Buffa maneja una franquicia de Planeta Pizza en Paraná, integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) y está sindicado como ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito.
Aportar información a la causa
El empresario afirmó que el juez lo citó para declarar y que solo concurrió para “aportar información a la causa” y resaltó que no hubo irregularidad en su contratación. Se retiró luego de unos minutos junto a su defensor, sin dar declaraciones.Sin embargo, fuentes judiciales desmintieron que el juez haya sido quien citó a Buffa. Por el contrario, dijeron que fue el titular de Global Means SA quien pidió ampliar su declaración para este martes.
La causa
Se investigó la supuesta contratación amañada de la empresa Global Means SA por un monto de $118 mil en concepto de publicidad. Ello ocurrió en julio de 2011, cuando Sergio Urribarri era gobernador y Pedro Báez estaba al frente de la Dirección General de Información Pública del Gobierno, que luego pasó a llamarse Ministerio de Cultura y Comunicación.El 14 de mayo, el juez de Transición Gustavo Maldonado solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el formal desafuero de Urribarri y Báez. El expediente comenzó a tratarse este martes por la mañana.
Maldonado procesó a Urribarri, Báez y Buffa el 28 de febrero de 2018. La resolución fue apelada por los defensores técnicos de los acusados. El 27 de abril, la Cámara de Juicios y Apelaciones confirmó los procesamientos.
¿Qué dice el expediente?
En el expediente se le atribuye a Urribarri, que siendo gobernador, y Báez, como Director General de Información Pública del Gobierno, en fecha 1 de julio de 2011 “direccionaron hacia la firma Global Means SA, la orden de publicidad Nª 2038, por medio de la cual se contrató vía directa, los avisos titulados ‘Avisos 1: Entre Ríos Exporta’ y ‘Aviso 2: Entre Ríos invita’, a publicar en las ediciones Nº 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2011, por el precio total de $118 mil, aprobada mediante decreto Nª 1057 de fecha 18/04/2012”.“Dicho direccionamiento arbitrario se produjo de común acuerdo y connivencia previa con el Sr. Germán Esteban Buffa, presidente de la firma Global Means SA, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nª 5140, decretos reglamentarios y Constitución Provincial), contratando los funcionarios referidos una empresa que al momento de emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, ni cumplía con los requisitos para estarlo”.
Al momento de dictar el procesamiento, el juez consideró que de la prueba “surgen elementos de juicio suficientes para tener por acreditado con grado de probabilidad seria y fundada la existencia de los hechos atribuidos a los encartado”.
La causa se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D’ Agostino. La denuncia de D’ Agostino advertía que el gobierno de Urribarri adjudicó $1 millón en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y $500 mil a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.
Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo ex dueño fue el empresario Cristóbal López), con $200 mil; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió $271 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los $800 mil.
En la causa, la fiscalía señaló que la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismo legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.
Cuando declaró en febrero, Urribarri entregó un escrito en el que aseguró que la contratación de Global Means SA fue “absolutamente legal”; la selección del contratista “absolutamente regular”; que la tramitación de la contratación fue transparente; y negó conocer a la firma adjudicataria del contrato, como así también a sus socios, directores, gerentes y administradores.
