Cuando asumió su función de gobernador Gustavo Bordet, mucho se dijo de su gestión como Intendente de Concordia, que lo mostró como un administrador prolijamente honesto y prudente, una verdadera perla negra, en este torno entorno en que las cosas son al revés y predominan las perlas blancas, que no simbolizan en este caso precisamente a la pureza…
Todos sabíamos que le iba a tocar “bailar con la más fea”. Y que por encima de todo, que el hacerlo no iba a ser fácil. Pero desde su asunción ha dado muestras de una autoridad prudente pero a la vez implacable, ejercida en forma silenciosa y hasta puede decirse que por el solo acto de presencia, a la vez con la prudencia necesaria como para llegar incluso a suponer, que su estrategia consiste muchas veces en sentarse a contemplar cómo “la olla se destapa sola”.
Prueba de ello la tenemos, ya en momentos que pocos recuerdan, de la manera con que “le cortó el paracaídas” -tan solo dejando hacer lo que correspondía - al entonces presidente del Tribunal de Cuentas, que como según se dice, era a la vez un protegido y un protector del ex gobernador Urribarri. Situación que se ha visto hasta cierto punto repetida ahora, cuando desde China ha “dejado hacer” a su Ministra de Gobierno, prescindiendo de los servicios del flamante “ex” secretario de Trabajo Oscar Balla, quien tuvo la mala suerte de chocar en Mendoza, a donde se había traslado en un auto oficial y cobrando viáticos para participar en un encuentro social, que nada tenía que ver con sus funciones de gobierno. Un pecado menor, de los que el catecismo nombra como venial, si se tienen en cuenta las escandalosas monstruosidades mayores que hemos visto transcurrir ante nuestros ojos.
Indudablemente al gobernador le viene costando desvincularse del "clan Urribarri" entremezclado de una manera complicada con "el clan Aguilera", hasta el punto de que en ocasiones incluso lleva a pensar que son una misma cosa. Es que Bordet sabe de lealtades, y las lealtades humanamente sofrenan, algo de lo que no saben los miembros de esos clanes, que son ágiles en el manoteo, y cuyo lenguaje extremo es el “apriete”.
El vínculo entre los dos clanes, nació cuando sus componentes ni remotamente tenían idea de su posterior existencia: cuando Sergio Urribarri se casó con Analía Aguilera. Ellos, entre otros, tuvieron un hijo al que bautizaron, o al menos nombraron, como Mauro. A la vez Sergio Urribarri por su casamiento, hizo de Juan Pablo Aguilera su hermano político. Con lo que ya nos encontramos con el germen de ambos clanes, que si son dos y no uno solo, se muestran en unidad simbiótica.
Es aquí donde se hacen presentes los Almada, de los que no sabemos si merecen que se les dé el nombre de “clan” o solo el de “familia”. Porque es el caso, Juan Pablo Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri, es a la vez cuñado de Alejandro Almada, y casualidad de las casualidades, empleado en la Legislatura provincial. Y Alejandro es hijo de comisario Héctor “Pitín” Almada, quien según lo señala la revista Análisis, años atrás fue exonerado de la fuerza y condenado a prisión por dos causas, una de ellas por tráfico de armas de guerra. Al Comisario Héctor “Pitín” Almada, Urribarri – Sergio y no Mauro- le salvó el pellejo, consiguiendo que fuera indultado, para después, según se dice, ser reincorporado a la fuerza y ascendido a comisario general.
Pero Alejandro Almada no solo es hijo de Pitín Almada, sino que su novia, según se afirma, es Micaela Banegas.
Y aquí nos detenemos porque ni se nos ocurre pensar que los Banegas, fuera del caso de Micaela, tengan en esta enumeración de parentescos, familias y clanes nada que ver.
Lo que si es necesario agregar es que en un momento dado Mauro Urribarri, entonces Ministro de Gobierno de Bordet se fue-o “lo fueron”- del cargo y de allí en más hizo mutis por el foro, y ha bajado tanto su perfil hasta volverse invisible. Y que ahora ha vuelto a la luz, como consecuencia de todos los allanamientos ordenados por la justicia en la causa abierta por el “el escándalo de los contratos en la legislatura”-estamos tentados de escribir “Corrupción en la Legislatura, en recuerdo de la obra teatral “Corrupción en el Palacio de Justicia” de Ugo Betti, que tanto debería en nuestra circunstancia ser utilizada para titular lo que sucede a nuestro alrededor en forma habitual- en la que ya existen detenidos, Y donde Pipí Almada, la ligó también de rebote, porque en ocasión del allanamiento de su domicilio – que se le hizo a algunos de los miembros de esos clanes- se constató que era tenedor de un arma de guerra que no estaba legalmente declarada.
Todo lo cual no tiene nada que ver con las causas penales en las que, por otros hechos, se está investigando a los Urribarri, a Aguilera y a unos cuantos más, y de las que, según nos cuentan, ha podido “zafar” el mentado “jardinero de Kirchner”, que además de transportista contratado por el gobierno de la provincia, era según dicen, concesionario de algunos servicios en el centro termal del Balneario San José.
Pasando a otro tema, por lo mismo que hay que preservar la figura de nuestro gobernador es que frente a la denuncia efectuada por el senador provincial Kisser y el abogado Pagliotto, vinculada con supuestas irregularidades en el proceso de selección de contratistas para las obras del denominado Cierre Norte Gasífero y Eléctrico – asunto del que ya tendremos ocasión se ocuparnos- los denunciantes haya hecho referencia expresa a un estado de cosas, que, de ajustarse a los hechos, consideramos que debería superarse.
Se trataría de la participación en ese proceso de selección de Jorge González , presidente de Enersa (ejecutora de las obras) y Secretario de Energía de la provincia; Hugo Ballay, ministro de Economía provincial e integrante del directorio de Enersa; y que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, integre la comisión fiscalizadora de Enersa, junto a los secretarios Legal y Técnico, José Gervasio Laporte, y de Presupuesto y Finanzas, Luis Erbes, en lo que se haría presente una clara muestra de incompatibilidades. Es, como para dar un ejemplo, que un Concejal cumpliera esa funciones, mientras a la vez se sigue desempeñando como empleado municipal; situación en la cual la misma persona como concejal es dependiente del titular del organismo al que pertenece y que entre sus cometidos está el de controlarlo.
“Todos ellos son funcionarios del Poder Ejecutivo y, a la vez, ocupan primerísimos lugares en Enersa, empresa que llevará a adelante la ejecución de ambas obras, bajo los reglamentos, métodos y procedimientos de la misma, quedando este proceso de licitación y ejecución excluido del contralor de los organismos específicos del gobierno provincial y fuera del alcance de las leyes correspondientes, lo que se logró a través de un decreto del Poder Ejecutivo y no de una ley, como hubiese correspondido, máxime cuando se creó una comisión bicameral para controlar obras de capitales chinos”, insistieron los denunciantes.
