Sobre su rol
“Para esto es necesario un cargo de la jerarquía como el que ostento porque tiene injerencia en ordenar y dar instrucciones a los fiscales de toda la provincia. Se estaba a la espera desde hace tiempo de que se produjera alguna vacante o se creara el cargo para esto, lo que no ocurrió y se decidió centralizarlo a través de esta asignación de funciones”, explicó.
Acotó que “se centraliza la responsabilidad de dirigir el avance de estas causas en mi persona hasta que se genere el concurso o se cree el cargo pertinente para designar a alguien en esta función específica” y definió su nueva función como “un desafío interesante; son causas que tienen mucho de interés y son apasionantes así que estamos contentos con esto”.
El personal que necesita
Aclaró, consultada por la estructura disponible para el funcionamiento del organismo, que “esto no está dentro de las manos de lo que puede resolver el procurador y en la resolución él pide a la Legislatura que se creen esos cargos para la Fiscalía Anticorrupción”. “Lamentablemente el Ministerio Público Fiscal hoy no tiene estructura de cargos para cubrir eso y no se puede hacer, por ello lo que se hizo es una reasignación de recursos de mi función hacia esto, con una dedicación más específica a los delitos de corrupción, pero no hay ningún recurso humano nuevo”, explicitó.
Agregó que “en esta resolución el procurador pidió que se creen cinco cargos técnicos para designar peritos contadores y peritos informáticos para dotar de personal a la Fiscalía Anticorrupción, y de ser así probablemente para el año que viene podríamos tener un plantel de personal específico para esta función”.
“Hoy no contamos con eso: hay una estructura general del Ministerio Público con un gabinete informático con tres personas y un contador que asiste técnicamente a los fiscales pero no contamos con un gabinete pericial para realizar las pericias contables”, reconoció.
Explicó, al respecto, que “esto genera mucha dilación de las causas porque para cada pericia hay que estar buscando peritos y esperando los tiempos de los peritos, y además un problema que tenemos últimamente es que cuando se designan peritos profesionales de la matricula a ese trabajo hay que abonarlo y tiene la carga de los honorarios lo que incide mucho en el presupuesto del Ministerio Público Fiscal”. Sobre el cargo, reiteró que “a partir de ahora todos los fiscales dependen de mí, y todos dependemos del procurador General porque la estructura sigue siendo vertical, pero yo tengo la responsabilidad específica de coordinar todas las investigaciones y juicios por corrupción, lo que un poco venía haciendo con las causas donde está involucrada la provincia, no tanto los municipios, pero ahora tengo el deber de intervenir en toda la provincia, desde la causa más pequeñas hasta la más grande”.
Detalle de estado de las causas
En cuanto a la cantidad de causas por corrupción que tramitan en la justicia provincial, estimó que “dejando de lado los municipios, las causas que tramitan en Paraná serán entre 20 y 25. En total estamos cerca de 40 causas en Paraná de corrupción, algunas de ellas muy importantes y con mucho poder probatorio y otras mucho más pequeñas, y en la provincia debemos estar duplicando este número”. No obstante, señaló: “Una de las primeras cosas que estoy haciendo es un inventario de las causas para tener un conteo preciso”. Detalló que el juicio en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa, “es el más cercano a realizar” y “también se está esperando la fijación de audiencias en la causa de la imprenta de Juan Pablo Aguilera a la espera del trámite de desafuero y se está trabajando con la remisión a juicio de varias otras causas, tratando de cerrar la etapa probatoria”.
Sobre las causas que tramitan por el viejo Código Procesal Penal, lamentó que “van con el ritmo del sistema mixto y van lentas, algunas generaron muchos problemas en la etapa pericial y están en esa instancia todavía cerrando las tasaciones de inmuebles para hacer la pericia contable”.
“También está la causa de grandes máquinas donde se espera la definición de la situación procesal de los imputados, hay dos o tres causas en ese trámite. Ahí se ve claramente la diferencia entre lo que son los dos sistemas procesales y cómo el nuevo sistema acusatorio acelera el trámite de las causas, aún causas mucho más voluminosas en cantidad de prueba ya están a juicio o en instancia de llegar a él, mientras las del viejo código tienen mucho trámite de recursos que las hace mucho más lentas”, analizó Goyeneche.
Respecto de la causa ATER, sostuvo que “el año pasado la doctora (Marina) Barbagelata dictó los procesamientos y se fijaron fechas de audiencias de apelación para febrero del año que viene, de 30 procesados”. Puntualizó que “se tiene que resolver la instancia de apelación de los procesamientos para luego recién correr vista al fiscal y remitir a juicio posiblemente recién a mediados del año que viene” y remarcó que “es una causa con más de 130 imputados y una resolución de procesamiento de unas 2.000 fojas”.
Mencionó que la causa de Aguilera “se esperaba que fuera antes de fin de año pero la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) detuvo ese trámite a la espera de los pedidos de desafuero de (los diputados Pedro) Báez y (Sergio) Urribarri, así que estamos expectantes con eso”.
“Además, creo que hoy se estaba presentando la remisión a juicio de la causa de (el empresario Germán) Buffa, Báez y Urribarri, que también tramita por el sistema mixto, y probablemente siga el mismo camino. Creemos que se está en condiciones de fijar audiencias para quienes no tienen fueros y se está esperando eso, porque ahora son los legisladores quienes tienen la responsabilidad de resolver esos pedidos”, explicitó la procuradora.
La investigación busca determinar las responsabilidades en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el presunto direccionamiento de un contrato de publicidad a favor del empresario Germán Buffa.
Juicios abreviados
Teniendo en cuenta el impulso nacional con la causa de las coimas y la utilización de la figura del arrepentido, Goyeneche afirmó que “en la provincia en este momento no tenemos en trámite ningún juicio abreviado, más allá del que se realizó con (el empresario publicitario José María) Bustamante”.“Una vez que la causa está remitida a juicio, a nosotros no nos cambia demasiado hacer un juicio abreviado o no, es más interés del imputado y en ese caso habría que negociar, ver cuál es el interés y negociar la pena. A los juicios lo vamos a hacer igual de modo que no nos cambia demasiado la perspectiva probatoria, porque si ya las remitimos a juicio es porque entendemos prueba suficiente. Cada imputado tiene derecho a pedir el juicio abreviado y así se harán las negociaciones, pero en esta instancia no tenemos ninguno en trámite”, explicó.
Por otra parte, aclaró que “el juicio abreviado no es lo mismo que la figura del arrepentido que requiere aportes positivos probatorios, que no necesariamente se tienen que dar en el marco del juicio abreviado”. “En la figura del arrepentido el sujeto aporta datos y luego consigue con eso que en el momento del debate oral y público o en el abreviado se le aplique una escala punitiva atenuada para su delito”, agregó.
“La herramienta del arrepentido se puede utilizar porque es operativa en todo el país, pero se requiere de una declaración con aporte de datos fehacientes, y que sean corroborados de manera tal que sirva para descubrir cuestiones, para incriminar a otras personas y demás. No sirve un arrepentido para volver sobre lo mismo, si ya se tiene la información el arrepentimiento sobre eso no tiene efecto”, concluyó.
