La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la Argentina por la destitución del exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, concretada en 2003 a través de un juicio político llevado adelante por el Congreso de la Nación. En una sentencia notificada este jueves, el tribunal determinó que el Estado argentino violó la independencia judicial al remover al magistrado por el criterio jurídico que había expresado en decisiones adoptadas durante el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. El pronunciamiento lleva como título una conclusión contundente: “Argentina es responsable internacionalmente por violar la independencia judicial al destituir en 2003 a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fundamento en el criterio jurídico expresado en decisiones jurisdiccionales”. Según explicó la Corte, la destitución se produjo luego de que se atribuyera a Moliné O’Connor “mal desempeño” en el ejercicio del cargo, precisamente por las posiciones jurídicas sostenidas en sus fallos. Al respecto, el tribunal determinó que fue removido “con fundamento en el criterio jurídico expresado en decisiones dictadas en el desarrollo de funciones jurisdiccionales”. La sentencia también identificó deficiencias en el procedimiento parlamentario que terminó con su salida del máximo tribunal. En particular, constató que “distintas decisiones emitidas durante el trámite del juicio político carecieron de la motivación necesaria”. A esa circunstancia se sumó la falta de respuestas judiciales adecuadas frente a los cuestionamientos presentados por el exmagistrado. La Corte señaló que las autoridades que intervinieron en los recursos promovidos para impugnar lo resuelto por el Congreso de la Nación “no proveyeron una respuesta que atendiera los agravios denunciados” por Moliné O’Connor. La revocación de la pensión y una demora de más de una década Otro de los puntos examinados fue la situación previsional del exjuez después de su destitución. La Corte Interamericana consideró que la revocación de la pensión vitalicia que percibía en razón de su condición de magistrado también vulneró sus derechos, al tratarse de una consecuencia de la remoción arbitraria. Además, cuestionó el tiempo que demandó la revisión judicial de esa decisión. Según consignó en el comunicado, “el proceso judicial que la víctima instó para cuestionar tal decisión se prolongó injustificadamente por más de una década”. A partir de esos fundamentos, el tribunal concluyó que la Argentina violó distintos derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En concreto, declaró vulnerados los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1, respectivamente, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1. También determinó que fueron afectados los derechos políticos, a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, contemplados en los artículos 23.1.c), 21 y 26 de la Convención Americana. Por último, concluyó que el Estado argentino es responsable “por la afectación al proyecto de vida de la víctima”. Las medidas que deberá cumplir Argentina Como parte de la sentencia, la Corte estableció que el propio pronunciamiento constituye una forma de reparación. Sin embargo, también ordenó al Estado adoptar medidas concretas para reparar las consecuencias de las violaciones constatadas. Entre ellas, dispuso “regularizar el régimen de la pensión que correspondía al señor Moliné O’Connor”, además de publicar y difundir la sentencia y su resumen oficial. Asimismo, ordenó pagar las sumas establecidas en el fallo por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, costas y gastos. El pronunciamiento incluye, además, una consideración sobre la aplicación de la Constitución argentina. La Corte señaló que corresponde a las autoridades internas del país interpretar y aplicar el artículo 53 de la Carta Magna “conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares desarrollados por el Tribunal en su jurisprudencia”. Esta sentencia fue dictada por un tribunal integrado por Rodrigo Mudrovitsch, presidente (Brasil); Patricia Pérez Goldberg, vicepresidenta (Chile); Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay); Nancy Hernández López (Costa Rica); Alberto Borea Odría (Perú) y Diego Moreno Rodríguez (Paraguay). La jueza argentina Verónica Gómez no participó en la tramitación del caso, ni en la deliberación y firma de la sentencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte. Por otra parte, el presidente Rodrigo Mudrovitsch presentó un voto concurrente. La vicepresidenta Patricia Pérez Goldberg, Ricardo C. Pérez Manrique y Alberto Borea Odría dieron a conocer votos concurrentes y parcialmente disidentes, mientras que Nancy Hernández López presentó un voto concurrente. El pronunciamiento corresponde al caso Moliné O’Connor vs. Argentina y fue comunicado desde San José de Costa Rica el 12 de noviembre de 2026 por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. cp_82_2026.pdf
