Sería más útil una formulación que definiera, a partir de un déficit o superávit fiscal objetivos, qué porcentaje de los recursos se asignaría a cada área de gasto. Sin números, sino en porcentajes. Como pasa en una empresa o en una economía familiar, cuando tenemos más ingresos gastamos más, y cuando recibimos menos nos achicamos.
Esta utopía violaría dos beneficios innegables del esquema actual: el gasto político es inmóvil y lo que se ajusta son los recursos (mayores impuestos), y subestimar los recursos permite que el excedente pueda ser utilizado a discreción por el Ejecutivo que los administra.
Quizás sea por la poca entidad que los mismos legisladores asignan a la discusión presupuestaria que se cuelan entre los asuntos numéricos discusiones sobre las elecciones PASO, los impuestos a los jueces, y tantos otros asuntos cuyo foro de discusión no parecería ser el del tratamiento de la Ley de Presupuesto.
En fin. Vista la mayoría oficialista en el Senado podría deducirse que el ministro Massa se salió con la suya: logró aprobar un Presupuesto que se adapta al programa acordado con el FMI, y lo logró con apoyos de diputados de varias bancadas, lo que constituye un indicio preocupante de la fragmentación creciente en las dos coaliciones que dominaron la escena política durante la última década.
Esto abre un interrogante preocupante: ¿se fragmentará también el voto en 2023? En ese caso, podría pasar lo que pasó en Chile, Perú o Colombia: no hará falta tener muchos votos en primera vuelta para llegar al ballotage. En Chile los dos contendientes en el ballotage obtuvieron 28% y 26% en primera vuelta; en Perú, 19% y 13%; y en Colombia 40% y 28%. De ahí que la decisión sobre hacer o no las elecciones PASO pueda definir la consolidación o ruptura de las coaliciones. Por eso fue presentado el proyecto; no porque esté clara su conveniencia para unos y otros.
Es que la política también está pendiente de la economía para decidir cómo operar en las cosas de la política. El tablero está en movimiento y el equilibrio político y económico es inestable. Hasta hoy, la Vicepresidente avala el plan de Massa, que es el “plan del FMI”, aunque no lo diga en público. Es que no come vidrio. Pero podría cansarse y romper con Massa, si el resultado (político) del plan es malo. ¿Eso sería suficiente para gatillar un estallido político y económico?
El problema está en que, tal como funcionan las cosas, el plan del FMI es un plan en el que no parecen confiar ni el oficialismo ni el FMI, y cuya máxima aspiración es la de llegar a las elecciones. Es lo único que quieren las partes. Por eso, se sostiene con parches que estiran la agonía, pero con un efecto curativo cada vez menos duradero. El dólar-soja, el sistema SIRA para controlar las importaciones, un decreto para forzar a las entidades públicas a invertir su liquidez en bonos del Tesoro, el acuerdo de “precios justos”: parches con los que nos hemos resignado, a que, con tal de no empeorar, tampoco podamos mejorar. Es el límite de tolerancia para la coalición de gobierno unida.
La fragilidad macro y política nos tienen mal preparados por si algo sale mal. ¿Una sequía que además del trigo, casi dado de baja, afecte al maíz? ¿Una oleada de viajeros al exterior en noviembre y en el verano? ¿Nuevas complicaciones para renovar los vencimientos de la deuda en pesos? Imponderables y no tan imponderables que volverían a dejar las heridas de un plan fallido a la vista, y que podrían provocar un desmembramiento de la coalición de gobierno.
La política no sabe cómo hacer para que la macroeconomía esté en equilibrio el próximo mes, pero se engancha en discusiones estériles, basadas en números imaginarios, sobre cómo gastar el próximo año. Y en discusiones aún más estériles respecto del formato del cronograma electoral. Las incertidumbres económicas y políticas se retroalimentan y muestran fragilidad en ambos frentes. Llegar a fin de 2023 sin crisis será un milagro.
