Todo ello, hasta que la vacuna que nos inmunice contra la peste sea aprobada, se fabrique y distribuya de manera que pueda su aplicación llegar a toda la población. Algo que no ocurrirá demasiado rápido, teniendo en cuenta los segmentos diversos de la población que en forma secuencial van a beneficiarse con su aplicación.
Es así como hay que pensar –algo que por otra parte es lo lógico- que se va a comenzar por los diversos estamentos que conforman “el personal de la salud”, especialmente el personal sanitario afectado al tratamiento de los contagiados; y de allí en más un orden prioridades impreciso –en el que seguramente buscarán “colarse” todo tipo de funcionarios, aunque no estén asignados a “actividades esenciales”- en el cual las personas mayores serán relegadas a un cuarto o quinto lugar.
Estamos hablando de la vacuna que se distribuirá gratuitamente, lo cual no significa que el que esté en condiciones de adquirirlas en el mercado, cuente con alto grado de posibilidades de avanzar en forma paralela a esa larga cola…
Entretanto una de las cuestiones a las que se debe prestar atención, es a la necesidad de que se implante un régimen unificado de permisos de circulación de personas y de vehículos, de manera de acabar con la discrecionalidad rayana en la arbitrariedad –y que inclusive la supera cuando llega a los extremos de una irracionalidad total- de manera que la nuestra sea lo que se ha dado en llamar por algún medio audiovisual como la “república partida”, y que quizás de una manera más adecuada todavía habría que considerar como un “país despedazado” aunque se lo disimule uniendo esos trozos, en el caso que así ocurra, con un número restringido y restrictivo de suturas.
Es que hay momentos y circunstancias en los que da la impresión que entre nosotros se ha olvidado que nuestro territorio es “el de un solo país”. Como consecuencia, dentro de un Estado nacional, como es el caso del nuestro, vivimos en la que sería risueña –sino fuera trágica- situación, de hacerlo en uno tan afecto a regulaciones de todo tipo, con las que se intenta asfixiarnos, mientras que, por nuestra parte, tratamos de esquivarlas, en una suerte de juego del “gato y del ratón”.
Es por lo mismo, el que atendiendo a esa realidad, cabría llegar a pensar en la necesidad de contar con una regulación, establecida para todo el territorio de nuestro país, y destinada a que la cumpla no Juan Pueblo, sino a hacer todo lo contrario.
Es que esa regulación, esta vez estaría encaminada a indicar a gobernantes y funcionarios públicos, a todos sus niveles, acerca de las restricciones que bajo ningún extremo pueden someterse a los sufridos –hasta por demás- habitantes de este país. Es que resulta evidente el hecho que, de haber contado con anterioridad con un instrumento de este tipo, nunca hubiéramos llegado a vivir crueles situaciones, como son casos por todos conocidos, aún en carne propia, y también otras de por sí rayanas en la irracionalidad.
Se nos dirá, que ante ese tipo de avances de la autoridad administrativa, está “el recurso a la justicia”, un argumento que nos lleva a pensar que, es que lo último que nos queda por mal hacer, es precisamente terminar de politizar a la justicia, un recurso poco práctico y por ende inútil, para superar este tipo de situaciones.
Las que por otra parte nos han conducido al absurdo de pasar de un régimen en el cual, para el habitante, todo lo está permitido por la ley, a otro ante el cual dado los avances de la administración sobre sus derechos, se hace necesario señale a esta “lo que les está prohibido hacer, ya que parecen no saber nada de nuestros derechos constitucionales.
De allí que no resultaría nada fantasioso, que especialistas, esta vez no en el ámbito médico, sino en el de las disciplinas sociales, que se ocuparan de estudiar o que es lo mismo, buscar establecer la correlación que existe en la manera en que venimos a convivir con ella, con los diversos regímenes políticos, y el tipo de personalidad promedio de los que integran a cada sociedad. Todo ello según la forma de encarar “la prevención” de la pandemia; y las obligaciones que como consecuencia se imponen a sus integrantes.
Una inquietud, que nace del hecho que en nuestro país se asiste a la presencia de un caso icónico que impulsa ese tipo de investigación, acerca de la correlación entre “régimen político real”, rasgos de la “personalidad social promedio” en la población y “regulación del comportamiento de la población” ante la pandemia.
Ya que ello podría llegar a hacerse, partiendo de lo que acontece en la provincia de San Luis, la cual en la coyuntura parece haber querido replegarse sobre sí misma, amurallando sus fronteras, como consecuencia de un “ukase” de su gobernador “el Alberto” Rodríguez Saá, a quien se le ha consentido que actuara en la emergencia como un verdadero “patrón de estancia”.
Se trata la anterior de una manera más delicada de referirse a esa reacción propia de un sistema “neo feudal” que comienza peligrosamente a consolidarse en nuestro país, y frente al cual debemos estar prevenidos y alertas.
Con el agravante curioso, que puede verse en la circunstancia que así como “las ideas no se matan” -frase famosa que aunque no le pertenecía, Sarmiento escribió en un peñasco camino del exilio- resulta casi imposible evitar que “el virus pueda circular”, sin perjuicio que se deban adoptar todos los recaudos indispensables, para enfrentar de la mejor manera posible esa circunstancia.
Claro está que no debe extrañarnos el comportamiento de la “dinastía puntana”, porque precisamente de eso se trata, el “caso de los Rodríguez Saa”.
Es no se puede dejar de recordar que “el” Adolfo y “el Alfredo” - ahora enfrentados- desde 1983 hasta el presente han gobernado, uno u otro según las épocas, la provincia de San Luis, con la excepción de dos gobernadores intermedios (2001 a 2003 y 2011 a 2015), que de cualquier modo lo hicieron siguiendo sus dictados en esos periodos intermedios.
Con la única cosa que habla a su favor –la que no es nada pequeña, y a la que por ello no se la debe subestimar, pero no la mayor y más importante en un gobierno- es que han dado muestras de una administración formalmente prolija y gestionada con creatividad.
Pero que a la vez conforma una suerte de “dictablanda”, de no querer hablarse de un “sistema feudal”, o de un oxímoron que constituiría una “autocracia patriarcal” y sedicente de bases populares.
En la que se observan pretensiones de volverse no solo vitalicia, sino que pretenden ver en ella el origen de un régimen no ya de rasgos vitalicios, sino que aspira a que perdure por la trasmisión hereditaria de sus plenipotencias. Algo que implica mayoría en la legislatura y una justicia sometida, todo ello de una forma permanente, y asegurada sin dejar ningún resquicio.
De donde basta comparar la forma como ha encarado San Luis el arribo del virus, y cómo lo ha hecho el Uruguay, para que se hagan presente los contrastes.
