Y a la hora de opinar, nos parece mucho más saludable y auspicioso, que para mostrar el “cambio de ritmo” en el quehacer gubernamental, veamos a los ministros comenzar a trabajar a las siete de la mañana, que verlos dedicados, ya con el sol en alto, a otros funcionarios de menor cuantía, repartiendo juguetes, bicicletas, cocinas y vaya a saber qué otras cosas, en lo que solo es el principio, antes de que, según se dice, llegue el chaparrón de plata.
Es en ese contexto que se ha hecho pública la noticia que en Paraná un grupo de concejales, que pertenecen a una fuerza política nueva que no participa de las elecciones de noviembre, por lo que cabe suponer en un sensato cumplimiento de sus funciones como ediles y no porque se estén sumando “a la volada” de salir a pescar votos, han presentado un proyecto de ordenanza que busca agilizar y simplificar el sistema de trámites, quitar tributos y eliminar el pago de una serie de sellados que actualmente se exigen para realizar trámites municipales. Nada que no pudo haberse pensado antes, aunque no se puede pasar por alto aquello que “nunca es tarde, cuando la dicha es buena”.
Según explican los autores del proyecto, que para elaborarlo han tenido en cuenta la experiencia exitosa realizada en el partido bonaerense de Capitán Sarmiento, gestionado por la oposición, donde, a partir de un plan de reducción tributaria, en el año 2020 eliminó un total de 109 tasas municipales, lo que implicó un aumento de la recaudación en un 40% y la habilitación de 100 nuevos emprendimientos.
Desconocemos si la iniciativa de los concejales paranaenses es más ambiciosa o más modesta que la de ese partido bonaerense, pero de cualquier manera el hecho destacable a mencionar es que se propone eliminar tributos que la Municipalidad de la capital provincial recauda por la emisión de certificados, por la solicitud de copias de planos, inicio de trámites de planes de pagos de otros tributos impagos o derechos de publicidad, entre otros.
En ese furor anti-tributario se incluye además el de una gabela por ocupación del espacio público, circunstancia que es sinónimo de exclusividad en algo que tiene que estar a disposición de todos; se trata de un tema cuando menos discutible.
Las preguntas que merece una propuesta de este tipo, son varias. La primera de ellas, sería conocer por qué desde la política en su conjunto se ha esperado tanto para plantearse la necesidad de efectuar una poda profunda en esa hojarasca tributaria, que causa una justificada irritación, más que todo por la molestia que significa su liquidación y pago por el contribuyente, que una auténtica fuente de ingresos para el ente municipal.
Es así, como se ha señalado para corroborar este último aserto, que lo recaudado por aquello que hemos denominado “hojarasca tributaria” significa un importe menos al del 1% de los recursos municipales.
El segundo interrogante es de mayor envergadura, ya que lleva a plantearse si no estamos asistiendo al principio de una reacción generalizada “antitributaria”, consecuencia de la circunstancia que la presión del estado en ese aspecto se ha vuelto asfixiante, de la manera que castiga a todos, inclusive a quienes tienen muchas veces que privarse de lo necesario, por estar su adquisición gravada con una carga que no condice con su ausencia de capacidad contributiva, dado el hecho de no tener ninguna.
