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Crédito José Carminio / El Diario
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La Cámara de Senadores, convertida en corte en el proceso de juicio político al suspendido presidente de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, cerró ayer el plazo de recepción de pruebas, y estableció un cronograma de aportación de testimonios y documentación planteadas por las dos partes, que deberá estará concluida para el 29 de enero.

Además, fijó fecha de audiencias para recibir testimoniales los días 6, 7 y 8 de febrero. Concluida la etapa de recepción de pruebas, se declarará clausurado el período probatorio y la causa quedará en condiciones de recibir los respectivos alegatos de las partes: primero la acusación y luego la defensa. El Senado fijó ayer que para garantizar el debido proceso se aplicarán las reglas contenidas en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial; para la producción de pruebas, las reglas del Código Laboral; y para la audiencia, el Código Procesal Penal.

En su defensa, Chiara Díaz ofreció 20 testigos, revela el periodista Ricardo Leguizamón, para El Diario. Entre ellos, se encuentran el actual ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. También a los vocales del STJ, Daniel Carubia, Germán Carlomagno y Leonor Pañeda. Y, entre otros, a uno de los jueces que juzgó a la primera junta militar de la dictadura, el exministro de Justicia de la Nación, Ricardo Gil Lavedra

De qué lo acusan


La acusación contra el juez Chiara Díaz, que derivó en la suspensión en su cargo, partió de la presentación del abogado Carlos Reggiardo, enrolado en el Frente Renovador, y se amplió a partir de la prueba colectada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside Diego Lara (Frente para la Victoria). Se le reprocha al juez "mal desempeño" por incurrir en las siguientes faltas: a) haberse ausentado excesivamente a cumplir su labor en el STJ, "dificultando la consecución del quórum" para alcanzar los acuerdos del máximo tribunal; b) utilizar las licencias para actividades no permitidas, como dictar clase, asistir a cursos o conferencias, o "para diligencias personales", según el texto elaborado por la comisión acusadora; c) hacer uso de viáticos, vehículos oficiales, choferes o pasajes aéreos para "actividades no permitidas" por el reglamento del STJ, como dictar cursos, clases y conferencias o trámites personales, "argumentando falsamente otros fines sí permitidos"; d) haber percibido viáticos al mismo tiempo que los percibía de sus empleadores privados; e) haberse autoasignado viáticos, auto y chofer en fecha 23 y 24 de enero de 2014; f) haberse ausentado "autorizándose a sí mismo y sin firma del subrogante legal, en fecha 23 y 24 de enero de 2014, estando a cargo como presidente del tribunal de feria"; g) haber tomado licencia entre el 19 y el 29 de octubre de 2016 "arguyendo falsa causa".

Pero además de plantear los cargos, Diputados pidió nuevas pruebas que reforzarían la acusación de Chiara Díaz. A ese respecto, solicitó al Senado que tramite un informe ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que aporte datos si tiene reportes de "operaciones sospechosas", y si han registrado "transferencias al exterior y cualquier otra información de interés sobre el mismo". La petición fue rechazada por los senadores. También la Cámara Alta rehusó pedir datos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre "operaciones sospechosas", si ha transferido dinero al exterior o si operó con tarjetas de crédito sobre cuentas en el exterior. En ambos puntos consideró que eran pruebas "manifiestamente improcedentes".

En cambio, hizo lugar al pedido de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que dé cuenta de cuál es la categoría de inscripción como contribuyente de Chiara Díaz, qué actividades económicas tiene declaradas, cuántos ingresos declara, y si está como monotributista. También, acogió un pedido que se ele

Prescripción


El suspendido juez Carlos Chiara Díaz opuso la impugnación a los cargos que pesan en su contra en el proceso de juicio político en todos los hechos que "superen los dos años de antigüedad contados para atrás, tomando como referencia la denuncia efectuada por el doctor Reggiardo".

E hizo la reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que se haga lugar a la acusación en su contra.

Contra Sergio Urribarri


Chiara Díaz rechazó todos y cada uno de los puntos de la acusación, y lo hizo con un voluminoso documento que presentó su abogado, Guillermo Brunner. Y, habrá pensado, ninguna defensa mejor que un buen ataque.

"En el presente juicio político hay una velada pero concreta intromisión del poder legislativo bajo la dirección del presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Urribarri, a quien no nombra directamente), que institucionalmente resulta insoportable porque pretende controlar aspectos de su funcionamiento, trámites, características de los desempeños de cada uno de los magistrados, que al parecer y a pesar de ser intolerable institucionalmente ha contado con la aquiescencia fundamentalmente de la titular del STJ, la doctora (Claudia) Mizawak, quien ha permitido que desde la Comisión Investigadora se pida informes directos a la Contaduría General o a las Secretarías de Superintendencia, presentándose también una recepción sin control de pedidos de la llamada Comisión Investigadora que fueron derivados a la Sala de Amparos con premura, sabiendo de la ausencia por licencia otorgada al denunciado", dice el texto de Brunner en defensa de Chiara.

En opinión del defensor, todo "sirve para abonar la convicción del vocal de haber sido elegido entre todos los vocales del STJ para someterlo a un reiterado y alevoso ataque tendiente a su desprestigio y eliminación del cargo cuanto antes por ser considerado un juez independiente, sobre todo en los casos vinculados con acusaciones de corrupción en la función pública y en los cuales no parece que se le merezca confianza para decidirlos, considerándolo a ello un defecto por parte de los amigos del poder".

Un punto que reprochan a Chiara Díaz son sus constantes ausencias y sus viajes fuera de la provincia. Al respecto, el juez hace su propio cálculo de inasistencias de los últimos diez años: llegan a los 948 días, que, sobre un total de 3.650 días, arroja "un promedio de asistencia del 75%". Y por eso, sostiene, la cifra que resulta del dictamen de los diputados es "equivocada", por cuanto le endilgan un total de 842 días en 10 años, lo cual da una asistencia regular todavía mayor, del 77%.Y sugestivamente hace notar que de la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, a quien Chiara Díaz rotuló como la "reina de los viajes", no se informan las licencias y ausencias. No obstante, hizo notar que entre 2010 y 2013, Mizawak tuvo un total de 282 ausencias, "por encima de lo que registran los vocales" Juan Smaldone, Bernardo Salduna, Daniel Carubia, Germán Carlomagno y Leonor Pañeda.

Respecto de sus constantes viajes a Buenos Aires, argumentó que se debían a su tarea docente, y que la actividad académica de un juez, redunda en beneficio de la administración de justicia, sostiene. Y negó haber percibido alguna vez "doble viático". Y respecto de la aprobación de los gastos de viaje, aseguró su defensor, cualquier resolución "tiene que tener por lo menos cuatro firmas, los presidentes de cada sala más el presidente del Superior Tribunal".
Fuente: El Diario

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