Ello obliga a prestarles una atención que, si bien no debe ni puede ser de la misma naturaleza que la prestada a los denominados sectores “vulnerables”, en realidad habría con respecto a estos últimos, hablar con mayor propiedad de sectores “vulnerados” -ya que, a su respecto, la vulnerabilidad es un hecho consumado-, existen otros canales a través de los cuales se los puede asistir y prestarles auxilio.
Uno de ellos tiene que ver con la “carga tributaria”, la misma que si en las anteriores condiciones alcanzaba ribetes escandalosos, en la actualidad, para repetirlas con palabras del ministro de Economía de la Nación, es notoriamente “insustentable”.
Es que para arribar a un juicio de esta clase basta con hacer alusión a un ejemplo remanido, con el cual se hacía referencia a la cantidad de días con que un trabajador corriente “trabajaba para el gobierno”, de tenerse en cuenta el monto de remuneraciones e ingresos que obtenía a lo largo de un año y la parte de ello que estaba obligado a entregar al fisco.
Ignoramos si la determinación que se hacía era la exacta, al afirmarse que por lo menos los ingresos de aproximadamente la mitad del año de cada trabajador, estaban destinados a afrontar el pago de los gastos de un Estado que no se caracterizaba por la extensión territorial, la amplitud en cuanto a su número y una eficacia al menos puesta en cuestión, de los servicios a su cargo.
De allí que se haga necesario tener en cuenta que la situación actual es aún peor, dado que a un creciente número de desempleados se debe agregar una cantidad alarmante de cuentapropistas, que cuando no se han visto por la cuarentena obligados a que sus empresas dejen de funcionar, en el caso de que logren volver a desarrollar su actividad, se encuentran con su clientela normal mermando hasta el extremo de su inexistencia.
Ante esa situación, el gobierno nacional ha anunciado el lanzamiento de una generosa moratoria. Es de esperar que la misma así resulte, pero por nuestra parte se nos ocurre que, en el caso de los gobiernos provinciales y de las administraciones municipales, ellos deben llegar en el caso de tributos a determinar, hasta la condonación de las deudas que, en esos conceptos, se hayan devengado a pequeñas empresas en esta larga cuarentena que no termina de concluir.
Somos conscientes que las finanzas de esos entes estatales dan cuenta de recursos menguados como consecuencia precisamente de esa coyuntura. Pero, de cualquier manera, ante lo expuesto y aplicando el principio del esfuerzo compartido, una decisión de ese tipo resulta factible, si aún la reducción de gastos en niveles razonables -inclusive los que tienen que ver con las remuneraciones del personal, en el caso que excedan un determinado mínimo- y requiriendo auxilios al gobierno nacional, de forma directa o indirecta.
Porque si el mismo se puede dar el lujo de perder diariamente una suma diaria millonaria en dólares, con el objeto de mantener en funcionamiento a la línea aérea de bandera, y avanzar en expropiaciones cuestionables, habría que concluir preguntándose “qué le hace una mancha más al tigre”.
