Resulta innegable que lo que sucedió a un motociclista argentino en el vecino país es horripilante. Independientemente de que fuera cuestionable –o no- que su muerte por falta de atención médica, inculpe a quién, al no prestarle la debida asistencia, violó tanto su juramento hipocrático como los imperativos de conciencia dictados, aunque más no fuera de una manera tácita, por la Pacha Mama.
De allí que es también reprochable, que lo sucedido derivase en una “cuestión de peso”, la que pone el acento en destacar que nuestro peso, en puridad ha dejado de ser prácticamente una moneda, ya que si tiene un valor, es como si no lo tuviera. Lo que resulta patente en este caso en el que, al no aceptarlo, se trataba de billetes de mil pesos, se desconoció su valor de cambio, como pago de un “trabajo” y se lo despejó de todo efecto cancelatorio, de obligaciones asumidas, o que se intenta asumir.
Nos encontramos aquí con una derivación de la información que muchos medios sociales han difundido como una “curiosidad”, cual es que en las provincias norteñas de nuestro país, suele suceder que los habitantes de zonas fronterizas ahorrar en pesos bolivianos, dado el hecho que habiendo permanecido inalterable su valor –medido en dólares- durante más de una década, se ha convertido en lo que los economistas consideran una “reserva de valor”.
Una circunstancia que muchos opositores a la actual administración “han tomado como un chiste”, viéndolos actuar de una manera insostenible por su inconsciencia, mientras desde el oficialismos a sus habituales voceros se los observa guardar un sepulcral silencio sobre el tema.
También ha servido lo acontecido, para buscar devaluar el ideal de una “Patria Grande”, el cual des-ideologizado -como ahora no se lo ve-, es un ideal de raíces bolivarianas –las auténticas, y no las de su versión chavista- de la que tanto se ha hablado, y se habla, como parte de un juego dialéctico en el que no entraremos. Dado al torpe tratamiento – de ser “torpeza” el adjetivo adecuado- tanto de Evo Morales en una visita a nuestro país coincidente con el caso del argentino muerto, privado de asistencia médica en Bolivia como del propio gobierno boliviano de esta cuestión.
Por otra parte, nos parece inadmisible la propuesta de un legislador nacional, la cual está impregnada de un perceptible tufillo de represalia- mediante el cual se privaría de atención médica a las personas de nacionalidad boliviana “no residentes” en nuestro país, en el caso no sean pagados este tipo de servicios. Un proyecto reprochable, ya que se pretende que recaiga sobre los habitantes de ambos lados de la frontera norte, una cuestión que debe ser resuelta en forma efectiva por sus gobiernos actuando de consuno, y que para hacerlo solo hace falta aplicar normas instrumentadas por tratados internacionales ya firmados entre ellos, según se afirma.
Al mismo tiempo, no puede dejar de advertirse que incidentes como este al que nos venimos refiriendo, solo pueden servir para que afloren tanto actitudes como comportamientos xenófobos, los cuales se encuentran en estado latente en no pocos de los “nacidos y criados” en nuestro territorio.
Es que esa eventual emergencia viene a chocar con una fortísima tradición de transformar a la nuestra en una “tierra de acogida” – un concepto más amplio que el de “tierra de asilo” que aquel incluye- y que se traduce en las palabras del preámbulo de nuestra Constitución Nacional que nos ampara y que a la vez lo hace con “todos los hombres de buena voluntad” que quieran habitar nuestro suelo.
