los equipos excedidos de peso.
Una prueba más de lo que es casi una constante en muchos funcionarios, cual es la de mirar sin ver…y ello en el caso de que miren.
