Más novedoso aún resulta su culposo reconocimiento de que la política económica venezolana ha comenzado a virar hacia cierta forma de apertura. Cómo convivirá esa apertura con la reticencia a combinarla con formas de apertura política o con otros alineamientos internacionales está por verse.
Pero lo que arrancó es el cambio económico. Maduro enumera algunos puntos que parecen escritos a la medida de Argentina: eliminación de los controles de precio, liberalización del mercado cambiario, facilitación de las importaciones, reducción de los subsidios, incentivación a la actividad privada y autorización del dólar como moneda para el intercambio comercial. Como corolario, habla de la necesidad de reestructurar la deuda externa, en default desde 2017.
Debe ser complicado conciliar el discurso de la revolución socialista del siglo XXI con las nuevas medidas económicas. Eso transpira en la forma culposa en que Maduro las enumera. Reconoce su antipatía con las decisiones, pero afirma que son una reacción a las restricciones que le impusieron las sanciones económicas y el bloqueo al comercio internacional. Descarta que se traten de una liberalización, aunque admite que constituyen una válvula de escape útil para consumidores y empresarios, y que tuvo que “tragar grueso” y permitir que las fuerzas productivas se consoliden.
Hay, incluso, más cambio. Schatzker consulta a Maduro acerca de los rumores sobre privatizaciones, a lo que el líder contesta que tal cosa “no existe”. Sin embargo, también dice que se buscan “asociaciones” con empresas de capital extranjero, para lo cual se aprobó una “ley antibloqueo” que salvaguarde a quienes vayan a invertir en Venezuela. Maduro afirma tener interesados y que ya se están forjando alianzas. Más importante aún: reconoce que sin ese capital no se podrá levantar la economía.
La experiencia venezolana con la revolución socialista, desde el punto de vista económico, ha sido catastrófica. Es cierto que el bloqueo al comercio y a las cuentas internacionales del país aceleraron el ahogo, pero los problemas se venían forjando desde antes. A falta de estadísticas confiables, se estima que el PBI venezolano es apenas 13% del de 2011. Se estima que entre 5 y 7 millones de venezolanos emigraron: no fueron sólo los ricos expropiados. La inflación alcanzó durante 2019 y 2020 cifras comparables a las de la hiperinflación de la República de Weimar. El dólar, que en 2011 cotizaba a 10 bolívares en el mercado oficial y a un premio de 60% (similar al argentino actual) en el mercado paralelo, orilla ahora el millón de bolívares. La convergencia fue del oficial al paralelo, como siempre ocurre.
Viajemos ahora hacia el sur: cuesta entender muchas de las iniciativas económicas del ala mayoritaria del gobierno argentino. Controles de precios, control de cambios, restricciones a las importaciones y exportaciones, persecución al capital con subas permanentes de impuestos. Reglas económicas que no funcionaron en Venezuela, ni en Cuba, ni en los países del ex bloque soviético, aunque no hay dudas de que resultaron sumamente útiles para que la casta política dominante extendiera su período de permanencia en el poder. ¿Es ese, en definitiva, el objetivo egoísta de los líderes socialistas?
Parecería tirada de los pelos una hipótesis que imaginara que, en Venezuela, la persecución económica que provocó la emigración fue funcional a la política, pues esos 5 a 7 millones de emigrados fueron votos opositores que se perdieron. Pero, a la vez, no son pocos los que creen tan descabellada hipótesis.
A Maduro y al pueblo venezolano les llevó más de una década y 87% de caída del producto empezar a cambiar, e imaginar que quizás el camino vaya por otro lado. Las cifras hablan con claridad del grado de destrucción y empobrecimiento general, que quizás ya sea intolerable hasta para los más fanáticos.
En Argentina, las voces más sonoras pretenden llevarnos hacia el 2011 venezolano. ¿Cuánto dolor deberemos soportar antes de ver, como Maduro, que esa no es la solución?
