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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, inauguró el año judicial en el Patio de Honor del palacio de la calle Talcahuano. Se trató de un mensaje de esos que marcan huellas, ya que de una manera en apariencia elíptica y que se cuidaba no ir más allá del límite que imponen las buenas maneras, vino a hacer una descripción de lo que debe ser la Justicia como Poder, no solo en la jurisdicción federal sino también en todas las provincias.

Lo que debería ser y que no es, salvo destacables por lo merecidas excepciones, de aquéllos a los que no les cabe el sayo que de esa manera aplicaba. El magistrado vino de esa manera a esbozar, cuál debe ser el papel a cumplir por el Poder Judicial en una democracia republicana –repitió varias veces esa expresión en su discurso- o cómo debe recalcarse en una “democracia republicana viva”; o sea en aceitado funcionamiento, y no solo una mera hoja de papel.

Algo que nos falta todavía mucho para poder lograrlo, si se advierte el andar bamboleante en esa dirección, en la que por momentos da la impresión que son más los retrocesos que los avances.

Fue así como comenzó por advertir que la verdadera legitimidad el Poder Judicial no la obtiene por su origen, es decir por haber sido designados sus integrantes de acuerdo a las normas vigentes en la materia, sino que ello es consecuencia de la correcta y ajustada a derecho de su forma de conducirse. Porque de no ser así, la justicia entra en crisis de legitimidad, como consecuencia de la pérdida de confianza de la población en el acierto de sus decisiones.

Dicho con sus propias palabras es por eso que advirtió que "la legitimidad del Poder Judicial es esencial", y admitió implícitamente que esa legitimad está en peligro. Lo que explicitó agregando que “toda crisis de legitimidad es en gran parte una crisis de confianza. Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial. Hay dudas de que nos comportamos como verdaderos jueces de una democracia republicana. La solución requiere entonces que revirtamos esta percepción y, para ello, los jueces debemos mostrar, todos y todos los días, que sí somos verdaderos jueces de una democracia republicana.”

Para pasar a señalar, a renglón seguido las causas de esa desconfianza creciente en la ciudadanía; la que “ha nacido, en parte, porque se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho”. De allí, agregó, que “los jueces debemos mostrar que somos refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea el interés de realizar el imperio del derecho. Suena crudo pero es así”.

Una confianza que solo podrá recuperarse cuando las decisiones judiciales se vuelvan previsibles, todo ello en el sentido que “debe verse en los fallos una línea de coherencia, sustentada a la vez en una fundamentación clara y razonada, ajustada a una interpretación correcta del derecho aplicable.”

A la vez se debe hacer patente que “los jueces entienden que pertenecer al Poder Judicial no es un privilegio, sino que por el contrario, nos impone deberes y responsabilidades” Agregando que “para servir a nuestra comunidad como jueces, no debemos buscar el poder, ya que la percepción de que somos poderosos (por contraposición a la de ser justos y rectos) no ennoblece sino que mancilla nuestra investidura”. Hubiera sido provechosa en el acto la presencia de algunos de los jueces federales de Comodoro Py, que no estuvieron presentes en el convite.

Volvió a insistir en que esa coherencia, base de la previsibilidad de las sentencias es “algo que a todos debe importarnos, aunque ello signifique pagar un precio alto, pues debemos estar dispuestos a vivir con la falta de popularidad que algunas de nuestras decisiones pueden generar”. Es por eso, añadió, que “sabemos que no todo lo que la Constitución o las leyes establecen es popular o cae bien".

Y volviendo una vez más sobre “la cuestión fundamental de la coherencia en los fallos” señaló que para mostrarla todo el tiempo en todas nuestras decisiones, es crucial que expongamos siempre con claridad todas las razones por las que decidimos como lo hacemos. Lo que importa -y lo que debe importar- no es meramente el resultado de la decisión, esto es, quién gana y quién pierde, si gana el gobierno o la oposición, si gana la izquierda o la derecha, si gana el actor o el demandado. Lo que importa es que el resultado de un pleito venga determinado por las razones jurídicas que lo justifican".

No se debe tampoco olvidar, agregó, que "nuestras decisiones deben estar estructuradas por principios. Significa también que estamos comprometidos, en casos futuros, a aplicar esos mismos principios aunque el resultado sea impopular o antipático."

Algo que no deben olvidar los jueces, puntualizó a continuación, es que la magistratura es un trabajo del que dependen la libertad y el patrimonio de nuestros conciudadanos y, por esa razón, debe estar sujeta a reglas de evaluación claras. Nuestro comportamiento, tanto jurisdiccional como administrativo, debe poder evaluarse públicamente mediante estándares objetivos. El poder judicial no ha avanzado lo suficiente en ese sentido"
A renglón seguido se ocupó de tres medidas que la Corte implementó para mejorar el servicio de justicia a su cargo.

La primera de ella es la digitalización de los trámites de los expedientes, que a su vez permitió la creación de una gigantesca base de datos, con "información empírica objetiva que, correctamente analizada, permite que seamos evaluados". Esa tarea ya comenzó a realizarse en forma experimental la semana pasada, a través de un software que permite examinar el flujo de causas, el tiempo que demora su tramitación, el promedio de causas sentenciadas y discrimina las razones que la Corte emplea para resolver.

Ello, a su vez permite establecer la productividad, en términos cuantitativos, y en base a información empírica, hacer comparaciones con los parámetros que deseemos (año a año, mes a mes, por temas)”. Y algo que es muy importante, ya que de otro modo esta innovación quedaría renga: que “convenientemente desarrollada, esta estrategia puede expandirse a todo el Poder Judicial de la Nación".

A continuación, y en segundo lugar, hizo referencia a la creación de una agenda de causas trascendentes, inaugurada a fines del año pasado –que "otorga previsibilidad". Y a esas dos medidas agregó una tercera, cuando indicó se está trabajando en un proyecto de reglamento de compras y contrataciones, que "permitirá que el manejo del dinero público se pueda evaluar fácilmente en base a reglas objetivas también dictadas de antemano."

Es importante a la vez destacar que su visión está completamente alejada de formular un proyecto que se pudiera calificar como “épico”, algo que es común ver en las personas integrantes de nuestra dirigencia, que de costumbre hablan mucho, dicen en realidad poco y terminan, en el mejor de los casos, no haciendo nada.

Es que como lo destaca un analista político, aunque profundos, los cambios que propone el titular de la Corte para mejorar la imagen de la justicia no son "dramáticos" ni “revolucionarios", sino "incrementales". En sus palabras, se trata de "trabajar un poco mejor cada día".

"Las mejoras incrementales nos ponen al margen de la necesidad de grandes líderes, a los que en la Argentina somos tan adeptos, y van en la línea de la convicción de que lo que hace falta, más bien, es el trabajoso empeño puesto en los cambios modestos y graduales."

Se trata en todos los casos de definiciones de fondo, que ignoramos hasta qué punto son compartidas por todos los jueces, algo que es una pieza fundamental de la recuperación de la confianza en el Poder Judicial, porque ellos innegablemente son una parte del problema, y su solución exige de ellos una verdadera conversión.

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