El ministro Nicolás Dujovne presentó en Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto para 2018, que a partir de la semana entrante comenzará a ser tratado en distintas comisiones. Es improbable, de todas formas, que sea convertido en ley antes de las elecciones del 22 de octubre.
Los supuestos sobre los cuales se construyó el Presupuesto no distan demasiado del consenso de los economistas. Se prevé una tasa de crecimiento real del PBI de 3,5%, una inflación de 15,7%, un dólar promedio de $19,30 y un déficit fiscal de 3,2% del PBI, en línea con las metas del programa fiscal plurianual anunciado al comienzo del mandato de Macri.
Una novedad establecida en los Presupuestos es la veracidad de los supuestos. Crecimiento e inflación, los supuestos clave, son bastante creíbles.
Respecto de la inflación, la cuestión podría estar un poco más discutida, pero al final del día el asunto depende de la forma en que se lean las cifras. Hasta el mismo proyecto de ley es ambiguo: sugiere que en 2017 la inflación promedio será de 24,5%, pero en realidad la inflación punta a punta será de 21%, ya no tan lejos del 17% al que aspiraba la autoridad monetaria.
Si se anualizaran las cifras de los últimos meses, o las que espera el mercado para el último trimestre del año, la meta podría darse por prácticamente cumplida. Lo mismo ocurrirá, probablemente, en 2018. Si todo sale bien, hacia el último trimestre de 2018 la economía argentina debería estar funcionando con una inflación no muy lejana al 10% al que aspira el BCRA para todo el año.
Respecto del crecimiento, las proyecciones sugieren que por primera vez de 2010 el país podría crecer durante dos años seguidos. Que la tasa proyectada sea de 3,5% va en línea con lo que esperan muchos economistas, aunque representa un desafío si durante el año se encara un ajuste del gasto público.
La revisión de proyecciones para 2017 estima un crecimiento de 3%. Este dato no es del todo inocente, pues ese 3% representa el límite que evita gatillar el pago, en 2018, sobre el cupón ligado al PBI entregado a los acreedores que aceptaron el canje de deuda de 2005. Sólo una centésima más gatillaría el pago, que podría ser de casi 3.000 millones de dólares. Recién en abril de 2018, cuando se conozcan las cifras definitivas del PBI de 2017, se sabrá si se gatilló o no el pago. Entretanto, parece cómodo no poner el asunto en discusión en la discusión del Presupuesto.
El crecimiento ayudará a que en 2018 caiga la razón de déficit fiscal a PBI. Pero también ayudará un recorte del gasto primario en términos reales. Este recorte derivará, en gran medida, del proceso de rebaja de subsidios al consumo de energía y al transporte iniciado en 2017. De todas formas, la quita de subsidios será compensada por un aumento en términos reales del gasto social, con foco en jubilaciones y en la Asignación Universal por Hijo.
Enfocarse en cumplir las metas plurianuales de déficit fiscal e inflación es crucial para mantener la confianza de los mercados financieros, de los cuales todo el programa acaba dependiendo.
La elección por la gradualidad en la reducción del déficit fiscal genera la mayor fragilidad de todo el programa, pues expone al país a grandes necesidades de financiamiento, muchas de las cuales debe satisfacer atrayendo al ahorro externo. La voluntad de los inversores extranjeros por prestarle al país depende de muchísimos factores que quedan fuera del radio de acción del Gobierno.
De ahí que surja mucho fuego amigo de economistas ortodoxos que apuntan a esta vulnerabilidad y fustigan la gradualidad. Reclaman un recorte del gasto social, al que sólo le reconocen una utilidad política. Que sin dudas la tiene. Pero el gasto social no es sólo una cuestión aritmética. La racionalidad exenta de humanidad es impracticable: detrás del gasto social está nada menos que el 30% de argentinos que viven en la pobreza. Pedir que sean abandonados es una propuesta que no sólo carece de caridad, sino sobre todo de sentido común.
Supuestos de crecimiento y caída de la inflación, un dólar estable, la baja gradual del déficit por recortes de subsidios mientras crecen el gasto social y la obra pública, y grandes emisiones de deuda para financiar la gradualidad, hablan de un 2018 que no se sale de los parámetros a los que el Gobierno de Macri no ha comenzado a acostumbrar.
