Denuncia periodística
En agosto del año pasado, una investigación periodística de la "Revista Análisis" reveló situaciones de malos tratos, torturas físicas y psicológicas que supuestamente sufrían las religiosas del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá. Por estos hechos, el fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, abrió una investigación de oficio (casi al unísono que la publicación salió a la calle) e imputó a la madre superiora, Luisa Ester Toledo, por el delito de privación ilegítima de la libertad respecto de dos mujeres que fueron monjas en el convento. De acuerdo con la investigación periodística, todas las semanas las monjas de clausura debían autoflagelarse golpeándose en las nalgas con un instrumento parecido a un látigo, pero con puntas metálicas, durante treinta minutos; utilizar un cilicio en las piernas, a veces durante varios días, como sacrificio; y hasta llevar una mordaza en la boca, durante las 24 horas y por espacio de siete días, para cumplir un voto de silencio. También se consignaba que el escarmiento por no cumplir con las "reglas" de la congregación era imponerles una dieta de pan y agua durante una semana.
De un fuero a otro
Los defensores de la madre superiora, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, impugnaron la investigación por considerar que "las conductas supuestamente delictivas que se le imputan a la Superiora de la Congregación, amén de no constituir delito alguno, han sido desplegadas en cumplimiento de normas dictadas por la autoridad papal de la Santa Sede", por lo que plantearon la incompetencia de la justicia provincial.
Sin embargo, tanto el fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada, como el juez federal Leandro Ríos rechazaron que la investigación pase al fuero federal; del mismo modo que el fiscal Uriburu rechazó su incompetencia.
Los defensores apelaron ambas resoluciones. La jueza Alicia Vivian, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, hizo lugar al reclamo, declaró la incompetencia de la justicia provincial y remitió las actuaciones a la justicia federal. La medida fue recurrida por el fiscal Lisandro Beherán, pero no prosperó.
Sin embargo, cuando la causa volvió a la justicia federal, Ríos ratificó su incompetencia, en líneas generales, porque lo que se investiga son posibles hechos delictivos y no violaciones a normas establecidas en un tratado internacional donde se reconoce que "las órdenes religiosas despliegan en la Argentina sus actividades de acuerdo a sus normas de organizaciones internas reconocidas y autorizadas por la Santa Sede".
