¿Será posible que los cuadernos del chófer Oscar Centeno desaten un mani pulite argentino, o estaremos frente a otro de los habituales amagues de la Justicia cuando se encuentra con un caso de corrupción? Nos acostumbramos las investigaciones leves y lentas, a los cajoneos, a las prescripciones, a las faltas de mérito y, cuando mucho,a las penas en suspenso. Nos acostumbramos a la impunidad.
Que entre los arrestados haya un ejecutivo de la empresa del primo del Presidente hace renacer la esperanza de que se puede acabar con esta impunidad. Que quien la lleva adelante sea el juez Bonadío resta, inevitablemente, de esa esperanza. El propio juez acumula varias denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
No sería la primera vez que huellas claras se desvanecen, y que causas iniciadas con operativos policiales espectaculares (y muchas veces sobreactuados) languidecen luegoen el fuero federal.Como en su momento las valijas en Ezeiza, los sobres en el baño de un ministerio y los bolsos en el convento, los cuadernos de Centeno (y su corroboración en los sistemas de seguridad de cada uno de los lugarescitados)parecen contundentes. ¿Será suficiente para que las causas avancen?
Estamos acostumbrados a considerar la división constitucional de poderes como un enunciado meramente teórico. Que el Ejecutivo quiere que la causa avance o que la causa se frene. Que tal o cual otro tiró la especie por conveniencia política. Se duda de lo que debería ser normal: que la Justicia recibió un indicio e investigó por su cuenta.
El análisis periodístico de los cuadernos de Centeno viene siendo más político que policial. Huelgan las conjeturas acerca de quién destapó la olla y escasea el análisis de los hechos de corrupción sobre los que trata la causa. Es que lo normal no es normal en Argentina: la corrupción parece parte indivisible de la función pública y la impunidad está garantizada por la presión de gobiernos, sindicalistas y empresarios sobre la justicia.
Es habitual que políticos y sindicalistas responsabilicen a otros políticos o sindicalistas por sus peripecias judiciales. Acostumbrados a operar sobre la justicia, no dudan que sus pares también lo hacen cuando tienen la manija. A Hugo Moyano, acosado por las investigaciones por lavado de dinero y otras presuntas irregularidades vinculadas al gremio y al club Independiente, no se le ocurrió mejor defensa que espetar que “si voy preso, que sea en la celda de al lado de padre de Macri”. Cristina Kirchner varias veces denunció una persecución judicial en su contra y otras tantas acusó al Presidente Macri de tal persecución. Moyano y Cristina saben de qué hablan.
Nadie se escandaliza con estas declaraciones, pues la aberración constitucional que sugieren es uso y costumbre. Es más, probablemente los sospechados piensen que fueron embocados; olvidan que delinquieron (porque todos lo hacen) y que por eso fueron pescados.
Hay que sacarse la careta: lo que dicen los cuadernos no es una sorpresa. El soborno es la forma de hacer negocios en el estado nacional, en los gobiernos provinciales y en los municipios. Y la impunidad es la garantía para que nada cambie.
Quebrar la inercia de la impunidad para los actos de corrupción es crucial para volver de décadas de decadencia moral y construir una república y una democracia más sólidas. Avanzar con la investigación en el caso de los cuadernos de Centeno podría ser el puntapié inicial para este cambio.
Avanzar, cueste lo que cueste, no es indoloro. La investigación del juez Sergio Moro, que en Brasil llevó a la cárcel a encumbrados empresarios y dirigentes políticos, paralizó al país: en tres años el PBI cayó 9% y la moneda se depreció 60%. Pero el cambio funcionó: las encuestas demuestran que sólo unos pocos toleran la corrupción y que el cambio de dirigentes en octubre próximo podría ser total. La honradez ya no parece ser una cualidad indiferente a la hora de construir una carrera política en Brasil.
El río suena, y las marchas de quienes se sienten amenazados se multiplican. Los cuadernos dan detalles sobre algo que todos sospechábamos. Los jueces deberían hacer su trabajo con independencia, pero ni ellos ni los políticos están acostumbrados a dejar al otro hacer.
