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¿Efecto Pandemia o Efecto Caja?
¿Efecto Pandemia o Efecto Caja?
¿Efecto Pandemia o Efecto Caja?
El Poder Ejecutivo acaba de anunciar el envío a la Legislatura, de un proyecto de ley, el cual -según las propias expresiones oficiales- tiene como objeto el de “paliar la emergencia económica y financiera” que vive nuestra provincia, como consecuencia de la actual coyuntura sanitaria.

Propósito en relación al cual precisa las circunstancias que lo justifican, al indicar en los fundamentos de la iniciativa que “el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de Entre Ríos (…hace necesaria esa declaración…) con el propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos”.

La declaración de emergencia así propuesta, alcanza a los poderes del Estado provincial, así como a todos sus entes de ellos desprendidos, sean o no descentralizados o autárquicos, y a las municipalidades -no los “municipios”, como erróneamente se expresa en el texto del proyecto de ley, ya que el “municipio” no es sino el “territorio”, sobre el cual ejerce sus atribuciones y cumple sus funciones una municipalidad- adheridos al sistema previsional provincial.

Las medidas concretas que esa declaración incluye son: el incremento de los aportes jubilatorios progresivos para todos los funcionarios y empleados públicos provinciales, con una remuneración superior a los 75.000 pesos mensuales; una modificación en la forma de calcular la base impositiva en el caso del impuesto a los ingresos brutos a abonar por las entidades financieras, consecuencia de lo cual esa carga virtualmente se duplica; un fuerte incremento en la alícuota de ese mismo tributo a las distribuidoras de productos farmacéuticos; un incremento del 10% en el monto que pagan los propietarios de inmuebles rurales, cuando la sumatoria de sus respectivas superficies -en el caso que no se trate de una sola- sea mayor a las 1.000 hectáreas. A lo que se agrega, por último, el congelamiento de las remuneraciones del personal estatal durante el tiempo que dure la emergencia.

Al abordar la cuestión que significa estas innovaciones, cuya aplicación se señala como temporarias, no solo por así indicarse en la normativa que es su consecuencia, sino que esa es la característica que hace a que una situación se la considere como “una emergencia”, debemos comenzar por advertir que no es nuestro propósito el ocuparnos de la “letra chica” de la iniciativa, sin perjuicio de considerar la reforma tributaria y laboral que ella implica, como harto prudente, atento a la explicación que fuentes oficiales han dado respecto a sus alcances. De allí que nuestro abordaje estará referido de una manera global a la iniciativa en sí; es decir, tomándola como un todo.

Mirada las cosas de esta manera, nos atrevemos a considerar que, si el proyecto tiene un defecto, no es el de pecar por exceso, sino que precisamente por lo opuesto; ya que lo consideramos que no parte -al menos en apariencia- de una cabal comprensión de la naturaleza de la crisis por la que atraviesa nuestra provincia, y que se inscribe en el marco de otra de todavía mayor envergadura, cual es la de nuestra sociedad nacional toda.

Es por eso que queremos creer, que nuestros gobernantes locales están al tanto de ese real estado de cosas, y que su estrategia -no creemos que este sea, de ser así, el momento para pronunciarnos acerca del acierto del enfoque-, a la cual cabría calificar como de “gradualista”, solo da cuenta de un primer paso, para seguir avanzando en la ineludible reforma del Estado provincial a todos sus niveles. Algo que es lo mismo que decir, que con las disposiciones adoptadas no se alcanza a “llegar al hueso” de lo que significa “el Estado provincial como problema”.

Es que da la impresión al atender al proyecto, y repasar “los números” con el mismo vinculados, que éste está fundamentalmente focalizado en la búsqueda incompleta de una manera de hacer desaparecer ese verdadero “agujero negro” que representa para las finanzas públicas provinciales, el escandaloso déficit que genera el funcionamiento del actual régimen jubilatorio del personal estatal. Y que como consecuencia de ello, con más propiedad que hablar de una declaración de emergencia “solidaria, económica y financiera”, habría que hacerlo con referencia al sistema jubilatorio provincial.

Es que a ese respecto debe tenerse en cuenta el hecho que, a tenor de informaciones que tienen estado público, y describiendo la situación de las finanzas estatales de la provincia con trazos gruesos, cabría considerar que la causante de la emergencia es la situación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Ya que ella solo contaría con recursos propios para atender poco menos que la mitad de sus erogaciones -las que son, en forma abrumadora, las vinculadas con el pago de jubilaciones y pensiones-, de tal manera que la “otra casi mitad” tiene que ser financiada por el gobierno provincial endeudándose, o con lo pagado por la población provincial en concepto de tributos. Los cuales -estos últimos- son desviados hacia ese organismo, en una parte substancial, con ese objeto. Frente a lo cual, como hemos dejado dicho, no queremos agregar nada más, independientemente del hecho que es mucho lo que quedaría por decir.

Y complementando lo manifestado, y corroborando nuestra postura más arriba expuesta, se debe señalar que ese “agujero negro” no es consecuencia de la crisis sanitaria, dado el hecho que se viene arrastrando por décadas. Dado lo cual, viene a significar que la peste, al menguar los recursos públicos con que habitualmente contaba el gobierno como consecuencia de la caída de la recaudación tributaria, ha venido a desnudar ese “problema de desfinanciamiento” que viene desde lejos. O sea, que la peste ha venido a acabar con una de las tantas “bicicletas” que, tanto el Estado como los particulares, estaban habituados a utilizar. Y al respecto, bastaría con preguntarle al grupo Vicentin, acerca del porqué de la situación que está atravesando. La que resulta explicable de la misma manera, con la única diferencia que, según se afirma -y es algo que, por nuestra parte, no estamos del todo seguros-, “un Estado no puede quebrar”.

Pero una profunda reforma del Estado provincial, hacia la que no solo es inevitable sino saludable decidirse a enfrentar, no solo debe ser consecuencia de una “reforma tributaria permanente” -lejos de las coyunturales que ahora se está por dictar- sino que exige de otra mucho más radical, en lo que respecta a la hora y manera de aplicar los recursos públicos.

Es que de lo que se trata, no es tan solo de lograr eliminar el gasto dispendioso o improductivo en la medida de lo posible y de lo imposible también, alejándolo de las escandalosas dimensiones que tiene en la actualidad; sino también que nuestro gobierno disponga de los recursos financieros necesarios para que sus inversiones en obras y servicios públicos, ejecutadas ambas cosas -obras y servicios- de una forma que por su eficacia se aproximen lo más posible a lo óptimo, brinden la plataforma de lanzamiento indispensable para que los entrerrianos podamos dar el necesario “gran salto” hacia adelante.

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