A través de contratos periódicos y millonarios que convirtieron al gobierno sanjuanino en su principal cliente entre 2005 y 2017, el organismo entrerriano brindó durante 12 años cobertura a los empleados estatales de San Juan, a los alumnos de las escuelas de la provincia y luego a personal de fuerzas de seguridad, en forma obligatoria. La investigación abarca a un ex legislador que fue delegado del Iapser en San Juan y vuelve a poner en la mira a Martín Fernández, ex gerente general del organismo designado por el ex gobernador Sergio Urribarri que renunció tras ser denunciado por enriquecimiento ilícito.
Los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí hicieron una presentación ante la justicia penal de San Juan para que se investigue la responsabilidad del ex gobernador y actual titular del PJ y diputado nacional, José Luis Gioja, en un supuesto fraude al Estado por la contratación directa de seguros en la provincia. Recayó en el juzgado a cargo de Juan Manuel Gálvez.
Las anomalías datan de 2005, cuando Gioja y el entonces gobernador Jorge Busti firmaron un acuerdo para que el Iapser diera cobertura a los empleados públicos, que luego fue ampliada a alumnos primarios y secundarios estatales y fuerzas de seguridad. Los contratos se fueron renovando sin licitación durante los ocho años de gestión de Sergio Urribarri.
La investigación abarca también a Moisés Lara, ex diputado provincial oriundo del departamento Rivadavia, cercano a Gioja y delegado en San Juan del Iapser, a quien se señala como impulsor del trámite legislativo que culminó con la obligatoriedad de la contratación de las coberturas por parte de los asegurados sanjuaninos.
Martín Fernández, en la mira
El presidente del Iapser, Juan Domingo Orabona, confirmó en enero la caída del negocio que el organismo entrerriano mantenía con el Estado sanjuanino, por el cual se le daba prestación de seguro de riesgo de trabajo a 35 mil empleados de la administración pública y más 4.500 policías y a la totalidad de los alumnos de las escuelas estatales, todos de la provincia de San Juan.
Se trató de un negocio que durante 12 le permitió al organismo autárquico entrerriano facturar unos 230 millones de pesos al año, un volumen similar al de la totalidad de los convenios suscriptos con empresas privadas.
"Nosotros entendemos que San Juan buscaba sus mejores ventajas, y que en ese marco se llamó a licitación por primera vez en 12 años", dijo entonces el funcionario. Fue la empresa Provincia Seguros, dependiente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien se quedó con el paquete de contratos.
Orabona admitió entonces la necesidad de "reconstruir la imagen de la compañía entrerriana, que estaba muy golpeada, porque la competencia ha utilizado y traspolado alguna situación del pasado, ventilando aspectos de personas cuestionadas". La alusión fue hacia el ex gerente general de la empresa, el contador Martín Fernández, quien fue desplazado del cargo cuando pasó a ser investigado por enriquecimiento ilícito y también por negocios incompatibles con la función pública.
La denuncia fue hecha en su momento por la revista Análisis y luego se supo que las empresas competidoras buscaron desprestigiar al IAPS contando sobre la situación del ex directivo investigado en la Justicia. En la causa que lleva adelante el fiscal Álvaro Piérola hay documentación que indica la posibilidad de que se cobraran comisiones millonarias por los seguros vendidos a San Juan y de la supuesta existencia de un circuito de coimas del que Fernández habría sido parte. Fernández renunció en noviembre a su cargo de director de Seguros de Retiro, en el que había asumido ya en la gestión de Gustavo Bordet. El ex gobernador Sergio Urribarri lo había nombrado gerente general en 2012, luego de que fuera concejal del oficialismo en Gualeguaychú. El ex funcionario cuestionado es cuñado del ex intendente de Gualeguaychú y actual presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Juan José Bahillo. Está en pareja con su hermana, Julieta Bahillo, y tienen un hijo.
Fernández "es uno de los jóvenes que se hizo rápida y meteóricamente millonario durante el urribarrismo y es también flamante poseedor de un complejo turístico en la capital del Carnaval, valuado en más de 10 millones de pesos, aunque escriturado en un 20 por ciento de su valor".
"Como si fuera poco, está gastando alrededor de 1 millón de pesos más en la remodelación del bello lugar, ubicado en plena costanera de la ciudad del sur entrerriano. Posee varias empresas familiares; una de ellas con negocios mediante sociedades que no se llegaron a concretar en el Parque Industrial Gualeguaychú. Tiene un perfil muy bajo y es hábil para los negocios. Su hobby es el automovilismo y ahora, junto a la hotelería, practica dos de las actividades más utilizadas para el blanqueo de dinero", se publicó en el semanario Análisis en diciembre de 2015.
También se consignó que al ingresar al Instituto del Seguro, "Fernández bajó rotundamente su nivel de exposición" pero incrementó su patrimonio y "acumuló en poco tiempo decenas de millones de pesos en propiedades, entre ellas una gigantesca vivienda ubicada en calle Juan Domingo Perón al 300 (casi en el centro de Gualeguaychú) y su más reciente adquisición, una posada hotel en la zona turística preferencial de la ciudad en Avenida Parque y Borques".
La familia Fernández integra casi una decena de sociedades anónimas, en su mayoría los nombres que se repiten son: Martín Daniel Fernández, su hermano Esteban Dionisio Fernández y principalmente su padre Daniel Ángel Simeon Fernández, quién figura en casi todas. Un dato relevante es que algunas de estas firmas trabajarían con capitales en otros países como el Uruguay y Ecuador, se indicó además.
