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A lo que se debe agregar críticas que provoca el manejo gubernamental en materia presupuestaria.

El gobierno nacional oficializó la creación del organismo federal de valuaciones de inmuebles, que determinará los procedimientos y metodologías para que las provincias avancen en un revalúo inmobiliario con el objetivo de elevar la recaudación local de impuestos. El objetivo es que “las valuaciones fiscales tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorialâ€. Se trata de una decisión adoptada por el gobierno nacional dentro del marco del acuerdo del Consenso Fiscal que firmó el gobierno nacional con los de la mayoría de las provincias.

Los de San Luis y La Pampa – que como es sabido- fueron suscriptos el 16 de noviembre de 2017.

Se trata de un organismo que depende del Ministerio del Interior, cuyo Comité Ejecutivo estará integrado por el titular de la Secretaría de provincias y municipios de ese ministerio, que será el presidente; y un representante de la Jefatura de Gabinete, que ejercerá la vicepresidencia, y cuya composición se completa con representantes del Ministerio de Hacienda; otro del Instituto Geográfico Nacional, de la AFIP.

Contará el organismo con un Consejo Asesor, de carácter consultivo y vinculante, integrado por un representante del Estado Nacional, designado por el ministerio del Interior y uno de cada uno de los catastros de las provincias. Además este último organismo contará una Comisión Técnica para que lo asista tanto a él como al Comité Ejecutivo.

Por otra parte esta Comisión Técnica – que es la que se supone que haga el verdadero trabajo- estará conformada por cuatro representantes del gobierno nacional –designados por laAgencia de Administración de Bienes del Estado;Tribunal de Tasaciones; y el Ministerio del Interior- a los que se suman un representante de cada uno de los catastros de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y de la Capital Federal, que tendrán carácter de miembros permanentes y otros cuatro representantes de las restantes provincias, las que a ese efecto se dividen en cuatro zonas, cada una de las cuales designa un representante en forma rotativa.

Confiamos no haya dado vuelta la página del ejemplar de nuestra publicación, o se haya simplemente dormido, al llegar hasta aquí confundido con este entrevero de consejos y comisiones, porque la verdad sea dicha se trata de una iniciativa importante, por más que huela a demasiado prolijamente estructurada –lo que hace sospechar que está mal compaginada a los efectos prácticos-, porque en realidad nos encontramos ante una decisión que bien implementada aparece como razonable, por más que despierta una señal de alerta, porque cualquier “revalúo†–algo que correctamente entendido no tiene necesariamente que significar un incremento en la valuación de un inmueble, y puede significar también por raro que parezca una disminución en su valor en cuyo caso se podría considerar un “devalúoâ€- nos lleva a pensar en que el gobierno trata de sacarnos una tajada más grande del bolsillo.

Y si indicamos que la medida aparece como razonable, es por cuanto una labor de este tipo,significa partir de criterios razonables, y seguir con la aplicación de reglas de determinación objetivamente correctas, que se traduzcan en valuaciones económicamente razonables, permitirá que salgamos del actual caos que reina en nuestro país en la materia, donde cada jurisdicción provincial se maneja muchas veces a su antojo.

Mientras tanto se debe estar atento a que la “valuación inmobiliaria†que lleve a equipararla, o al menos a aproximarla a los precios de mercado, lleva a la necesidad de advertir los peligros que conlleva, que son de una entidad tal que pueden llegar a ser una causa más potenciadora del conflicto social en el que estamos inmersos.

Es que no puede sino tenerse en cuenta que el avalúo de los inmuebles en la actualidad no necesariamente se acerca o se equipara en nuestro país a los valores de mercado.Y que como consecuencia de ello, estando como está el gobierno en conocimiento de esa circunstancia, el mismo procede en la actualidad a establecer las escalas y alícuotas utilizadas para efectuar la determinación de diversos tributos –tal el caso del impuesto inmobiliario o el de a los bienes personales, sin olvidar las tributos municipales que lo tienen como referencia- de una manera que vendría a resultar excesiva y hasta confiscatoria, en el caso que ese “revalúo en alza†no viniera acompañado de un segmento de inmuebles exento de tributos – es manifiestamente regresivo que se los pague en el caso de una persona de recursos escasos propietario de una única vivienda- y de una modificación en baja de alícuotas y escalas de manera que ese “sinceramiento†en los avalúos no signifique otra cosa que una oportunidad para “dar una vuelta más al torniqueteâ€.

Máxime cuando la presión impositiva en nuestro país alcanza desde hace tiempo niveles insoportables por contribuyentes que literalmente se “sienten exprimidosâ€. Y que a modificar la situación no han contribuido las últimas medidas adoptadas con el objeto de lograr el equilibrio presupuestario, donde el primer error cometido ha estado en que, en lugar de crearse nuevos impuestos o aumentar los existentes, se debió avanzar con más energía en la reducción del gasto público. A la vez que se debió haber aplicado un criterio diferente en lo que respecta a los recursos así menguados en el momento de pensar la manera de asignarlos al momento de gastarlos, ya que existen ámbitos del sector público en que “la poda†debería haber sido mucho mayor, de manera que los recursos que de esa manera pasaban a ser disponibles se los aplicase en los ámbitos de la salud, la educación y la obra pública.

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