Más de una vez, se escuchó a lo largo de los años de un proyecto, en apariencia razonable, pero en la práctica inaplicable, capaz de provocar un sacudimiento institucional de alcance verdaderamente revolucionario.
Se trataba de sustituir el actual “régimen federal” en que se hace presente un “estado federal” –al que mal o bien llamamos “nacional”, aunque nos queda la duda si en realidad no nos comportamos a los efectos prácticos como un régimen unitario- y un número que creció con el paso de las décadas de estados provinciales autónomos, por otro sistema de parecidas, aunque no idénticas características.
Ello vendría a significar el paso de una estructura federal fundamentada en muchos casos en provincias preexistentes al Estado-Nación - el resto del país estaba repartido en diversos “territorios nacionales”- que darían paso a otra organización, en la que los “ladrillos” del nuevo edificio institucional pasarían a ser las regiones.
Ello, a su vez, significaría que las actuales provincias desaparecerían –más allá de su permanencia en el plano afectivo- y pasarían en un todo, o divididas en partes, a formar partes de las nuevas regiones.
Entre las razones que abonaban ese proyecto- sin ser la única y ni siquiera la más importante- existía una de carácter financiero o, si quisiéramos llamarlo de una manera más comprensible, de naturaleza económica.
Es que en este aspecto se parte del presupuesto, que existen provincias que no están en condiciones de autofinanciarse con sus recursos propios, mientras que en el caso de las demás se asiste a una duplicación de organismos y por ende de funcionarios, que por lo onerosa viene a constituir un freno a la inversión productiva.
Es que menos provincias significa unificar en las regiones los poderes del estado que ahora pasarían a ser regionales, lo que llevaría a que hubiera un solo gobernador, donde ahora hay por lo menos dos; situación que igualmente se traduciría en una reducción similar en el caso de los otros dos poderes y de allí para abajo.
Independientemente del acierto de esa propuesta – no consideramos sea esta la oportunidad para pronunciarnos- nos enfrentaríamos ante una insuperable resistencia, no solo de la “inercia histórica”, sino de los intereses creados puestos en cuestión. Sobre todo la cuestión de la inercia histórica, ya que allí se habría puesto en juego la “identidad provinciana” de la que es casi imposible desprenderse.
Razonable y practicable es un propuesta reciente de un diputado provincial, se trata de Jorge Monge, quien viene a plasmar en forma consistente algunas ideas que alguna vez expusimos sin éxito, y que hemos visto repetidas, al menos en sus intenciones de lograr la conformación de “de la comunidad de la tierra” de la que esa manera mencionamos, de una manera seguramente no del todo correcta, y cuyo estado actual debemos reconocer ignoramos.
Monge en su proyecto de ley propone brindar el marco normativo para la asociación entre municipalidades y comunas de la provincia y la creación de mancomunidades entre éstas, así como la constitución de mancomunidades departamentales, reglamentando a tal efecto lo establecido en nuestra constitución provincial, ya que, al parecer por problemas personales con su reforma, se olvidaron de la implementación del resto.
Su postura es promover la asociación y la creación de mancomunidades entre las municipalidades y las comunas de Entre Ríos para mejor proveer a los intereses comunes, el aprovechamiento de las economías de escala y la gestión conjunta de ámbitos territoriales regionales o que de cualquier modo resulten complementarios.
De acuerdo a sus normas se prevé que el ingreso y el retiro a las asociaciones establecidas deberán ser aprobados por ordenanza, requiriéndose una mayoría de dos tercios de los miembros presentes del concejo deliberante o cuerpo deliberativo comunal y cada uno de los miembros preservará su individualidad.
En tanto, la mancomunidad prevista por la iniciativa será una persona jurídica pública, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones destinadas al cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Mientras que el gobierno de la mancomunidad departamental será ejercido por una comisión formada por todos los presidentes municipales y comunales que la integran.
Se agrega que sus funciones serán desempeñadas ad honorem, algo respecto a lo cual tenemos serias dudas, si se tiene en cuenta que ni siquiera los concejales, cuya labor es en la mayor parte de los casos menor que la de los voluntarios de asociaciones civiles de asistencia social, tienen en mira ante cualquier cosa y por lo general, el monto de sus dietas.
A su vez Monge contempla que en el caso de las mancomunidades departamentales –no así en el de las asociaciones simples entre las municipalidades-serán también miembros de la comisión el senador del departamento y los diputados provinciales que tengan en el mismo su domicilio electoral al momento de oficializarse la lista de candidatos. Los legisladores tendrán voz en las reuniones y facultad de presentar propuestas, pero no voto.
Algo que no surge del proyecto de ley de Monge, pero que es fundamental, es dejar bien en claro que la formación de esas asociaciones o la constitución de una mancomunidad, no tiene que significar para nada el incremento de las erogaciones previstas en los presupuestos de cada municipalidad, ya que precisamente con su conformación lo que se procura es mejora el rendimiento de los recursos de cada una de ellas, al mismo tiempo que reducen gastos.
Es por eso que el éxito efectivo de proyectos de este tipo, exige contar con planes que incluyan la propuesta de implementación de medios y la determinación de la manera que permita alcanzar el antedicho objetivo, ya que es sabido por innumerables ejemplos al respecto en la que convergen gestiones de lastimosos resultados, con la ausencia de un programa de proyectos estratégicos a largo plazo que por la magnitud de la inversión y el tiempo que insume su desarrollo, tienen necesariamente que superar el lapso no solo de una gestión, sino de varias de ellas. En la primera sientan las bases y ponen una primera placa, y en la última se termina el techo, mientras que los intermedios hacen la mayor parte del trabajo, sin contar con la seguridad de que su nombre figure en bronce alguno.
