Los sectores más afectados por las restricciones de movilidad que se impusieron en 2020 son, lógicamente, los que lideran la recuperación en 2021. Cuesta entender cómo algunos comentaristas sugieren que la recuperación “no se siente”: no debe pensar igual un hotelero, el dueño de un restaurante o de un transporte de pasajeros de larga distancia. Para ellos, la recuperación es muy real.
La curiosidad no está en el número de crecimiento, sino que, aún con ese crecimiento y el impulso al consumo que se dio antes de las elecciones, como muestran las cifras difundidas, la cosecha electoral haya sido magra. Volver a los niveles de actividad de 2019 no es poco; pero 2019 fue un año flojito. No es 2021 lo que no funciona, sino el estancamiento secular, que por secular es un obstáculo para que el rebote coyuntural produzca un cambio en el humor general.
¿Qué deparará 2022? Sabemos que no será lo que dice el proyecto de Ley de Presupuesto que en estos días se discute en el Congreso de la Nación. Ese proyecto estima que en 2022 la economía crecerá 4%, la inflación será de 33%, el tipo de cambio a fin de año será $131,10 por dólar y el déficit fiscal primario será de 3,3%, casi el mismo que en 2021. El problema con este proyecto es que nadie cree en la mayoría de sus supuestos. Es probable que ni siquiera el propio Martín Guzmán crea en los supuestos que usó para diseñarlo. Sería muy preocupante si los creyera.
El truco es siempre el mismo. Subestimar la inflación por casi 20 puntos porcentuales significa que la recaudación nominal de impuestos será algo parecido a esos casi 20 puntos porcentuales mayor a la presupuestada. El Ejecutivo Nacional dispone de ese exceso de recaudación para distribuirlo de manera discrecional.
El viernes, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto. Parece difícil que ocurra lo mismo en el Senado. Los gobernadores parecen disfrutar de esa discrecionalidad caprichosa del Ejecutivo Nacional, que año a año suscriben en esa Cámara. Este año, el rechazo de una Cámara y el apoyo de la otra podrían generar un punto muerto que se solucionaría extendiendo a 2022 el último Presupuesto aprobado, el de 2021. Sería muy útil para el Ejecutivo. Apoyar algo imposible no está bien, pero no apoyarlo podría ser peor: el Presupuesto es una trampa mortal.
Quizás la prueba máxima de la ficción presupuestaria esté contenida en la página 4 de la presentación que armó el Ministerio de Economía. Allí, a la pregunta “¿En dónde estamos?”, le corresponde como respuesta una “Visión del desarrollo económico” cuyos objetivos son la inclusión, el dinamismo productivo, la estabilidad macroeconómica, el federalismo y la soberanía.
El 43% de pobres, el estancamiento económico secular, la inflación y la huida del peso hacia todo tipo de dólares, el sometimiento de la Nación a las provincias que consagra la misma ley a que se hace referencia, y la inevitable necesidad de acordar con el FMI para evitar un desenlace horrible: ahí estamos. Parece claro que más de lo mismo no logrará satisfacer los objetivos.
El proyecto de Ley de Presupuesto no parece diseñado para que los resultados económicos cambien. Es probable que el crecimiento del PBI, que ni a un ritmo de 11,9% anual alcanzó para ganar una elección, pierda fuerza antes de lo proyectado; culpa de ese maldito estancamiento secular.
Sería deseable que la Ley de Presupuesto sea lo que debe ser: una proyección razonable de recursos y gastos. Pero eso supondría que el Ejecutivo acepte no contar con esos recursos discrecionales. Que los gobernadores piensen en sus provincias más que en sus sillas. Y que la oposición apoye el proyecto si es sensato. Imaginar tales actos nos trae a la memoria a Alicia, cuando en el País de las Maravillas dijo: “No se puede creer en cosas imposibles.”
