En la semana el Tesoro cumplió con la devolución y logró avanzar con eso de no necesitar fondeo del Banco Central, pues logró que los acreedores acepten canjear títulos que vencían durante los próximos tres meses por nuevos títulos que vencerán dentro de un año. Al despejar más del 85% de esos vencimientos, redujo el riesgo de que los acreedores prefirieran cobrar en lugar de volver a prestarle al Tesoro. Tres meses no es tanto, pero, para una Argentina que cuenta las monedas día a día, se parece a una eternidad.
El perfil de vencimientos de la deuda era una de las incógnitas por despejar para evitar incumplir con la promesa de que el Banco Central ya no financiaría al Tesoro. La otra incógnita es la referida al déficit fiscal, a fin de evitar que el Tesoro necesite más financiamiento del que el mercado está dispuesto a darle.
Reducir el déficit, para evitar que tenga que haber financiamiento monetario del déficit, es un paso vital para evitar que sobren los pesos en la calle y así reducir la demanda de dólares. Las metas de déficit y de financiamiento monetario acordadas con el FMI parecen ahora más asequibles y, dentro de límites tolerables, relativamente negociables con el Fondo.
La meta de acumulación de reservas netas, por el contrario, parece menos asequible y menos pasible de manipulación contable, pues fija un número concreto respecto de cuántos dólares tiene que tener el Banco Central.
Todo tiene que ver con todo, por supuesto. Si no hubiera déficit, no habría necesidad de emitir deuda o moneda, no estaría estresada la curva de la deuda soberana, y no sobrarían los pesos que buscan un refugio que no encuentran en la tasa de interés, porque sólo la ofrece un emisor de dudosa calidad crediticia (el Tesoro). Si no sobraran los pesos, no habría demanda de cobertura en el dólar paralelo, ni habría inflación. Sin inflación, no tendrían que reprimirse las tarifas, a costa de un mayor déficit fiscal, ni debería haber un control de cambios y una depreciación administrada del peso, a costa de no acumular reservas. Sin déficit fiscal, el círculo vicioso se cortaría.
En fin, estamos encerrados en una circularidad de malas medidas, tomadas para evitar los malos resultados que las propias malas medidas acaban por multiplicar. El Banco Central ha perdido más de US$1.000 millones de sus escasas reservas sólo en agosto.
En su discurso de asunción, el ministro Massa mencionó las maniobras espurias con que algunos negocios se hacen de dólares gracias a turbias triangulaciones, jugadas judiciales amañadas y la supuesta complicidad de funcionarios del Banco Central y la Aduana. Maniobras que no existirían si solo hubiera un tipo de cambio.
La gran diferencia entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelos constituye una distorsión que, inevitablemente, atrae la codicia de los agentes económicos y la fruición de los funcionarios que cuentan con la capacidad de aprobar la compra de dólares. Quienes venden sus productos en el exterior no quieren desprenderse de la mercadería a un precio menor al que consideran justo. Quienes compran, buscan adelantar compras para aprovechar el tipo de cambio barato. Tras ese interés genuino subyacen las maniobras de subfacturación y sobrefacturación a las que se refería Massa.
El mercado descuenta que una devaluación es inevitable, y que no basta con voluntad política para evitarla. La debacle de la balanza comercial, la pérdida de reservas, la cotización de los futuros de dólar y el precio del dólar paralelo son manifestaciones insoslayables de la tensión cambiaria.
Con tales expectativas, las acciones de los funcionarios que aprueban o rechazan las ventas de dólares, o que controlan la entrada y salida de mercaderías, se tornan muy valiosas. Como un avezado economista nos decía: “la potestad de un funcionario para vender dólares a $134 se ha vuelto una virtud muy interesante”. Además de interesante, puede resultar muy lucrativa.
Menuda tarea le espera al ministro Massa si quiere estabilizar las variables monetarias y cambiarias. Depende, para lograrlo, de domar el gasto público. No resulta evidente que, para ello, cuente con el aval político que le permita utilizar las herramientas adecuadas.
