Agregó que "a partir de ahí comenzó una etapa de revisión para ver si estaban dadas las condiciones para una renegociación contractual y sobre todo para que se termine la obra" ya que "la situación del hospital viejo es tristísima y lamentable". "La prioridad es terminar el hospital, pero eso implicaba realizar una renegociación contractual, la cual no es sencilla de hacer, porque los contratos de obra pública son celebrados a través de una licitación, por lo tanto las condiciones del contrato se establecen en esa licitación, y las partes –por más que hayan cambiado algunas condiciones- no están habilitadas a cambiar sin más las condiciones y menos el precio". Especificó que la empresa "el precio faltante a valores de mercado de abril de 2016 son 280 millones de pesos para terminar la obra, además de interese adeudados, gastos improductivos que acreditar, etc.".
Agregó además que "hubo mucho intercambio de información con la Nación porque la construcción del hospital se financia en parte con recursos de la Nación y vemos el riesgo de que Nación corte el financiamiento y de ese modo toda la obra la tenga que terminar la provincia, además de otras situaciones que lo hacen un caso complicado y sobretodo está la necesidad de terminarlo, pero no se puede terminar con cualquier convenio".
Además, señaló que "ese convenio de renegociación contractual debía ser sometido a revisión judicial, porque no se puede modificarlos términos de un contrato nacido de una licitación pública" pero aclaró que "el procedimiento se frustró antes porque ayer se recibió una intimación de parte de la empresa que dice que firmamos los convenios de renegociación o se rescinde el contrato y por eso respondió el gobernador de la forma en que lo hizo". Aseguró también que "a esta altura en sede administrativa hay poco que hacer más que recibir la obra y se terminará judicializando el tema; y la provincia deberá hacer todo lo posible para convocar un concurso de licitación lo más pronto posible para terminar el 18 por ciento faltante, porque desde ya no vamos a esperar al fin del juicio para terminar el hospital".
El fiscal puntualizó que "el plazo de finalización de la obra era noviembre de 2013 pero hubo varias prórrogas autorizadas por la administración debido a distintas situaciones, y el fundamento central para neutralizar la obra fue que la administración demoraba la redeterminación de los precios del contrato y además demoraba el pago de certificados".
Explicitó que "eso es a título de argumento de la empresa y no hay nada decidido, aunque es cierto que hubo demoras en la redeterminación de precios y hay que verificar si las mismas justifican la ruptura del contrato" y aclaró que "la redeterminación de precios es un tema conflictivo porque se hacía con el antiguo decreto nacional, no con el nacional, y la empresa siempre se agravió de los resultados de esa redeterminación de precios porque decía que no respondían a la realidad del mercado".
Definió que "esto no se puede resolver de la noche a la mañana" y describió que desde el gobierno provincial se solicitó "la auditoria de la Universidad Tecnológica Nacional para que fiscalice un montón de situaciones, en particular la cuestión de los precios de lo que falta terminar de la obra".
Sobre este punto en particular, señaló que "el 50 por ciento de lo que falta es el equipamiento hospitalario, porque el contrato de obra era llave en mano" y añadió que "ese equipamiento hace que el hospital puede estar activo solamente en un 15 por ciento, sólo con la habilitación de los consultorios externos".
En resumen, aseveró que "por estas horas se está decidiendo cómo hacer para concluir la obra, que es prioridad del gobierno, y por otro lado la controversia que se va a judicializar tendrá su trámite" y apuntó que "no es como dice Marizza que la obra va a demorar más por la judicialización, sino que la provincia tomará la obra para terminar lo que falta y en paralelo se sustanciará un juicio y se terminará la discusión desde el Poder Judicial".
Ante esto, aclaró que "hay un paralelismo entre el juicio con la empresa y la finalización de la obra, porque responde a un interés público inmediato: terminar esa obra cuanto antes. La recepción de la obra y llamar a licitación no implica admitir ninguna de las responsabilidades que plantea la empresa".
Por otra parte, mencionó que "esta empresa tiene otras obras importantes en la provincia como la planta de tratamiento de efluentes y residuos del Parque Industrial de Gualeguaychú, donde también hay un conflicto con una denuncia penal contra funcionarios municipales".
Por último, admitió que la intimación de la empresa y la declaración periodística del empresario Miguel Marizza "nos tomó por sorpresa" porque "estamos en el medio de un procedimiento administrativo en el que intervienen la Contaduría, la Fiscalía, la Universidad Tecnológica Nacional, el Ministerio de Planeamiento a través de la Unidad Ejecutora del hospital y una cantidad de organismos que deben expedirse para resolver si es necesario corregir un proyecto de renegociación de un contrato que se debe someter a homologación judicial, y de golpe apareció esta intimación para que nos manifestemos en 72 horas". "Esto fue interpretado por el gobernador como una actitud que él no puede tolerar y fue la empresa la que pateó el tablero", concluyó.
