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En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Barbirotto sostuvo que "es sumamente importante y necesaria la adecuación de la legislación penal juvenil a la normativa internacional, y ese es uno de los puntos que planteó la comisión de expertos convocada por el Ministerio de Justicia de la Nación para asesorar respecto de este proyecto de ley".

Explicitó que "hubo acuerdo en no mandar el tema al Congreso este año para que no sea tomado políticamente y no sea un tema de campaña política, lo cual implica básicamente que no se trate con la responsabilidad y el tiempo necesario para hacer una ley acorde a lo que se necesita, y el otro punto acordado fue abordar la baja de la edad de punibilidad a personas de 14 y 15 años, que hoy la responsabilidad penal plena es a partir de 16 a 17 años".

Afirmó que "estos acuerdos no fueron respetados en su mayoría, aunque no tenían por qué hacerlo ya que el asesoramiento no era vinculante para el Ministerio de Justicia, pero hubo un rechazo unánime de la comisión de expertos que trabajaron, incluso de UNICEF, a la baja de la edad de punibilidad porque no tiene ningún sustento estadístico".

Al respecto, puntualizó que "el 0,66 por ciento de los delitos graves que se cometen en el país estarían vinculados con personas de 14 o 15 años, lo cual no mueve en lo más mínimo el índice de inseguridad o la tasa de criminalidad del país" y consideró que "el hecho de que nos quieran hacer creer esto implica un desconocimiento del tema por parte de las autoridades o nos están mintiendo usándolo políticamente, desde todos los partidos políticos, para la campaña y las elecciones de este año".

"Esto es una irresponsabilidad y lo correcto hubiera sido tratarlo con el tiempo suficiente y la opinión de expertos desde la interdisciplina, no solamente abogados, sino también desde la psicología, psiquiatría, trabajadores sociales, organizaciones de la sociedad civil para hacer una ley acorde a lo que exige la Convención de los Derechos del Niño", opinó.

En ese marco, ahondó que "bajando la edad de punibilidad a los 14 y 15 años, Argentina estaría yendo en contra de un principio básico internacional que es el principio de no regresividad, que implica que si un país subió un estándar como en este caso es la penalidad a partir de los 16 años, no podría bajar posteriormente".

A modo de resumen, reiteró: "En la comisión de expertos que trabajamos este tema no estamos de acuerdo, principalmente por estos datos estadísticos que en todo el país son muy similares, y no se refleja más que una intencionalidad política de tratarlo este año".

Asimismo, explicó que en caso de concretarse la baja de la edad de punibilidad "el país no se expone a sanciones pero sí a un llamado de atención del Comité de los Derechos del Niño, cuando hace su informe sobre la situación legislativa de cada país". En ese sentido, reveló que "a Argentina le han hecho observaciones en varias oportunidades por el régimen penal juvenil y la Corte Interamericana nos ha sancionado por esta situación" y explicó que "la Convención de los Derechos del Niño establece que hay que fijar una edad mínima de punibilidad, cuestión que le compete a los Estados y aconseja que no sea una edad muy abajo".

El magistrado resaltó que "cuando se hace una ley se habla para una generalidad de casos, no para casos esporádicos y puntuales que ocurren cada tanto, como son los hechos –que ni siquiera se han probado- de homicidios cometidos por niños de 14 y 15 años, que son ínfimos".

Agregó que "también hay que tener en cuenta el impacto económico que implicaría en el país sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil con una baja de la edad de punibilidad porque implica tener Centros Especializados de Detención con docentes, personal especializado y capacitado, con lugares acondicionados que no pueden tener rejas, y que deben brindarle a los niños las herramientas necesarias para poder asumir una función constructiva en la sociedad al momento en que salgan".

"Esto implica no solo uno por provincia, y va a tener un costo muy grande para alojar quizás uno o dos niños por año, y además en la mayoría de los casos serían condenas que no pueden superar los tres años para esa franja etaria –según el proyecto que maneja el Ministerio de Justicia- es decir que podrían ser penas condicionales", aclaró Barbirotto.

"Se intenta instalar que los menores de 14 y 15 años van a tener las mismas penas que las personas adultas, cuando en muchos casos las penas no serían de cumplimiento efectivo, con lo cual es una cuestión más de intentar criminalizar este tipo de actos en vez de invertir ese dinero en políticas públicas de inclusión y de garantizar derechos, que es lo que se está necesitando", reflexionó.

En tal sentido, analizó que "esta medida se anuncia justamente cuando la UCA larga un informe que referencia que de cada 10 personas menores de 17 años de edad, seis están bajo una pobreza estructural y no tienen condiciones mínimas de subsistencia dignas, y es ahí donde hay que atacar más que con políticas criminilizadoras". "Entiendo el reclamo de las víctimas y de la sociedad ante hechos de inseguridad cometidos por menores de 14 o 15 años, pero cuando se habla de hacer una ley desde el punto de vista objetivo, académico, una ley se hace para casos generales", reiteró.
Reclamó que "hay que ser muy serios en este tema y analizar la situación concretamente a través de los expertos, porque no es lo mismo un delito cometido por un adulto que por un adolescente, no solamente visto desde el punto de vista del derecho sino desde la psicología".
"La solución no pasa por criminalizar, porque se atacan las consecuencias del problema y no las causas que son estas situaciones de pobreza estructural en las que viven la mayoría de los niños y adolescentes, y es ahí donde hay que atacar para evitar el ingreso al sistema penal", refirió.

El proyecto


Respecto del proyecto del gobierno nacional, indicó que "se basa en un proceso penal para dar las garantías necesarias en un proceso penal a personas menores de 18 años de edad, que hoy no tienen". "La gente piensa que es mucho más benévolo o beneficioso el régimen penal juvenil que un régimen penal adulto, y eso no es así; porque el adulto imputado de un delito tiene innumerables derechos y garantías –como corresponde- y los niños y adolescentes no los tienen porque el juez penal de niños y adolescentes investigaba más el nivel de peligrosidad que el delito propiamente dicho y podía tomar medidas de internamiento o privación de la libertas sin justificarla", explicitó.

"Lo que se busca con el régimen penal juvenil es responsabilizar al adolescente de sus actos por fuera de la norma pero también dotándolos de las garantías necesarias para que pueda defenderse eficazmente, pero en la generalidad todo se reduce a la baja de la edad de punibilidad porque es el centro del debate y lo que genera mayor discusión", analizó.

Consideró que "si la idea del gobierno era conformar una comisión de expertos para que lo asesore les salió mal, porque el 95 por ciento de las personas convocadas –con datos precisos e incluso gente de UNICEF- recomendaron que no era necesario bajar la edad de punibilidad por el índice delictivo que se ve en estos casos sino apuntar a otras cosas".
Fuente: Análisis Digital

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