Sin embargo una seccional departamental de AGMER -la de Concepción del Uruguay, aunque es de suponer que reacción similar se ha producido en las demás seccionales de la provincia- ha hecho conocer sus reparos al nuevo sistema de control de licencias docentes a AGMER, el que recién comenzó a aplicarse y ya piden suspenderlo.
Mientras tanto –y es lo que sigue una digresión- no se ha visto que existiera reclamo alguno respecto a la falta de previsión de las autoridades educativas, las que no tomaron en su momento las medidas adecuadas con el objeto que en la mañana de ayer lunes se dictaran clases en los establecimientos educativos que fueron habilitados el domingo, para que en ellos se pudiera llevar a cabo el indicado acto eleccionario.
En la declaración aludida, en la que se plasma el reclamo, se puede tener noticia además de una serie de casos concretos que sirven para ilustrarlo. Es así como se señala que “tanto el gobernador Bordet como la presidenta del CGE, Marta Irazabal de Landó, han puesto este nuevo mecanismo de amedrentamiento, persecución y de sanción a todos los compañeros que se encuentran enfermos o que tienen que cuidar un familiar que se encuentra en esta situación, en una política claramente anti obrera, y que nos retrotrae a la peor época del neoliberalismo”.
Es aquí donde interrumpimos la transcripción para destacar que se lo está señalando a nuestro gobernador como simpatizante del neoliberalismo, utilizada la palabra como un cliché que, al parecer, huele a azufre.
Siguiendo con la transcripción de la declaración, nos encontramos que en ella se afirma que nuestro gobernador y sus supuestos “secuaces” –porque a tenor del contenido de su texto no cabría calificarlos de otra manera-, “están tratando de implementar un mecanismo que en estas dos semanas ha traído graves inconvenientes a los compañeros docentes, que se encuentran en situaciones delicadas de salud de ellos, o de sus familiares.”
Se pasa a renglón seguido a ilustrar como decíamos, con ejemplos concretos la existencia de ese ensañamiento al señalarse que “en estos días, los docentes del departamento Uruguay han padecido todo tipo de injusticias y arbitrariedades que los han perjudicado enormemente y que nadie les da ninguna respuesta.
"Desde Seccional Uruguay advertimos a las autoridades de las irregularidades y el perjuicio que se está haciendo con los docentes, y donde no se está llevando adelante ninguna política de salud laboral. Todo lo contrario. En nuestro departamento tenemos compañeros que hace tres días que van al médico auditor y no le validan un certificado para cuidar a su hijo que se encuentra enfermo, no se está validando el cuidado de su marido a otra compañera, y así se puede seguir con los ejemplos”. A lo que se agrega que “también tenemos casos de compañeros que le aceptan la licencia en un departamento de la provincia, pero en otro no, lo que deja ver a las claras el nivel de improvisación de este sistema”.
Agregando, “los auditores van 1 hora por día nada más a atender a DDE y a supervisión de Basavilbaso, lo cual es irrisorio y vergonzoso.”
No podemos a esta altura dejar de hacer otra digresión por el uso inadecuado de la palabra “irrisorio” para referirse a esa situación, dado el hecho que a estar al contenido del texto que se viene transcribiendo lo que acontece no es insignificante ni ridículo, y mucho menos con aptitud para provocar risa, tal cual es el significado de aquélla palabra.
De cualquier manera, no puede dejarse de admitir como sensato, aunque incompleto, que se aclare que “desde nuestra organización sindical acordamos en que es necesario avanzar con la prevención del cuidado de la salud de los trabajadores, que son quienes diariamente transitan por el sistema educativo; pero el decreto y la resolución avanzan, no solo sobre el Control sin arbitrar ningún medio para la prevención, sino que además se interpone con un carácter sancionatorio y persecutorio para los docentes.”
Es que de esa manera, se entra en lo que es el meollo del problema. Ya que es una situación harto conocida aunque de contenido impreciso -se sabe, pero no se sabe; y cuando se sabe se ignora cuánto hay de verdad y cuanto de exageración- la referida a la existencia de docentes que se informan como enfermos sin estarlo, y que validan esa información con certificados médicos conseguidos como un favor, o a cambio de una orden emitida por una obra social. Una situación que, según nos refieren, hace que sea frecuente que al frente del aula los educandos se encuentren con la presencia no ya del titular, sino con la de un suplente; cuando no, según se nos ha asegurado, aunque nos resistimos a creerlo, con el suplente del suplente. Todo ello, dejando de lado el costo económico que tiene ese “licencieo”, en desmedro de la calidad del proceso educativo, si se tiene en cuenta la manera en que redunda esa situación en el alumnado.
De allí que no suena a irrazonable –aunque claro está no debe verse en ello un intento deliberado de amedrentamiento- que haya existido en el sistema que nos ocupe errores de implementación, ya que todos sabemos hasta qué punto es la burocracia como “mandada a hacer” para convertirlo todo en más arrevesado, complicándolo con muestras de imaginación realmente envidiable.
De donde de lo que se trata es de buscar la manera que, dejando atrás “cruces y chisporroteos”, se establezca un régimen fiable y lo menos incómodo posible en la materia, con el que estamos seguros seguirá habiendo descontentos.
