“Tengo las mejores referencias de Carbonell y no tengo nada que señalar con respecto a la condición profesional ni como magistrado, pero llama la atención”, aclaró
Asimismo, advirtió que “también vamos a tener quejas de las mujeres porque aumentamos el cupo. Estábamos equilibrados con una mujer en cada Sala y ahora vamos a tener un Sala con todos jueces de sexo masculino”.
Composición del STJ
Puntualmente sobre la composición del STJ, opinó que “debería tener cinco miembros” y “así como se ha creado la Sala de Casación Penal, crearía una Sala de Casación Laboral y una Sala de Casación Civil y dejaría solamente para recursos extraordinarios y los amparos en pleno la actuación del STJ”.Sostuvo que “el Superior Tribunal es quien ejerce el poder; si bien cada juez ejerce una porción del poder judicial, pero el que fija la política judicial es el Superior Tribunal, así como el Ministerio Público Fiscal fija la política criminal”. Y ahondó que “la diferencia entre lo laboral, lo civil y lo penal es relativo, porque el derecho es uno solo y no son compartimentos estancos, aunque hay ramas para especializarse, pero no se puede hacer derecho penal sin conocer algo del derecho civil y viceversa”.
En ese marco, afirmó que “la política judicial la tiene que fijar el Poder Judicial en pleno, esta división de Salas ha funcionado, pero no me termina de satisfacer del todo porque el criterio que se tiene en materia laboral a veces no coincide con el criterio que se tiene en materia civil, cuando la diferencia entre ambos no es tan profunda”.
“Acá no hay voluntad de cambiar nada, se está tratando de mantener el status quo, con la decisión firme de mantener nueve miembros del Superior Tribunal divididos en Salas, con competencia en materia contencioso administrativa plena. Creía que a lo mejor podía cambiar, aunque no depende de la voluntad del presidente del Superior Tribunal, sino que habría que consensuarlo entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para encarar esta cuestión”, apuntó.
Juicio por la causa Sidecreer
Consultado por la marcha del juicio contra el ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa, por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, Kisser sostuvo que “va bien encaminado”. “Está colmando mis expectativas, creo que se va a demostrar la responsabilidad, la pena que estaría solicitando la Fiscalía (de más de cinco años de prisión) me parece acertada y ha hecho un muy buen trabajo el Ministerio Público Fiscal, especialmente los fiscales (Santiago) Brugo y (Juan) Malvasio que fueron muy claros”, planteó el senador.Además, comentó que “la escapatoria que buscaba la defensa Canosa era plantear que Sidecreer no era una empresa del Estado y que Canosa no era funcionario público con lo cual las negociaciones incompatibles se caían, pero quedó claramente demostrado –y he aportado los elementos suficientes- porque hay una ley que establece con claridad cuando es una sociedad del Estado”.
“Por algo Canosa presentó su declaración jurada en la Contaduría como funcionario y hay una realidad: las pruebas están, lo que dije en la denuncia fue claro y contundente con los informes del Tribunal de Cuentas y por eso espero que haya una justa condena, no quiero revancha, porque tenemos que terminar con que cada funcionario del Estado cree que es Luis XIV y pueden hacer lo que se les ocurra”, reflexionó.
Agregó que “acá fallaron los controles y la Sindicatura a cargo de (el fiscal de Estado Julio) Rodríguez Signes es co-responsable” y opinó que el juicio “es un buen avance y una buena señal de que cuando la justicia quiere trabajar y a los fiscales se los deja trabajar se pueden hacer bien las cosas”.
También deseó que se avance en la investigación sobre el enriquecimiento ilícito de Canosa y de su antecesor, Nelio Calza: “Ojalá que la justicia avance sobre eso, porque tenemos funcionarios que llegan con lo puesto y terminan yéndose ricos del Estado a los pocos años”. “El Estado no puede estar para beneficio de los funcionarios, para que algunos se enriquezcan y pasen por la administración pública al solo efecto de mejorar su situación patrimonial y su calidad de vida”, advirtió.
En ese marco, sentenció que “después de 10 años de sancionada la Constitución estamos analizando y trabajando ahora una ley de ética para la función pública, y pensamos que hay que crear un órgano especial abocado estrictamente a hacer el seguimiento y control de todos y cada de los funcionarios del Estado, no solo del Poder Ejecutivo y Legislativo sino también del Poder Judicial”.
