El exfuncionario fue imputado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por lo que reclamarán una pena de prisión efectiva, adelantaron los fiscales. Al finalizar la gestión de Urribarri, Canosa dejó su cargo y fue designado como asesor jurídico de la Cámara de Diputados. Al momento de los alegatos de apertura, el fiscal Juan Malvasio y Santiago Brugo, hicieron saber que tenían elementos, datos, documentación oficial, pericias y hasta mensajes y audios de WhatsApp para corroborar los hechos, y en especial la contratación irregular de 32 contratos familiares, de amigos y allegados, entre 2007 y 2015.
El fiscal Malvasio aseguró: “Canosa, siendo presidente de Sidecreer, contrató a las empresas Excelcom, Texmer y JDR en 32 oportunidades”, tales firmas estás compuestas por familiares, amigos o allegados a Canosa.
Canosa es asistido en el juicio por los abogados Raúl Barrandegui y Candelario Pérez, en tanto que el tribunales de Juicio y Apelaciones está conformado por Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Alejandro Cánepa.
Negó las acusaciones
Canosa negó en todo momento las acusaciones y alertó que en su gestión Sidecreer triplicó los ingresos en un "casi 1000 por ciento en ocho años".En esa línea Canosa, también reprochó la denuncia inicial formulada por el senador radical Raymundo Kisser, quién habló de un vaciamiento patrimonial de Sidecreer. De allí que indicó que habría sido poco probable hablar de irregularidades en medio del crecimiento de la tarjeta de crédito provincial.
Sobre el direccionamiento de contratos y contrataciones, en especial a familiares o allegados, aseguró: “Jamás hice esas maniobras y nunca interferí en el proceso de compra, pero además no hay una sola prueba en contra mía que indique que haya asumido una competencia que no me correspondía y que fuera en contra de lo que dijera la Comisión de Compras”.
Canosa reiteró que “en la acusación no hay ningún hecho ilícito y que nada de lo que se me acusa, se puede probar”.
Datos de los testigos
En la audiencia de este miércoles, se sentaron como testigos ante el tribunal el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el senador Raymundo Kisser (Cambiemos); y el contador general de la provincia, Aurelio Miraglio, entre otros.El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, en su calidad de síndico de Sidecreer, explicó que él no hubiera firmado contratos con familiares suyos, tal como hizo Canosa.
El funcionario, también marcó: “que Sidecreer, que está conformada societariamente con el Iafas y el Instituto del Seguro, por lo que sí o sí está sometido a los controles del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Provincia”.
El senador Kisser marcó en su declaración que el presidente de Sidecreer “es funcionario público, y tiene que presentar declaración jurada de bienes”.
También recalcó que luego de recibir datos y recabar información se presentó en la Justicia porque “Se estaban direccionando los negocios a favor de un grupo de empresas vinculadas a la familia de Canosa, por lo que eran negociaciones incompatibles”.
