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La causa conocida como IPP (por el Instituto Privado de Pediatría) o causa Melli, busca al hijo varón de los militantes montoneros desaparecidos Tulio Valenzuela y Raquel Negro, el que se encuentra desaparecido desde que fue dado de alta del IPP, el 27 de marzo de 1978. El Melli y su hermana, Sabrina, estuvieron internados en esa clínica del centro paranaense luego de haber nacido en el Hospital Militar de esta misma ciudad, durante el cautiverio de su madre.

Hoy 6 de agosto, a las 9 en el Tribunal Oral Federal de Paraná, comenzará el juicio oral y público a los médicos Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, socios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) de Paraná, acusados de la sustracción y sustitución de la identidad de los hijos mellizos.

Se trata de una instancia histórica para el movimiento de derechos humanos de Entre Ríos, porque por primera vez se juzgará la responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad, en este caso, la intervención de los profesionales de la salud en el plan sistemático de robo de bebés.

El expediente original correspondiente a esta investigación se abrió el 18 de mayo de 2005, cuando el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, realizó una denuncia en el Juzgado Federal aportando información acerca del funcionamiento de una maternidad clandestina en el nosocomio castrense de la capital entrerriana.

Aquella denuncia posibilitó que Sabrina Gullino Valenzuela Negro restituyera su verdadera identidad a fines de 2008, y que en 2011 cinco integrantes de las Fuerzas Armadas fueran condenados: Pascual Guerrieri, Rubén Fariña, Daniel Amelong, Walter Pagano y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.

Desde aquella denuncia del Mencho Germano hasta hoy, los integrantes de la corporación médica que tuvieron intervención en los hechos, tanto en el Hospital como en el IPP, han permanecido en silencio y han negado información clave para conocer el destino del Melli.

En el caso de Torrealday, Vainstub y Rossi (al igual que el fallecido Ángel Luis Schroeder) incluso aseguran no recordar los hechos, al contrario de las enfermeras que sí lo tienen presente y han brindado testimonios relevantes para la investigación. En 2011 al presentarse en el juicio como testigos, pese a las insistencias de los miembros del tribunal, los galenos se mantuvieron callados. Desde hoy tendrán una nueva oportunidad de romper con ese pacto de impunidad y contribuir con la búsqueda de la verdad.

De los tres, Torrealday es quien tuvo mayor responsabilidad ya que en los hechos actuaba como el director del IPP y tomaba las principales decisiones profesionales y empresariales.
Plan sistemático
La agrupación Hijos Paraná, en un comunicado de prensa, rescató tramos viscerales del expediente, en definitiva de una historia signada por el ocultamiento y la impunidad.

"Durante la última dictadura cívico-militar, los acusados pusieron el IPP al servicio del plan sistemático de robo de bebés. Los mellizos ingresaron allí poco después de nacer y fueron anotados con nombres falsos: la beba mujer como "Soledad López", el 4 de marzo de 1978, y el varón como "NN López", el 10 de marzo; ambos provenientes del Hospital Militar. Hay enfermeras que recuerdan que estaban en incubadoras con tarjetas donde decía "NN", que ningún familiar los cuidaba ni visitaba, y que la esposa de uno de los directores iba a verlos porque se había corrido el rumor de que eran 'hijos de una guerrillera'", reseñaron.

A su vez la reseña alude al entramado de encubrimiento presuntamente sostenido por la dirección del establecimiento de salud.

"Lo que es una incógnita es quién los retiró de ese lugar. Todo esto ocurrió delante de las narices de los doctores, que no solo lo permitieron sino que además omitieron notificar de estas irregularidades a las autoridades judiciales competentes. Así hicieron posible que se cometieran los delitos de "Sustracción, retención y ocultamiento de dos menores" (en calidad de autores) y "alteración del estado civil del menor" (como partícipes)", subrayaron.

Está previsto que declaren 87 testigos, entre ellos la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El juicio será llevado adelante por tribunal unipersonal, a cargo de Roberto López Arango. Intervienen cinco querellas: Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Sebastián Álvarez y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos Paraná.

En conjunto con el movimiento de DD.HH. se convoca al pueblo entrerriano a ser parte de este momento histórico, asistiendo desde hoy las 9 a la sede del Tribunal Oral Federal de Paraná (Urquiza 872).
Sabrina Gullino confía en que se puedan aportar nuevos datos

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Sabrina Gullino Valenzuela Negro, nieta restituida y que nació en el hospital Militar de Paraná en la última dictadura y que estuvo internada en el IPP, habló sobre el juicio histórico que tratará de develar el paradero de su hermano mellizo. "Como familia tenemos muchas expectativas de que durante el juicio oral y público se pueda aportar un nuevo dato acerca de donde está el Melli. Este debate es importante porque se va a juzgar a los cómplices civiles, que tiene que ver con el entramado civil, que hizo posible el plan sistemático de apropiación de niños y niñas durante la última dictadura cívico-militar", remarcó en una entrevista.

Consultada en relación a la importancia del debate y si del mismo podrán surgir nuevas pistas para investigar dónde está su hermano, respondió: "Sí, seguro, porque en el juicio del hospital militar se determinó que protegieron el embarazo de Raquel, nuestra mamá".
Fuente: Uno Entre Ríos

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