Miguel Ángel Cullen, uno de los abogados defensores que participó de la audiencia realizada este jueves en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación de publicidad durante la campaña presidencial de Urribarri, se refirió a lo sucedido durante la jornada.   Sueño entrerriano: Por las contrataciones de campaña, recibieron un retorno de casi $5 millones     “Fue una audiencia muy importante en tanto los fiscales admitieron el planteo de fondo de los doctores Barrandeguy y Díaz respecto de que todos los actos administrativos contaron con el respaldo de los organismos de control. La Fiscalía reconoció que hubo aprobación de los mismos”, sostuvo el letrado.   Según explicó, se trata de organismos autónomos e independientes establecidos por la Constitución Provincial de modo tal que de ninguna manera puede obviarse su intervención.   En este sentido, Cullen señaló que incluso “dichos organismos tienen más atribuciones que los fiscales para establecer cómo se deben hacer las contrataciones, y en este caso se han expedido aprobando los actos administrativos, lo cual torna inviable la imputación”.   Por otro lado, el abogado hizo alusión a los dichos de los fiscales respecto de un supuesto retorno económico a favor de Juan Pablo Aguilera, durante la publicidad de “El Sueño Entrerriano” en el parador de Mar del Plata. “Se trata de una conjetura realizada por la Fiscalía quien, ante los fuertísimos argumentos de los abogados defensores, intentó desviar la atención hacia una parte de la investigación que aún de comprobarse solo refiere a contrataciones normales entre privados que nada tiene que ver con funcionarios públicos, lo cual además surge claramente de la prueba que ya posee la Fiscalía”, afirmó.   A entender de Cullen ese planteo constituye “un último recurso para generar impacto ante el reconocimiento de la legalidad y licitud de todos los actos investigados, ya que la Fiscalía reconoce que desde el inicio hasta su finalización y posteriormente contaron con todos los controles constitucionales”.   Y agregó: “Debemos tener en cuenta la gravedad de pretender erigir en órgano de control extraconstitucional al Ministerio Público Fiscal, lo que dejaría obsoletos e intrascendentes los órganos constitucionales de control, esto es, Contaduría y Tribunal de Cuentas, que son organismos autónomos e independientes. Lo que equivale a decir que estaríamos frente a un nuevo órgano de control sin respaldo constitucional”.
