Como no podía ser de otra manera, y por explicables razones, la Asociación de Magistrados de Entre Ríos rechazó las críticas del Presidente Mauricio Macri al Poder Judicial de la provincia, respecto al fallo por el cual se declaró inconstitucional una decisión del gobierno provincial. La que no es otra que aquella que disminuye significativamente, en materia de fumigaciones con agroquímicos, el radio protegido en torno a las escuelas, decisión por la cual casi se duplica la distancia establecida por la resolución judicial atacada.
No puede creerse que sea imposible optimizar la actividad productiva con el cuidado de la salud
Por nuestra parte al comentar en esa oportunidad las manifestaciones presidenciales, señalamos que esa decisión cuestionada y la reacción presidencial frente e ella venía a dar muestras de “un ejemplo más vinculado con la estrechez de miras de nuestra dirigencia, amiga entre otras cosas de tomar medidas drásticas y apresuradas sin contar con elementos de juicio suficientes, cuando no puede creerse que sea imposible conciliar la necesidad de optimizar en todos sus aspectos la actividad productiva, con el cuidado de la salud, que en tantos otros aspectos da cuenta de la incuria por parte de nuestras autoridades.”
Por su parte la declaración de la Asociación de Magistrados a la que hemos hecho mención, pone en cuestión esas declaraciones presidenciales, al señalar que “pedimos y así lo hacemos también nosotros, respeto por la independencia de poderes, ya que de esa forma se garantiza la democracia”, de donde “las palabras expresadas por el primer mandatario de la Nación son inadmisibles porque violentan el principio federal y no contribuyen a fortalecer las instituciones de la República”. Y como era de esperar, terminaron reiterando que “la disconformidad con las sentencias o resoluciones que surjan contrarias a los intereses y / o pretensiones de las partes, se expresan a través de los procesos institucionales que prevé la Constitución”.
Frente a lo cual, y cuidándose de que su posición se mantuviera dentro de los límites de lo institucional y que no se la pudiera considerar como una defensa corporativa, guardaron un hermético silencio frente a las declaraciones presidenciales que calificaban de “bochornoso” el hecho no se hubiera destituido, a través de los procedimiento legales pertinentes, a un juez de ejecución penal de Gualeguaychú, quien en una infortunada resolución autorizó la libertad del que después se convirtiera en el atroz violador y asesino de Micaela García.
Resolución la de ese juez que entendemos tan solo como infortunada por lo que sucedió después, pero no por el contenido de la resolución en sí, ya que se encuadraba -esta vez sí- en imprudentes y hasta nada razonables precedentes.
Indudablemente tiene razón la Asociación de Magistrados en censurar esos dichos presidenciales, por más que se los haya escuchado formular en plena campaña electoral y como parte de ella, porque ellos no son congruentes con la consolidación institucional de la que ha hecho el presidente Macri una de sus banderas. Aunque no es desencaminado suponer que una crítica de ese tono, hubiera sido plausible en el caso de que la hubiera hecho un ciudadano de a pie.
Y como se dice en relación a ese tipo de situaciones en las que las que cabría establecer que las dos partes tienen cuando menos una parte de razón, ello vendría a significar que, en realidad, ninguna de las dos la tiene.
En la opinión pública existe la impresión de una prolija “armonía” entre la justicia y la “gobernación”
Es que no se puede pasar por alto, que a pesar de su actuación la mayor parte de las veces discreta –no sabemos de un caso entre nosotros como el del escandaloso de nuestro casi copoblano, el juez Oyarbide, limitándonos a solo dar un ejemplo- no puede dejarse de señalar que en la opinión pública estaba y está presente la impresión de la existencia de una prolija “armonía” –de algún modo hay que llamarla- entre la justicia y lo que denominamos en sentido laxo como la “gobernación”, que ha ido desde la designación de magistrados amigos en los casos en que se hace posible esquivar la intervención del Consejo de la Magistratura, para hacer alusión a lo en apariencia más inocente, aunque no deje de ser grave como lo es, algo que en la jerga tribunalicia se conoce como “el pisar expedientes”, con la esperanza que el tiempo actúe y que la extinción de la acción penal por prescripción se haga presente. Todo ello por no dar sino dos meros ejemplos de esa circunstancia.
De donde si bien es cierto que entre nosotros no se da como ocurre en el orden federal, que haya procesados y hasta condenados, que después de veinte años no cuenten con sentencia firme y como consecuencia de ello siguen en libertad. Aunque también es cierto que también aquí, y siguiendo las advertencias del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el acto de inicio del año judicial, se hace necesario una “relegitimación de la justicia” a través de su ejercicio.
Ese es nuestro deseo, como es nuestra aspiración que los asesores presidenciales no dejen que el mismo incurra en nada afortunados deslices, que si resultan admisibles en un simple ciudadano, no pueden ser así vistos en quien ostenta esa investidura.
Una prueba más, de que a la República la levantamos entre todos, o que nos quedaremos a la postre sin República.
