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Aquella triste historia se inició en 1936. Dos hermanas querían vender 220 hectáreas en el partido de General Sarmiento, cercano a Buenos Aires. Las tierras eran inundables, pero eran aledañas a Campo de Mayo, por lo que poseían el valor que les prometía una expansión de las instalaciones militares.

Las propietarias pedían $1/m2, pero la tasación por parte de la Dirección General de Ingenieros fue de $0,20/m2, diferencia tan grande que la oferta fue retirada (en términos más sencillos: $10.000/hectárea versus $2.000).

Entonces comenzaron a tallar dos “operadores" o intermediarios: ofrecieron a las vendedoras $0,65/m2 y llevaron la propuesta de reventa a la Cámara de Diputados de la Nación por $1,10 el m2. La diferencia sería para los intermediarios y un conjunto de funcionarios y diputados que facilitaran la compra. La misma se incluyó en el presupuesto del año 1938 a un valor de $11.000 la hectárea.

Las vendedoras obtuvieron $1.440.000 y los operadores o intermediarios que eran dos, $1.000.000. Todos o casi todos felices. Pero hubo que pagar sobornos: al presidente de la Cámara de Diputados, al secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a un general de Ejército y a tres diputados nacionales.

En febrero de 1938 asumió la Presidencia de la Nación el Dr. Roberto Ortiz. En marzo de ese año intervino al gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, el Dr. Manuel Fresco, había sido elegido con maniobras fraudulentas. Como revancha, Fresco le hace llegar a un diputado nacional por Tucumán la trama del negociado, quien a su vez hace pública su denuncia como “algo que no puede menos que calificarse de horroroso".

Gran escándalo: el presidente Ortiz presenta su renuncia, la cual es rechazada en Diputados y muere poco después. Se forma una comisión investigadora y en 1945 los legisladores que fueron parte de la maniobra fraudulenta fueron condenados a 5 ó 6 años de prisión. Ellos ya estaban prófugos en el Uruguay pero fueron agraciados con una amnistía por el presidente Perón en 1947.

(Alguna vez alguien escribirá una historia de los indultos pasados, y por qué no, los porvenir).

Esta es la historia que se conoce como el negociado de El Palomar, ya que esas hectáreas pasaron a propiedad estatal para agrandar el Colegio Militar de El Palomar y otras dependencias militares.

Pero en medio de todo este asco hubo una tragedia. Uno de los diputados sancionados, antipersonalista, por la provincia de Mendoza, se suicidó en su estudio. Había recibido $12.000 de coima, su familia vivía un par de departamentos bajo su estudio. No toleró la vergüenza.

Creo conveniente destacar esta miseria del pasado, pues nos muestra actitudes que son hoy insólitas: un Presidente de la Nación que presenta su renuncia por mal manejo de fondos durante su administración, y un diputado nacional que no pudo tolerar la vergüenza y sacrificó su vida.

Todo esto tan alejado de nuestra realidad actual, cuando una expresidenta, con toda impudicia, se refugia en fueros y pretende nueva dignidades.

Cualquier persona con honor, ante tamañas acusaciones, se despojaría de fueros y pediría una investigación a fondo que muestre lo limpio de su nombre, de su accionar, de su honor en suma. Lo demandaría ella misma, más allá de lo que debieran hacer los organismos supuestamente dedicados a controlar la conducta de los gobernantes.

El mundo mira asombrado esta caricatura de república. ¿Es que hay república sin justicia? Y ¿"dónde está la dignidad si no hay honestidad?" (Cicerón). Y ¿dónde está la indignación necesaria? Pues no la hay o está muy cansada.
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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