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Continúa la investigación en la causa que involucra a personal del Palacio Judicial en la venta de material armamentístico secuestrado y por el cual se debía velar como parte de la cadena de custodia.

Pese a que se mantiene vigente el secreto de sumario, trascendió que a fines de la semana pasada se logró detectar y confirmar que al menos unas tres pistolas de calibre 9 milímetros que se encuentran en poder de la División Balística de la Dirección de Criminalística, son armas que, -en teoría- deberían estar preservadas en el famoso depósito de Tribunales, donde aún se están contabilizando una por una las armas que deberían estar allí, en un número superior a las 9.000.

Resulta que con toda la repercusión que hubo, tras tomar estado público el supuesto negociado con armas secuestradas, los responsables de diferentes sectores que mantienen obligada relación con este ámbito comenzaron a poner énfasis en revisar el material existente en trámite, amén de los mandatos judiciales que han sido recibidos para que tales controles se realicen con la mayor precisión y urgencia posible.

Es así que, extraoficialmente, se supo que la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos habría aportado a la causa judicial, que en el laboratorio ubicado dentro de Jefatura Central, en calle Córdoba de Paraná, se encuentran al menos tres pistolas de calibre 9 milímetros sometidas a pericias, las que figurarían como secuestros obrantes en poder de la Justicia y reservadas en depósito.

Aparentemente, en un principio se habría pensado que eran armas que fueron enviadas desde el famoso depósito hacia la Dirección de Criminalística, por pedido de algún juez a cargo de las causas que relacionen a cada arma. Pero lo sorpresivo habría sido –según la versión extraoficial- cuando se descubrió que esas armas llegaron a pericias policiales por causas diferentes a las que motivaron oportunamente que quedaran depositadas en el subsuelo del Palacio de Justicia.

No es fácil en estos días obtener datos precisos sobre esta causa, pero una fuente digna de crédito afirma que una de las pistolas le pertenecía a un funcionario policial que se quitó la vida y otra era también un arma provista por el Estado a un funcionario policial y que fue secuestrada bajo la órbita de la Justicia Federal por una causa de Toxicología. De la tercera pistola no trascendieron detalles, pero se supo que se labraron las actas correspondientes para ser incorporadas a la causa.

Nueva inspección


Por otra parte trascendió que en las últimas horas se realizó una nueva inspección domiciliaria en la casa del empleado Maximiliano Bertoni, quien sería el que acusa sin empacho al licenciado Vitali de ser parte activa de la negociación de armas. En el lugar se habría rescatado un manuscrito en donde se habrían podido leer cuestiones relacionadas con las ventas que se investigan. El manuscrito será sometido a pericias para poder confirmar o descartar si esa letra pertenece a la mano del perito Vitali.

Ampliación


En tanto, el abogado del perito balístico imputado en la causa por venta de armas en Tribunales indicó que su defendido, el licenciado Antonio Vitali, podría ampliar su declaración en los próximos días.

Marcos Rodríguez Allende sostuvo en declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza): "Básicamente, la imputación surge a partir de una única y exclusiva prueba incriminatoria, que es la declaración del otro imputado, del empleado judicial. Esto significa que no hay testigos o escuchas que lo involucren a Vitali, sino que lo único que existe es la declaración de otro imputado, que en su calidad de imputado puede decir lo que le conviene para defenderse", manifestó.

Además expuso que "él –por Vitali– llamó a una persona allegada a su ámbito laboral para que ponga a disposición la documentación necesaria. Sucede que en los últimos dos años se trasladaron más de 4.000 armas a tres lugares diferentes de Tribunales y hubo faltantes. Eso se informó y se estaba haciendo un inventario que no se pudo concluir. En ese marco Vitali llamó a alguien para que ponga en conocimiento esto y se ponga a disposición. Esto se puede haber sido malinterpretado, y esta persona lo manifestó en Fiscalía. Pero el mismo fiscal preguntó por alguna supuesta amenaza, eso no es así", aclaró Rodríguez Allende.
Fuente: El Diario

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