Así, el expediente en el que se investiga a la supuesta organización delictual que encabeza Daniel Celis, alias Tavi, y sus vínculos con el presunto financiamiento ilegal de la política con fondos del narcotráfico, sumó una nueva prueba que será analizada por la Justicia Federal, en el contexto de la denomina causa Narcoavioneta.
Diálogo comprometedor
El audio se conoció en la primera semana de marzo y comenzó a circular rápidamente por las redes sociales. El tenor de las manifestaciones que allí se vertieron, en un diálogo en el que participaban Gemelli y Álvarez, generó estupor y conmoción en el ámbito político de Paraná, al ponerse de manifiesto los presuntos vínculos entre Celis y dirigentes de la actual gestión de Cambiemos en la Municipalidad de Paraná y el financiamiento de la política con fondos provenientes del narcotráfico.
Así, el audio sería premonitorio de lo que sucedería el domingo 28 de mayo a la mañana, cuando en un operativo que se realizó en un campo ubicado en zona rural de Colonia Avellaneda, cuando efectivos de la Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional detuvieron a cuatro hombres mayores de edad, cuando trasbordaban drogas desde una avioneta a una camioneta Chevrolet S10.
Al respecto, fueron contundentes las expresiones que vertió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que precisó, en los primeros días de la causa, en relación a la avioneta: "La estábamos esperando", añadiendo que el procedimiento fue "parte de una investigación" en marcha. En este sentido ahondó que "la avioneta está ligada a una banda que el año pasado desactivamos, pero la seguía operando uno de los jefes desde la cárcel", explicó aludiendo a Celis.
Polémica medida judicial
De tal magnitud fue el impacto en el ambiente político que la Justicia Ordinaria se apresuró a actuar y el 15 de marzo, el juez de Garantías Nº 4, Humberto Franchi, a pedido de los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Malvasio, emitió una orden prohibiendo "a los medios masivos de comunicación de la provincia, procedan a la publicación del material probatorio referenciado, bajo idénticos apercibimientos". Además, Franchi, resolvió "ordenar a Facebook INC., proceda al bloqueo de la publicación del usuario 'Limpiemos de Narcos la Municipalidad', de fecha 12 de marzo de 2017, posteado a las 8.49 pm, bajo apercibimientos que su omisión podría configurar el comportamiento reprimido por el artículo Nº 239 del Código Penal por lo que podría resultar perseguido penalmente". Aramberry y Malvasio actuaron "a requerimiento de la Procuración General de la Provincia, (para que) inicie actuaciones a fin de investigar distintos ilícitos contemplados en el Código Penal".
¿Nuevo audio?
Una nueva escucha que se filtró a la prensa, entre el viernes y el sábado últimos, otra vez vino a sacudir el escenario político de Paraná y la provincia.
En el audio, presumiblemente, el concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, mantendría una conversación telefónica con Daniel Tavi Celis. Allí, alguien que es identificado como "Daniel" se adjudica tener un acuerdo político con el intendente de Paraná, Sergio Varisco, y se muestra disgustado porque no fue respetado. La otra persona, identificada como "Pablo" trata de calmarlo infructuosamente, al punto que "Daniel" afirma que no va a cubrir más a Varisco.
Esta escucha no es parte, aún, de la prueba que se acumula en la Justicia Federal por la causa Narcoavioneta. El audio sí integra un legajo que se sustancia en la Justicia Ordinaria por el supuesto delito de Asociación ilícita y lo inició la fiscal Patricia Yedro, precisaron fuentes judiciales consultadas por El Diario.
La pregunta que rondaba ayer en allegados a la causa donde se investiga la posible vinculación de Celis con la cúpula de Cambiemos en Paraná, consistía en saber cuál sería el objetivo de la filtración de este nuevo audio, que fuera replicado en varios sitios informativos y que circuló rápidamente por las redes sociales, más allá de aportar una nuevo y palmario indicio de una relación que es cada vez más difícil de negar.
Algunos arriesgan que podría tener como móvil la configuración de un escenario donde la responsabilidad de estos hechos no sea ascendente sino que quede limitada a funcionarios municipales de segundo o tercer rango. Habrá que ver si esta escucha y otras obrantes en el expediente, son también obturadas judicialmente para su difusión en los medios de la ciudad y la provincia, o no y eventualmente qué escenario se prefigura con su difusión.
