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Buktenica, de espaldas, primero a la izquierda.
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Buktenica, de espaldas, primero a la izquierda.
En la parte final de una interminable audiencia que comenzó pasadas la 8,30 de este miércoles y se extendió hasta casi las 14, el abogado Juan José Bukténica brindó su alegato, en el que pidió la absolución de sus defendidos: Fabián R. Terenzano, José L. Irribarren, Diego J. Sampellegrini y Gustavo M. Graziano.

Tras haberse apoyado en frases tales como "orfandad probatoria" y achacarle a la investigación un sinnúmero de contradicciones, intentó dar un golpe de efecto final al acusar al Fiscal José Arias por "manipulación política de la Justicia" y por haber incurrido en "extorsión" para lograr que los restantes acusado de la causa firmaran el Juicio Abreviado y admitieran su culpabilidad.

Bukténica calificó como contradictorio que el Fiscal hablara de precios viles por un lado a la par que al mismo tiempo dijera que no habían sido pagados.

Sobre lo insignificante de los precios, esbozó una original argumentación centrada en el más absoluto relativismo. Abonó la teoría de que no existe un precio de mercado sino tres precios, lo que pide el vendedor, lo que ofrece el comprador y lo que se termina pactando.
Gobernar es poblar
En otro momento de su extensa exposición, Buktécnica deslizó que la venta de los terrenos a los familiares de Cevey, Brassesco y Larrocca se encuadraron en el concepto de "utilidad pública" porque Puerto Yeruá tenía pocos habitantes y hacía falta poblarla.

También desempolvó aquella resolución del Fiscal Jorge Suñer, que allá por el año 2015 había concluido que no existía delito, al analizar una presentación efectuada por Julio Larrocca. La mención al dictamen de Suñer apuntó a abonar la idea de que mal podía un comprador darse cuenta de que había algo de ilegal en la operación si estaba avalada no sólo por el intendente, el Concejo Deliberante, el asesor letrado sino incluso por la mismísima Fiscalía.

Respecto de los pagos de los terrenos, Juan José Bukténica machacó con que no hacía falta encontrar ningún tickets, ni recibo de pago a mano alzada, ni papelito. Alcanzaba con la escritura, documento al que consideró como el que perfecciona la venta y da fe de los pagos realizados.

Chicaneó a Arias en dos ocasiones, dando a entender que el fiscal asentó la calificación de testaferro de Cevey para Terenzano e Irribarren pura y exclusivamente en que eran personas de confianza y padrinos de hijos del exintendente.

Ya cuando se aproximaba al final de su alegato, Bukténica insistió en tomar como blanco al fiscal: "No le interesa la verdad real" dijo varias veces.

Pero el golpe mayor lo asestó al considerar que la Fiscalía logró mediante "extorsión" que 8 imputados en la causa firmaran el Juicio Abreviado.

"A Cevey yo no le hubiese aconsejado firmar el abreviado, pero al momento que sale en los medios el pedido de prisión preventiva, se terminó la posibilidad de que Cevey se pueda defender. No quiso tener a sus hijos sentados acá y por eso llevó adelante el abreviado" explicó.

Fu en ese contexto en el que habló de que "todo esto es una manipulación política".

"Es tan así -continuó- que cada vez que el Fiscal adoptaba una resolución, tomaba conocimiento público por mensajes de texto del Señor Telayna, que iba al partido a decir que la actuación de este señor, por el Fiscal, era la mejor y tenía que representarlos políticamente".

Enseguida, Bukténica trajo a colación una historia pasada: "Ante la misma Fiscalía se denunció un delito que era para mí fácil de probar, estaba probado, pero el fiscal decidió archivarlo. Un delito donde el mismo denunciante llevó adelante la compra de bienes en una distribuidora, Villa Adela Distribuciones, y manifestó que la compraba el Club de Puerto Yeruá. Se comprobó que era mentira pero el fiscal la archivó, no encontró delito. Cuando las cuestiones van direccionadas en contra del municipio de Puerto Yeruá, encuentra enseguida la salida, y cuando son en contra de los denunciantes no encuentra delito".

Tras insistir en que, a su entender, no se probó ninguno de los delitos que se tiene en cuenta en la plataforma fáctica, pidió al tribunal, en primer lugar, "atender al pedido de absolución de Terenzano e Irribarren porque la acusación llevada adelante es por hechos que están prescriptos. Para el caso de que no prospere el pedido anterior, voy a pedir igual la absolución de los cuatro por el principio de la duda. Por último, para el caso de que este Tribunal entienda que existe prueba suficiente, voy a pedir que tenga en cuenta la pena pedida por el Fiscal, que para esta defensa es elevada, elevadísima, y que haga mención en su correspondiente fallo a la relación con respecto al abreviado, que se encuentra agregado también en esta causa".

Bukténica había utilizado algunos pasajes del alegato para tratar de demostrar que el tiempo transcurrido entre el momento en que supuestamente Terenzano e Irribarren adquirieron los terrenos y la denuncia en la Justicia superó los 6 años y, por tanto, de haber delitos, estarían prescriptos.

Como también se esmeró en calificar a la penas previstas para los que firmaron el abreviado como "un techo". Según su razonamiento, resulta contradictorio que Cevey, considerado la cabeza de toda la maniobra y condenado por varios hechos, tenga -gracias al Abreviado- tres años de prisión en suspenso mientras que a otros acusados por un sólo hecho se los quiera condenar a cinco años de cárcel efectiva.

Los alegatos continuarán mañana a partir de las 8,30, cuando expondrán los doctores Rodolfo Fraga, Jorge Romero y Enrique Oscar Bacigaluppe.
Cuando Bukténica fue estafado
Otro momento inusual del alegato del defensor fue cuando trajo al debate un antecedente en el que él mismo resultó víctima de una estafa.

"Me gustaría que este Tribunal tenga en cuenta que este fiscal intervino en un hecho muy parecido y este abogado fue víctima: el caso Vinagui", dijo.

Aunque no fue muy clara la explicación de esa causa, Bukténica dio a entender que compró 5 terrenos en Puerto Yeruá y, quien se los vendió, los volvió a vender. La estafa derivó en una condena abreviada que consistió en una multa de 200.000 pesos. En ese contexto, volvió a preguntarse "¿cuánto valen los terrenos?".
Fuente: El Entre Ríos.

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