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Dos caras de un fenómeno al que no podemos resignarnos si de verdad queremos recuperar la dignidad y la vergüenza que los entrerrianos parecemos haber perdido

En los últimos días, los diarios se ocuparon de acontecimientos que como entrerrianos, nos llenan de lastimada vergüenza.

Es así como los diarios del último sábado se encargaron de anunciar con grandes titulares y varias líneas destacadas que nuestro exgobernador y actual presidente de la Cámara Diputados de Entre Ríos enfrentará su primer juicio oral y público, de acuerdo la decisión de un juez paranaense. Mientras en la prensa de ayer se informa que el actual Intendente de Paraná, Sergio Varisco, será juzgado desde este jueves en un proceso con dos causas, por el que están detenidos un concejal y otros funcionarios del gobierno municipal de la capital de Entre Ríos.

Según esa fuentes, la de Sergio Urribarri se trata de una mega causa así se la denomina, independientemente del daño patrimonial que puede ser la consecuencia del comportamiento presuntamente delictivo, por la cantidad de hechos de distinto tipo que sirven de sustento a la acusación fiscal y que ha llevado a que se unifiquen tres expedientes diferentes en uno solo. En el que se investigan, simultáneamente el supuesto desvío de $47 millones de fondos públicos para financiar la fallida campaña presidencial, que en su momento se dio en llamar el “sueño entrerriano”, cuando con más propiedad debió haberse llamado “los delirios de un entrerriano”.

A la vez que, según esas fuentes, se le atribuye el uso de fondos públicos para la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales y provinciales, en junio de 2014, en la que se criticaba a los fondos buitres, con el título “Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina”, publicación por la que se pagaron $4.308.500,23.

También una imputación por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de $28,4 millones, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de ese año.

A lo que agrega, una tercera investigación, que apunta a la instalación del parador playero en la zona del complejo La Perla en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron $14.561.870, en los que estaban incluidos el traslado y replantado de palmeras yatay, obtenidas en la zona de nuestro Parque Nacional –lo que no significa que se lo hubiera hecho dentro de sus límites- e ignoramos si el jugo de cítricos que se distribuía, según dicen, entre los que concurrían a la playa, era un regalo de las empresas del ramo, o había sido adquirido de ellas.

Por su parte Varisco fue imputado porque presuntamente hizo “un acuerdo en septiembre de 2017” con Daniel “Tavi” Celis, acusado de ser el líder de la banda. Según la acusación, Varisco “se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar el comercio de estupefacientes”. O sea que para el juez federal que instruyó esa casusa, “comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada” y que “la banda” de la que “el Tebi” sería el jefe y Varisco uno de sus integrantes, se encargaba de la “financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra” de esa droga en Paraná, en Concordia, y en la Capital Federal.

Debe decirse que omitimos en ambos casos la referencia a otras personas involucradas con distinto grado de participación en los hechos referidos – aunque entre ellas existen nombres notorios en algunos casos de funcionarios- por ser esa circunstancia ajena a nuestro objeto. Algo que no impide, sin embargo, que debamos pasar a ocuparnos ahora de las estrategias defensivas que han sido anticipadas que, en cada caso, aplicarán las defensas.

Es así como en el caso del primero de los Sergios, ella se basará no en su negativa, sino en que los hechos imputados, los que se tendrían por reconocidos, se los consideraría incluidos en la categoría de los actos gubernamentales “no justiciables”, dada la circunstancia se encontraría entre aquéllos que implican el ejercicio de potestades gubernamentales.

Una interpretación que pone de manifiesto la fértil imaginación de que dan cuenta “los cristinistas”, ya que no hay que olvidar que para Alberto Fernández, por ejemplo, Nicolás Maduro es un “demócrata” y no un “dictador” por haber resultado ungido por el pueblo en elecciones cuando menos discutidas; así como los funcionarios del último gobierno de su sector, en prisión o procesados, no han cometido actos que los conviertan en ladrones, sino que solo han caído en “desvíos éticos”, los que en una sociedad ordenada como Dios manda, tienen la misma o mayor entidad que los delitos.

De donde se daría el caso, que de ser las acciones imputadas a Urribarri “actos de gobierno no justiciables”, de cualquier manera desde el enfoque del “desvío ético”, y no del “desvío de fondos públicos” cabría que se hiciera presente la condena social.

Aunque de cualquier manera aparece como una verdadera proeza retórica, llegar a sostener con éxito que “los sobreprecios” que se habrían pagado en los contratos vinculados con la Cumbre del Mercosur en Paraná son actos de gobierno y no actos administrativos; o que tiene el mismo carácter la instalación “por una única vez” de un balneario en Mar del Plata en forma coincidente con el comienzo del proceso de selección de las precandidaturas presidenciales. Nada decimos de las solicitadas, en la que el gobierno provincial gastó lo que en el lenguaje coloquial se tenía por un “fangote de guita”, dado que nunca llegamos a enterarnos de su contenido.

En tanto, para Varisco la causa en la que se lo comenzará a juzgar, imputado porque presuntamente hizo “un acuerdo en septiembre de 2017” con Daniel “Tavi” Celis, acusado de ser el líder de la banda. Según la acusación, Varisco “se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar el comercio de estupefacientes”.

La investigación se inició el 28 de mayo de 2017 cuando la Policía Federal Argentina sorprendió a la banda mientras descargaba más de 317 kilos de marihuana de una avioneta en la localidad de Colonia Avellaneda, cerca de Paraná.

Para el juez federal de Paraná, Celis y Varisco, “comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada”. La banda se encargaba de la “financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra” de esa droga en Paraná y en Concordia, y en la Capital Federal.

De cualquier manera, en el caso de ambas imputaciones lleguen a ser ciertas, y no concluyan en el caso con amañes inadmisibles, las palabras de Varisco en el sentido de que “la verdad será descubierta y muchos tendrán que pedir perdón”, nos incluye…a medias. Ya que del “desvío ético” no se puede lavar, y solo arrepentir.

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