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Esta semana se concretaría el tratamiento del proyecto presentado por representantes de las tres religiones, Evangélica, Católica y Judía en el Honorable Concejo Deliberante, que propone declarar a Concordia ciudad Pro-Vida y Pro-Familia. Ante la novedad, las asambleas, colectivos políticos, organizaciones y partidos políticos agrupados, manifiestan en un comunicado, enviado a El Entre Ríos, que “atentan contra el estado de derecho y los derechos fundamentales consagrados en los Convenios Internacionales”. En el escrito, expresan que se trata de “una posición ideológica que intenta borrar los derechos conquistados en este nuevo siglo” y destacan: “Respetamos la libertad de cultos, pero no vamos a permitir que se le otorgue a la iglesia católica ni a ninguna otra religión, la elaboración e implementación de estas políticas públicas, que son de afectación al conjunto de la sociedad, más allá de su credo religioso”.
La presentación que repudia la declaración
Ante el posible tratamiento de proyectos en el Honorable Concejo Deliberante de declarar a Concordia, ciudad Pro-Vida y Pro-Familia, las asambleas, colectivos políticos, organizaciones, partidos políticos y personas firmantes manifestamos que los mismos atentan contra el estado de derecho y los derechos fundamentales consagrados en los Convenios Internacionales.

Estos proyectos, impulsados por los sectores conservadores, buscan imponer una visión hegemónica del concepto de valores, de vida y de familia, ya que, como lo han declarado públicamente, se apoyan en el Pacto de San Antonio de Padua, impulsado por la iglesia católica al que adhirió el Intendente Enrique Cresto en Junio de 2016, donde el punto 5 expresa claramente que “La familia es fundada sobre el matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer”.

Esta expresión no es una simple declaración, es una posición ideológica que intenta borrar los derechos conquistados en este nuevo siglo, por los movimientos sociales, de mujeres, feministas y LGBTTTIQ, que reconocen la existencia de familias diversas, que van desde las monoparentales a las familias ensambladas, como así también los matrimonios de personas del mismo sexo, e incluso las familias que se constituyen sin obligación de matrimonio.

Otro punto que sostienen estos proyectos, es el del concepto del “niño por nacer” - que se enmarca en el contexto del debate por la despenalización y legalización del aborto- queriendo determinar el inicio de la vida desde sus concepciones morales y religiosas, desconociendo así el derecho de las mujeres a decidir.

El resto de las fundamentaciones, son obligaciones indelegables del Estado a garantizar la salud, la educación, el trabajo y protección de los más vulnerables, según el art. 14 y 14 Bis, como así también las distintas leyes que protegen los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y diversidad: Ley Nº 25.673 Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable; la Ley Nº 26.150, Educación Sexual Integral; la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para erradicar la violencia contra la mujer; Ley 26.618 Modificación del Código Civil - Matrimonio Igualitario; Ley 26.743 Identidad de género - entre otras - y tratados internacionales firmados por el país como la Convención Internacional por los Derechos del Niño, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

Estas leyes, que están vigentes, deben ser cumplidas y reforzadas en su aplicación, con políticas públicas eficaces, sin la intervención de los credos, sin hacer caso omiso a las luchas sociales y a los reclamos colectivos por el reconocimiento de derechos fundamentales en nuestro país.
Respetamos la libertad de cultos, pero no vamos a permitir que se le otorgue a la iglesia católica ni a ninguna otra religión, la elaboración e implementación de estas políticas públicas, que son de afectación al conjunto de la sociedad, más allá de su credo religioso. Imponer desde el Estado, políticas basadas en imposiciones eclesiásticas, es autoritario, discriminatorio y a todas luces violatorios de los principios del Estado de Derecho.

El movimiento de mujeres y LGBTTTIQ vienen dando peleas inmensas por el reconocimiento de nuestros derechos. La relación privilegiada de la Iglesia Católica con el Estado argentino, ha sido un motor fundamental para la negación y el retraso de debates fundamentales para la salud pública y los DDHH, lo que demuestra cada vez más la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, para tener definitivamente un estado laico.

Por lo antes expuesto, expresamos nuestro rechazo a los proyectos que solicitan la declaración de Concordia “Pro Vida y Pro Familia” según lo requieren los cultos, y exigimos que por respeto a la diversidad y a las libertades fundamentales, el Consejo Deliberante de Concordia, rechace in limine lo solicitado en ese sentido, declarando a Concordia Respetuosa de la Diversidad y las libertades consagradas en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.

Reafirmamos así mismo, nuestra convicción de defender los derechos conquistados y la de seguir luchando por todos los que aún nos faltan conquistar.

Firmas: Colectivo de Géneros - Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito - Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans - Asamblea Oyentes de Radio Ciudadana - Resistiendo con Aguante Concordia - Colectivo de Trabajadorxs de la Educación - Colectivo Militante Oktubre - Colectivo Basqüadé - Partido Nuevo Encuentro - Partido Comunista Concordia - Asamblea por los Pueblos Libres - MST en IZquierda al Frente- Juntas y a la Izquierda - Alternativa Docente - Agrupación Libre Diversidad - ANCLA (Agrupación Nacional Clasista y Antiburocrática) - Movimiento sin trabajo “Teresa Vive”- CADHU (Centro de Abogados por los DDHH) .

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Fuente: Colectivo de Géneros Concordia

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