Para los registros estadísticos, la suba 47,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ostentará el poco gratificante récord de haber sido el año con mayor inflación desde 1991, el año en que inició el régimen de Convertibilidad que acabó con el larguísimo período hiperinflacionario que se había iniciado en 1973.
La suba del IPC en 2018 prácticamente duplica la registrada en 2017 y, en el trienio 2016-2018, la inflación acumulada trepó a 153%. Bajo estándares internacionales, Argentina ha vuelto a ser una economía hiperinflacionaria. Deberán pasar al menos tres años, hasta que se borre la cifra de este año, para salir de tal condición. Por lo pronto, para 2019 el consenso de economistas consultados por el Banco Central anticipa una inflación cercana a 29%.
Los efectos colaterales de vivir en hiperinflación son visibles por doquier. Desde aquellos que, con apariencia de estadística, como los índices de salario o de pobreza, muestran el real deterioro de las condiciones de vida que trae aparejado la inflación, hasta sus manifestaciones en la vida cotidiana. Vivir en una economía con baja inflación tiene beneficios que exceden, con mucho, las cuestiones estadísticas; en ella, la gente vive mejor. Eso hace difícil entender por qué hace 10 años que no se la combate a fondo.
Bajo estándares internacionales, Argentina ha vuelto a ser una economía hiperinflacionaria
Hace un tiempo, un reconocido economista sugería que el Gobierno no quiere, o quizás no puede, bajar la inflación de golpe, pues eso le generaría un impacto fiscal que no podría remontar en el corto plazo. El impuesto inflacionario es, sin dudas, una fuente de ingresos importante para el fisco, y es esencial para mantenerse dentro de los lineamientos del acuerdo con el FMI. Pero también es, y fue sobre todo durante los años previos a la asunción de Macri, una herramienta para imponer disciplina política, a partir de su subestimación en los sucesivos Presupuestos anuales, lo que permitía luego disponer de los mayores ingresos nominales generados de manera discrecional.
El otro beneficio político indirecto de la inflación es que mitiga la percepción de la crisis: crea la ilusión de que la rueda gira a pesar de la restricción, pues las ventas crecen aunque los volúmenes caigan y los salarios suben aunque pierdan contra la inflación.
A estos beneficios cortoplacistas, ilusorios, se le contraponen muchos efectos negativos en la vida cotidiana. Quizás el más evidente sea la ignorancia respecto del precio de los bienes. El precio de hoy no es referencia para el precio de mañana; peor aún, ni siquiera es referencia para el precio actual, pues otro de los efectos nefastos de la alta inflación es la disparidad que, entre distintos comercios cercanos, se puede encontrar en los precios del mismo producto.
Y así como desorienta a los consumidores, la inflación también retrae a los inversores. La incapacidad de predecir qué ocurrirá con los precios es un factor crucial a la hora de tomar una decisión de inversión. No en vano, casi toda la inversión en activos fijos de los últimos dos años estuvo enfocada en sectores que contaron con contratos fijos denominados en dólares, moneda en la cual la inflación no es un problema.
Hasta que no desaparezca la inflación, no se recuperarán de manera consistente ni el consumo ni la inversión.
Cortar con la inflación de cuajo requiere de mayor voluntad política que la que exhibe la gradualidad
Cortar con la inflación de cuajo requiere de mayor voluntad política que la que exhibe la gradualidad. La inflación tiene un componente inercial que no se puede cortar de a poco. Con inflación hay fuertes ajustes de las tarifas indexadas de los servicios públicos regulados, negociaciones salariales exaltadas, huelgas y protestas hasta alcanzar un acuerdo que usualmente se demora, y un enorme desgaste en términos de tiempo y productividad.
Los años ’90 no están de moda, y toda referencia a ellos parece anatema. Con todo, más allá de los muchos males que se les puedan achacar, fueron el único período sostenido de baja inflación en los últimos 75 años.
La inflación de diciembre fue de 2,6% y la del último bimestre de 2018 de casi 6%, a pesar de la recesión, el dólar estable, las bajas en el precio de la nafta, la política monetaria híper restrictiva y la baja del salario real. ¿Por qué los precios siguieron subiendo tanto? El esfuerzo político, que parece enorme, quizás no haya alcanzado.
No es, ciertamente, el resultado que cabe esperar de un país normal. Quizás la normalidad ya no sea un objetivo central.
