No hay sin embargo un solo empleado de Aerolíneas que piense que su trabajo está en riesgo. Tampoco nadie parece muy preocupado – empleados o no- por saber dónde va a generar el estado los recursos para inyectar un capital de más de 800 millones, monto que se estima es necesario para seguir operando. Suponen, claro, que el estado va a hacer magia y se va a ocupar como sea de poner el faltante asegurando así que todo siga funcionando a pedir de boca, de los empleados. Básicamente, con un estado fundido, sin capacidad de endeudamiento y con la recaudación impositiva camino del piso, eso significa que los entrerrianos tendremos que pagar con más inflación la extravagancia de seguir manteniendo sin un mínimo ajuste un elefante blanco. Otro más y uno de tantos.
En comparación, Latam, la empresa aerocomercial privada más grande de la región y resultado de la fusión de Lan Chile y del gigante brasileño TAM, acaba de anunciar despidos de dos mil personas, reducción de salarios del 50% -salvo en Argentina donde el gobierno les reclama se paguen en su totalidad- y sus accionistas están previendo una inyección de capital de unos 900 millones de dólares como única forma de mantenerla a flote. Dada la importancia estratégica de esta aerolínea para ambos países, no debe descartarse además una ayuda estatal -posiblemente en la forma de un préstamo-, pero a nadie se le ocurre en Brasil o Chile que eso se pague con emisión o que implique cero esfuerzos por parte de quienes trabajan en esa empresa. Aquel refrán de que lo que cuesta vale sigue vigente en los demás países de la región, a contrapelo de lo que sucede por aquí, donde lo que cuesta generalmente la gente cree que no vale nada, y que si lo vale es el estado el que se debe hacer cargo de la cuenta.
Hay otros ejemplos que sin dudas ayudan a explicar esa forma de pensar tan nuestra y que nos ha puesto en ese lugar único, el de ser el país de América Latina que menos ha crecido en todas estas décadas exhibiendo además el mayor y más pronunciado deterioro en distintos índices tanto económicos como sociales. Es por algo que nos suceden estas cosas.
Los sindicatos de los empleados del sector públicos a nivel nacional han expresado por estos días su deseo de que se les aumenten los sueldos, apelando al inobjetable discurso de una muy necesaria recomposición salarial. ¿Es que quién no quiere eso? Si bien no está mal pedir por sus representados, el discurso expresa a las claras o que no tienen ni idea de las reglas más básicas de la economía o que en última instancia no les importa en la medida que sientan que la dirigencia política se muestra siempre presta a cumplirle sus deseos.
De nuevo, con el sector privado fundido y en varios rubros en vías casi de extinción, con empresas que no pueden pagar los sueldos de sus empleados, con un desempleo que amenaza con dispararse a niveles no vistos en décadas, con un estado sin herramientas y privado de recaudar casi impuestos, los sindicalistas – en este caso de UPCN- hablan no de defender el empleo -todos sabemos que si es por justa causa nunca echan a nadie del sector público-, sino de pedir aumentos. Y todo esto sin que se les mueva un músculo de la cara. ¿Cómo esperan que se pague por todo esto? Con más inflación seguramente, y en un tiempo más, seguramente con hiperinflación.
A esta altura de la soirée todos deberíamos tener bastante claro que nuestro estado es una institución colapsada y que no puede proveer de manera indiscriminada e infinita. También deberíamos entender que si bien tenemos derechos también nuestro contrato social incluye obligaciones, y esto para todos y no solo para unos pocos. Y en una situación dramática como la que estamos, y esto sin considerar la pandemia, seguir pidiendo y reclamando sin medir costos y pensando solo en la salvación individual nos pondrá en una situación como país aún mucho peor que la que ya nos toca. O la política hace sacrificios y nos los pide a los demás -sector público incluido- o la realidad hace el ajuste por ellos y todos los demás. Y si lo que vio hasta ahora le parece feo, prepárese.
