“Hay inexistencia de dolo en el accionar de mis defendidos”, dijo ante la atenta mirada del Tribunal integrado por los jueces Silvina Gallo, Ivés Bastián y Carolina López Bernis. Así comenzó su alegato minutos antes de las 9:30.
“Es una acusación complicada y oscura. Al principio fue por 8 hechos y luego terminó sólo centrada en un hecho”, dijo y planteó que no ha habido una reconstrucción fiel de lo ocurrido, no se ha respetado el principio de inocencia y el in dubio pro reo.
Acusó de cobardes a los denunciantes
“Todo se inicia por una denuncia en Paraná por un abogado contratado por dos personas semi ocultas”, cuestionó en referencia a la presentación hecha por el entonces concejal Aníbal Maschio y otro vecino de Puerto Yeruá, Sebastián Telayna. Aseguró que no hubo pericias como tales. “Cuando ni Maschio ni Telayna firman la denuncia inicial es porque ni ellos estaban seguros de que hubiera delito”, apuntó y calificó “la no firma” como “un acto de cobardía por miedo” a afrontar reclamo de resarcimiento.
Volvió, un momento después, a hacer mención a los denunciantes. Dijo que Aníbal Maschio, como concejal, tenía obligación de aportar las pruebas acabadas de los hechos. “Pero no lo hizo”, afirmó y añadió que la denuncia habla de una venta secreta pero en el allanamiento a la Municipalidad se secuestra una carpeta con ofertas, entre ellas las de Filsinger y Galarza.
Rechazo a la pena pedida por el fiscal
Consideró que la pena que pidió Fiscalía para mis defendidos (para Romina Filsinger requirió 4 años y 6 meses de prisión, más inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos; mientras que para Leonardo Galarza solicitó 5 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, con una multa de 90 mil pesos) “no guarda relación con nada, es absurda”, definió.Explicó que la casa construida en el terreno en litigio es residencia de tres menores y los Derechos del Niño estarían impidiendo decomisarla como exige el fiscal. “Hago reserva del caso Federal para el caso de una condena porque se han violado principios constitucionales”, anticipó luego.
“Aquí no hubo ni un testigo que viniera a plantear que se lo dejó de lado en la venta de terrenos. No quedó demostrada esa falta de cotejo de precios que denuncian”, sostuvo y dijo que ni Maschio ni Telayna firmaron la denuncia “porque dudaban” desde un comienzo.
Amplió la argumentación en ese sentido y dijo que la acusación “está llena de dudas, es imprecisa, hecha al boleo. Es una chicana mencionar que en la cesión haya un error de datos sobre el solar con la ubicación del terreno”, planteó.
Recordó que uno de sus defendidos, José Galarza, de entrada hizo la bajada de luz en el lugar que correspondía. Destacó que los terrenos fueron comprados en la forma y costumbre que usaba la Junta de Fomento de Puerto Yeruá y que, por esa razón, no hubo cuestionamientos. “Hay un informe que dice que nunca se hizo una licitación por la venta de terrenos”, citó.
“No es imputable” y el rol de Brassesco
“Si se llegara a suponer que el delito objetivamente existe, no es imputable subjetivamente a mis defendidos”, consideró e hizo mención a que, en el 2009, cuando Galarza conecta la luz y hace el muro, fue un hecho público. A continuación, el letrado hizo los siguientes cuestionamientos: “¿Cómo hablar entonces de que la venta fue secreta? ¿Acaso son discapacitados los habitantes de Puerto como para no ver algo tan público? ¿Por qué decimos que fueron beneficiados si no aparece ningún otro oferente que se presente y diga que se vio perjudicado?”.
Explicó que como no hubo otros oferentes, no hubo perjudicados. Aclaró que, a su entender, la secretaria de la comuna de Puerto Yeruá, María Griselda Brassesco, no tenía otra cosa que funciones administrativas. “¿Qué poder pudo haber tenido para haber autorizado una escritura, algo?”.
Enfatizó, entonces, que Filsinger y Galarza hicieron lo que había que hacer: “el pedido del terreno, la cesión, el depósito del dinero, escritura, todo” y aclaró que la no coincidencia de precios entre depósito y escritura no puede ser tenida como prueba. “No es serio”, opinó y añadió la siguiente frase: “a la escritura la deben haber hecho como cachetadas de loco. Los errores fueron por cuestiones mecánicas”.
Reiteró que los pagos de Filsinger y Galarza están, a opinión de él que oficia de defensor, fuera de toda duda. Mencionó que la zona donde compraron está señalada como de desarrollo turístico y que se planteó que ellos pidieron para fines turísticos “pero viendo la cesión se disipa toda duda” ya que “zona turística se le puede llamar a cualquier cosa”.
Amplió tal argumento al decir que “desarrollo turístico no es construir hoteles, cabañas, etcétera. Galarza construyó su casa y le pidieron que fuera linda por la zona”, dijo y lanzó una nueva insinuación al afirmar que “si se hubieran tomado el trabajo de recorrer las casas de todo el pueblo habría sido fácil ver cómo compraron los demás”.
Cuestionó, además, la tasación hecha por el perito oficial Carlos Cabrera. “Se descalifica por sí misma. No fue pericia jurídica”, definió y explicó que hizo esa definición ya que indicó que no hubo observación directa de los terrenos. “Está totalmente descalificada como prueba”, concluyó al respecto.
Hizo hincapié en el desempeño de la familiar de sus defendidos, la exsecretaria Brassesco. “No podía manipular nada. No hay connivencia de ningún tipo que beneficiara a Filsinger y Galarza”, consideró y dijo que son suposiciones que no hay indicios y sólo conjeturas sobre esa connivencia a la que alude el fiscal.
“El fiscal dice que Filsinger y Galarza habrían eludido la licitación por el parentesco con Brassesco”, recordó pero añadió que tres escríbanos le dieron control de legalidad a lo hecho. Preguntó, entonces, qué otra cosa podrían haber hecho Filsinger y Galarza para estar seguros que compraban bien.
“¿Puede haber dolo cuando en un pueblo entero se vendió de la misma forma? Hasta Fiscalía (en referencia al exfiscal Jorge Suñer) no halló delito y mandó a archivar”, lanzó luego y aclaró que las escrituras en la Escribanía Mayor de Gobierno fueron pagadas, no gratuitas.
Sin dolo y “el error de tipo”
Enseñó que para que se configure un delito hay que probar lo objetivo y lo subjetivo. “En el supuesto de que hubiera pruebas objetivas, cabe considerar el «error de tipo» cuando una persona hace algo sin saber que se trata de un delito o que se está violando normas”.Hizo hincapié en que la conducta de sus defendidos no es reprochable a título de dolo ni a título de culpa. “Ignoraban como todo el pueblo la presunta exigencia de una licitación”, reiteró y habló luego del pedido de decomiso que hizo el fiscal José Arias. Bacigaluppe cuestionó que no se haya dado intervención al Ministerio Público de Menores, “porque hay 3 niños que habitan la casa”.
Sostuvo, antes de terminar, que es demasiado el tiempo desde 2008 cuando empezó a construir y el presente en que se advierte la presunta comisión del delito. Además, dijo que “el municipio se enriquecería indebidamente con el decomiso con un bien, la casa, que no estaba construida en el terreno al momento de la venta”.
Planteó su formal pedido de absolución para Romina Filsinger y Leonardo Galarza. Y expuso que, en caso de condena, en vez de decomiso se hiciera un reemplazo del bien. Anticipó, finalmente, que hace reserva de apelar en caso de condena por incumplimiento de varias leyes y pactos internacionales.
