Si el embargo se concreta, será el más importante de la historia de Uruguay por el valor de la tierra. Pagaron por el campo US$ 14 millones, según documentos oficiales de mayo de 2013.
La conexión entrerriana del caso
El 23 de febrero de 2011, Maximiliano Acosta, entrerriano y socio de Fariña, adquirió Traline y asumió como presidente de la SA. El 15 de marzo, Walter Kobilanski, el antiguo propietario de El Entrevero, firmó un boleto de reserva (o compromiso de compraventa) con Traline.
Pero, tal como relata Fariña, supuesto "valijero" del grupo, por esos días Báez resolvió apartarlo de la organización y colocar en su lugar a Pérez Gadín. Las propiedades y negocios que gestionaba Fariña (o sus testaferros) pasaron a nombre de Pérez Gadín (o de sus testaferros). En ese paquete también entró El Entrevero.
Exhortos
"Casanello requirió la colaboración de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con el objeto de identificar y localizar todo tipo de bienes que los imputados (...) puedan registrar en otros países en miras de articular la recuperación de activos, productos o instrumentos de las actividades ilícitas investigadas", informó ayer el Centro de Información Judicial. "
El juez federal libró nuevamente exhortos a Suiza, Belice, Panamá, Estados Unidos de Norteamérica, Uruguay y España", agrega la agencia de noticias del Poder Judicial de Argentina. Entre los bienes que Báez y Pérez Gadín tienen en Uruguay está el campo El Entrevero, como informó la jueza Adriana de los Santos a Casanello en 2013.
Casanello y De Los Santos han intercambiado información en varias oportunidades. De todas maneras, la falta de un procesamiento en Argentina mantenía la investigación en Uruguay congelada. Tras este fallo, comienza el deshielo, indicaron a El Observador fuentes vinculadas al caso.
El juez argentino embargó a Báez y a Pérez Gadín en US$ 7 millones. "En esa dirección, remarcando la necesidad de recuperar activos, ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma 'Top Air', como así también la inmovilización y congelamientos de todos los fondos de las cuentas bancarias de aquellos", agrega el portal. Top Air es una empresa de taxis aéreos que Báez, según el relato del valijero Leonardo Fariña, utilizaba para transportar dinero en efectivo hacia Uruguay. El juez Casanello también citó a indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que explique sus vínculos con Báez. La exmandataria se negó a declarar y presentó un escrito.
Más procesados y dos delatores
Casanello también procesó, aunque sin prisión, a otros protagonistas de la llamada ruta del dinero K: César Fernández (presidente de SGI, la financiera conocida como La Rosadita), Martín Báez (hijo de Lázaro, que aparece en el video de La Rosadita difundido el mes pasado contando millones de dólares), Fabián Rossi (integrante de la red de lavado que también aparece en los videos), Walter Zanzot (exdirector de Top Air) y Sebastián Pérez Gadín (hijo de Daniel que también cuenta millones en las imágenes divulgadas por canal 13).
Los procesados integraban una red de lavado que sacó del país US$ 50 millones, como delató el financista Federico Elaskar en una entrevista con el periodista Jorge Lanata emitida en abril de 2013 en el programa Periodismo Para Todos. Elaskar, que era el dueño de SGI, contó la trama de lavado de dinero cuando fue desplazado de la organización en 2011 por Pérez Gadín. Los dos delatores, Elaskar y Fariña, fueron procesados por lavado de dinero en 2014, el financista sin prisión y el valijero con prisión. Fariña confesó la semana pasada los hechos bajo la ley del arrepentido y recuperó la libertad.
Giros bajo sospecha
Casanello embargó aviones y además pidió tasar 50 inmuebles de los procesados (principalmente atribuidos a la familia Báez) entre viviendas, lotes y chacras. La misma medida adoptó respecto de las firmas SGI Argentina SA (dueña de la financiera La Rosadita), Helvetic Services Group SA y OACI SA. La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central detectó varios giros desde Uruguay a una cuenta de Helvetic Services Group SA en el principado de Litchestein por US$ 16 millones. La empresa que giró el dinero explicó a las autoridades s que las transferencias responden al pago de un terreno en la parada ocho de playa Brava de Punta del Este. El negocio y los giros también son investigados por la Justicia de Uruguay.
