Argentina no queda aislada de las consecuencias económicas del conflicto. Si bien no corresponde extraer consecuencias de largo plazo de un conflicto relativamente reciente, y aún en curso, está claro que el alza en el precio de las materias primas que ha resultado de la escalada bélica no nos es indiferente, por distintos motivos.
Por un lado, el alza de precio de productos agrícolas como el trigo, el maíz y la soja parecería jugar a nuestro favor, como productores y exportadores que somos de dichos productos. Debería obrar como una ayuda para la necesaria acumulación de reservas en el Banco Central.
Pero, al mismo tiempo, las subas de precio tienen un efecto indirecto no deseado, que pone los pelos de punta del Secretario de Comercio, Roberto Feletti. Lo bueno que tiene para nuestras cuentas externas la suba de los precios de las materias primas agrícolas, lo tiene de malo sobre los precios internos de productos básicos de la canasta alimentaria, como la harina y el aceite. Peor aún: el alza a niveles récord de los precios del gas licuado podría compensar, o más que compensar, el efecto favorable del alza de los productos agrícolas, pues las erráticas políticas energéticas de la última década primero eliminaron y ahora demoran la recuperación de la autosuficiencia energética.
Todo esto es conocido. Lo novedoso, en realidad, son las medidas de represalia que ha tomado la OTAN en contra de Rusia. Circulaba el viernes una broma en las redes sociales respecto de la similitud entre esas medidas, tomadas como un castigo, y las medidas que se toman en Argentina, con la presunción de que las mismas fomentarán nuestro desarrollo.
La broma enumeraba de manera simplificada las medidas, y sus consecuencias, que se tomaron contra Rusia: cepo cambiario, no comerciar con el mundo, devaluación del rublo, exclusión de los sistema de crédito y pagos internacionales, inhibición del mercado de capitales local, destrucción del capital de los grandes inversores nacionales, entre otras. Y concluía en que las medidas elegidas por el mundo para hundir la economía rusa se correspondían con las que gran parte de nuestra dirigencia considera útiles para poner a la Argentina de pie.
Parece una broma macabra, pero, como toda broma, tiene su costado de verdad. Optar por mecanismos de intervención exhaustiva del estado sobre todos los órdenes de la vida privada como medio para el desarrollo no es una estrategia que en ningún lugar del mundo resulte exitosa. Trabar la iniciativa privada, el comercio exterior y el flujo de capitales desde y hacia el resto del mundo no funciona, sino que inhibe el desarrollo.
Podemos celebrar que el PBI subió 10% en 2021 como un logro propio de las políticas elegidas. Más honesto sería reconocer que esa suba sucede a una caída de 10% el año anterior. O reconocer que tenemos el mismo PBI per cápita que teníamos en el año 2009, y que estamos apenas por encima de los niveles de 1998. Llevamos más de dos décadas perdidas. Pero nos gusta insistir con las excepciones, mientras la regla nos pasa por encima.
En tres semanas, el rublo ruso se depreció 37%, las acciones rusas cayeron 77% en dólares y los bonos de la deuda externa rusa a 10 años perdieron 66% de su valor y cotizan con una paridad de 36%. Parafraseando a Publio Terencio Africano y a San Agustín, podríamos alegar que “somos argentinos, nada de lo ocurrido (en Rusia) nos es ajeno”.
Al cabo de la enésima semana de negociaciones y a apenas dos semanas de un vencimiento crucial, Argentina sigue dando vueltas con el acuerdo con el FMI. Un acuerdo que ofrece una tenue luz de racionalidad en el camino de salida del laberinto populista en que estamos envueltos. Contra toda lógica, una parte no menor de nuestra dirigencia prefiere que los argentinos sigamos por el camino de infligirnos las mismas sanciones con que el mundo busca condenar a Rusia. ¡Qué difícil es entendernos!
