Como consecuencia de lo expuesto, y sin que exista ningún motivo concreto al cual hacer referencia específica -nos mueve ese sabio consejo acerca de que “mejor es prevenir que curar”- se nos ocurre que no estaría de más que las entidades a que nos referimos existentes en nuestra provincia lleven a cabo “un estudio actuarial”, encaminado a establecer la viabilidad de la prestación de sus servicios a largo plazo. A lo que no estaría de más que dieran cuenta acerca de la regularidad con la que cada municipalidad ingresa en cada Caja, los aportes que le corresponde efectuar como obligación propia, y como agente de retención del aporte de los empleados municipales afiliados a aquéllas.
Es que no se escapan anteriores experiencias a las que no se debería echar en saco roto. La primera de ellas, vinculada con la disolución de la mayoría de las Cajas que funcionaba en cada municipio, por resultar inviable el cumplimiento de los servicios de pago de jubilaciones y pensiones a quienes eran frustrados beneficiarios suyos; seguida por aportantes y beneficiarios a la Caja de Jubilaciones provincial. La segunda, las deudas, en algunos caso por montos no despreciables, que se conoció que algunas municipalidades tenían con las respectivas cajas, por no aportar lo que a ellas les correspondía, ni tampoco hacerlo con los aportes en ese concepto, retenidos al personal provincial.
