La emergencia agropecuaria presentada a las entidades rurales para ser consensuada, según se acordó días atrás, tiene un plazo de seis meses, prorrogables por otro período similar, y proyecta comprender a las explotaciones de hasta 800 hectáreas.
“En función del relevamiento que ha hecho la provincia con los técnicos de la Secretaría de Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, podemos decir que la sequía ha producido un daño considerable en forma dispar, pero no en la totalidad de la provincia. En el norte el daño es mucho más profundo que en el sur”, aseguró el secretario de Producción, Álvaro Gabás.
Las actividades que comprenderá la norma son la lechera, la ganadera, la citrícola, frutícola, hortícola, apícola y la agricultura en todos los cultivos de oleaginosas.
El objetivo de la norma es la prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural y sería exigible el pago en setiembre de 2018.
Una vez puesto en vigencia el instrumento legal, la provincia espera también por parte de la cartera nacional la remisión de fondos y asistencia con subsidios y financiamiento para la actividad agropecuaria.
