Jorge Romero ejerció la defensa de dos de los imputados, el reconocido dirigente de la Liga Concordiense de Fútbol y del Consejo Federal de AFA, el doctor Julio Larrrocca; y de su hijo, Marcelo Alcides Larrocca, con domicilio precisamente en Puerto Yeruá. Su primera presentación, tras ser elegido por Larrocca para ese rol, estuvo centrada en marcar una supuesta "prescripción" de los delitos por los que son acusados sus defendidos, además de cuestionar la calificación técnica elegida por el fiscal, al hablar de "peculado". "Nadie puede llevarse un terreno a su casa" ironizó Romero, al cuestionar que se le atribuyera a Larrocca y a su hijo el delito de "peculado".
Pero su principal carta fue sacar a relucir un pronunciamiento del año 2015, firmado por el entonces fiscal Jorge Suñer, en el que se habría desestimado la existencia de delito. Tras invocar esa actuación de Suñer, Romero pidió que se anule todo lo actuado, porque los hechos investigados ya prescribieron.
La réplica del Fiscal José Arias no se hizo esperar. Aclaró, según presenció El Entre Ríos, que en 2015 no hubo denuncia si no una "mera presentación" hecha por Julio Larrocca luego de que los hechos tomaran estado público, y que la actuación de Suñer no tuvo la jerarquía de una investigación de todos los hechos que hoy dan motivo al presente juicio.
Tras el planteo de Romero y las explicaciones de Arias, el Tribunal, integrado por los magistrados Carolina López Bernis, Silvina Gallo e Ivés Bastián, decidió tomarse un cuarto intermedio hasta el viernes 6 a las 10 de la mañana para resolver si hace lugar o rechaza de plano la solicitud de anular lo actuado.
Lo conoce desde niño
Romero reprochó al Tribunal no haber tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente, lo que rápidamente fue respondido por los magistrados aclarándoles que el juicio ya fue suspendido una vez.Un momento peculiar se vivió cuando el defensor dijo estar “conmovido por la situación de Larrocca a quién conoce desde niño” y enfatizó que se alteró el derecho a la defensa porque no se le dio tiempo.
Allí fue cuando intervino el fiscal del caso, el doctor José Arias, quien sostuvo que los defendidos de Romero son abogados por lo que “conocen toda la causa al detalle. Y sí Romero asumió el cargo es porque se supone que está en condiciones. Y conoce la causa. De otro modo no hubiera aceptado el cargo de defensor”, argumentó.
El Tribunal, en tanto, le explica a Romero que se le notificó en tiempo y forma. Dejaron en evidencia, asimismo, que hay un papel con su firma que suponen fue firmado antes de irse del país.
Acusaciones
Fueron 6 los hechos que el fiscal Arias resumió en una descripción al momento de hacer las acusaciones pertinentes: confabulación de tres funcionarios para sustraer del patrimonio municipal 6 terrenos. Los tres señalados son el exintendente (renunció tras admitir su culpabilidad en juicio abreviado) Fabián Cevey; Julio Larrocca, abogado de la Municipalidad de Puerto Yeruá y María Griselda Brasesco, secretaria de dicho municipio. Recordó que entre los que recibieron tierras estuvieron el hijo del abogado, Marcelo Alcides Larrocca; Fabián Rubén Terenzano y José Luis Irribarren a los que el fiscal considera testaferros. Dice Arias que no se cumplió la normativa que obligaba a licitar la venta, que se pusieron precios irrisorios que ni siquiera fueron abonados.
“Se violó la Ley Nº 3001” dijo y denunció encubrimiento porque Larrocca hijo le pasó el terreno a otro de los imputados, Gustavo Miguel Graziano y este finalmente al conocido empresario de la construcción José Galvani que optó por devolver el terreno y acogerse a una probation. Tanto a Larrocca hijo, como a Graziano los acusó de haberse prestado a una maniobra para encubrir.
La acusación a todos se califica como peculado y defraudación a la administración pública. Romero pregunta al fiscal por qué le imputa al hijo de Larrocca 6 hechos si sólo recibe un terreno. Arias responde que estuvieron todos de acuerdo. Romero preguntó, luego, de qué lo acusa al doctor Julio Larrocca y el representante del Ministerio Público Fiscal le respondió que el abogado tenía el control de la legalidad de los actos y que, aunque no haya firmado nada, lo hace responsable.
