Pero el gobernador Gustavo Bordet no hizo referencia a esa clase de "limbo" cuando El Entre Ríos le preguntó de quién depende jurídicamente el Hotel Ayuí, quién tiene el poder concedente de sus instalaciones, enclavadas en el perilago de Salto Grande.
"Hay una situación realmente confusa", respondió el mandatario. Y agregó: "Hay una suerte de limbo jurídico entre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la provincia".
Si el Hotel Ayuí no fuera el epicentro de presuntos hechos de corrupción que están siendo investigados por la Justicia, lo del "limbo", que -según Bordet- habrían heredado tanto él como la actual conducción de la represa de Salto Grande, no pasaría de ser una mera desprolijidad legal a resolver por los letrados de las partes.
Pero lo que está en juego no es una inocente disputa entre vecinos por el uso de una medianera sino un "bien público", que cuesta millones, que ha sido entregado en explotación a privados y que, para colmo, hoy está abandonado a su suerte, con sus empleados sumidos en la peor de las incertidumbres y aguardando que alguien tome cartas en el asunto y devuelva al Ayuí a sus mejores tiempos.
En este contexto, el presunto limbo al que aludió el gobernador, de haber existido y aún persistir, viene a resultar algo así como una "zona jurídica liberada".
Tan grave es el asunto que, si de verdad no ha quedado claro en la documentación de quién ha dependido el Hotel en los últimos años, habría que pedirles la renuncia inmediata a los abogados que intervinieron, tanto de la Provincia como de la CTM, por manifiesta incompetencia, salvo que pudieran demostrar que nada han tenido que ver con semejante papelón jurídico.
¿Acaso es tan complejo documentar de manera fehaciente un comodato?
El Fiscal Aníbal Lafourcade lleva varios años investigando al Hotel Ayuí, en tanto escenario de presuntos negocios incompatibles entre funcionarios públicos, con bienes del Estado que les fueron confiados a particulares, la constitución de sociedades radicadas fuera de la provincia y empresas presuntamente fantasmas.
La causa llegó a tribunales luego de que el diario Redes de Noticias, a fin de noviembre de 2013, revelara que "a través de una empresa fantasma, Luis Mazurier, presidente de la CODESAL (Corporación para el Desarrollo del Lago de Salto Grande) se adjudicó a sí mismo el hotel Ayuí". El informe periodístico puso al descubierto que los servicios eran facturados por Alberto Jesús Villanueva, en su momento empleado de CODESAL, un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno.
Si en virtud de este "limbo jurídico" al que aludió Bordet, resulta que viene ahora a descubrirse que no habría estado "abrochado" legalmente el traspaso del Hotel a la provincia sino que tal vez nunca abandonó la órbita de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, habría un sinfín de interrogantes por responder:
- ¿Quién le concedió la explotación del Hotel Ayuí a Villanueva, el hombre de confianza de Luis Mazurier, en su momento empleado de la CODESAL, que lleva años facturando los servicios de alojamiento y gastronomía? ¿Acaso fue la CTM y, de ser así, Chagas y Cresto deberían dar explicaciones, porque sabido es que no hubo licitación pública alguna? ¿O Villanueva y Mazurier han sido intrusos que se metieron allí sin el permiso de nadie? ¿Dónde estaban el exgobernador Sergio Urribarri y el ministro Adán Bah mientras uno de sus funcionarios, con rango de ministro, "usurpaba" un hotel fuera de su jurisdicción?
- ¿Quién autorizó a BALACE SRL a continuar como empleador del personal del hotel, en cuyos haberes mensuales sigue figurando hasta hoy, siendo que la concesión que le otorgara CTM venció en Enero de 2012?
- ¿Quién asume, por ejemplo, el pasivo con la obra social de gastronómicos, a la que se le adeuda una suma millonaria en aportes? ¿Quién se hace cargo del visible abandono de las instalaciones del Hotel?
- Si fuese cierto que jurídicamente el Hotel Ayuí nunca dependió del Estado provincial, ¿cómo se explica que en el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 2 de Diciembre de 2013, la CODESAL publicara un extraño "llamado a interesados" que decía: "La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), en su carácter de autoridad de aplicación en las actividades de explotación turística y desarrollo del Perilago de Salto Grande, dentro de la Provincia de Entre Ríos, invita a los empresarios hoteleros, gastronómicos y dedicados al turismo, para que manifiesten su interés en la explotación integral del Hotel Ayuí, ubicado en el Perilago de Salto Grande...".
Se aguarda que de un momento a otro, sea justamente Rodríguez Signes quien emita un dictámen, se supone para despejar las dudas, aunque tal vez le sirva también para intentar poner a salvo su propia actuación en el caso.
Pero la palabra final la tendrá -vaya a saberse cuándo- la Justicia. El Fiscal Lafourcade investiga no ya sólo para desentrañar los negocios turbios de los concesionarios del hotel sino algo aún más primario: Quién o quiénes han permitido, por acción y omisión, que existiera presuntamente esta "zona liberada", a la que el actual gobernador ha denominado elegantemente "limbo jurídico".
Pero vale hacer una salvedad: La incertidumbre es sólo legal y no fáctica.
En los hechos, hasta los pavos que anidan en la playa de estacionamiento del hotel saben que la CODESAL, con Luis Mazurier como presidente, con la anuencia del ex gobernador Sergio Urribarri, han hecho y deshecho a su antojo en el Ayuí.
Y a esto lo sabe, antes que nadie, el personal del establecimiento.
"¿Quién pasa a retirar el dinero que se recauda en el hotel?", preguntó El Entre Ríos, apenas tres meses atrás a uno de los empleados. Su respuesta fue inmediata: "Luis Mazurier o Cyntia Mengeón, una colaboradora de él".
