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Al cumplirse este miércoles 3 de octubre 10 años de la sanción de la nueva Constitución de Entre Ríos, el ex convencional constituyente Juan Carlos Arralde, lanzó críticas aunque valoró que “se podría poner en el haber que hay una mayor visibilización del texto de la Constitución provincial incluso en los fallos de los jueces”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Arralde consideró que “hay muchas más asignaturas pendientes que logros alcanzados en estos 10 años” aunque valoró que “se podría poner en el haber que hay una mayor visibilización del texto de la Constitución provincial incluso en los fallos de los jueces, lo que normalmente no existía”.

También sostuvo que “se puede mencionar la sanción de algunas leyes reglamentarias que han sido importantes para la vida institucional de la provincia, como la ley de municipios que se sancionó y adecuó al nuevo texto constitucional –a pesar de que se debe aún la nueva ley de comunas-; tenemos una ley del Defensor del Pueblo pero no está llenado el cargo, es decir que no está existiendo en la provincia un organismo tan importante como este, que vela por la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía en general; se sancionó la ley de equidad de género para los cargos electivos lo que es un avance importante; la ley del Consejo Económico y Social, que no tiene vida y no está funcionando; también como algo positivo se puede mencionar la creación del fuero contencioso administrativo con dos Cámaras que de alguna manera acercan al vecino que necesita litigar contra el Estado”.

En ese marco, lamentó que “hay muchísimas asignaturas pendientes, y hay una inacción y omisión legislativa muy sentida en estos 10 años, que es muy lamentable. Hubo una modorra legislativa, que no sé si atribuirla a la falta de interés”.

A la hora de identificar los motivos de esta situación, afirmó que “ha habido una inoperancia sin dudas, y una falta de interés de los legisladores de sancionar los institutos, una falta de decisión política de quienes han manejado las mayorías para sancionar los nuevos institutos de la Constitución y hacer más institucional la provincia, y también un desinterés del Poder Ejecutivo para poner en marcha ciertos organismos, como los de control”.
En el mismo sentido, también opinó que “el ex gobernador (Sergio) Urribarri concibe esta Constitución provincial como sancionada en contra de sus intereses personales y valga reflejar aquí la cláusula transitoria que habla de la no reelección, computando el mandato del ex gobernador en ese entonces como primer mandato; cláusula cerrojo que de alguna manera toma como algo personal”.

Aseguró que “por eso hubo desinterés en todo este tiempo de poner en marcha estos organismos” y a modo de ejemplo mencionó “la situación del Tribunal de Cuentas, con el desinterés de ampliarlo de tres a cinco miembros para que la oposición parlamentaria pueda controlar las cuentas del Estado provincial; no tenemos ley regulatoria del financiamiento de los partidos políticos en la provincia; todo el capítulo medioambiental está totalmente ocioso porque el ente que iba a dirigir la política ambiental y la evaluación del impacto ambiental de todos los emprendimientos productivos, no existe”.

Agregó que “la Fiscalía Anticorrupción no está legislada a pesar de que el Ministerio Público, con buen tino, dio el puntapié inicial de hacer un atisbo de lo que sería, pero esto necesita creación de cargos, presupuesto y dotarla de la infraestructura que realmente se merece una provincia que ha sentido los coletazos de la corrupción”.

Consultado por el rol de la oposición en este sentido, Arralde dijo tener conocimiento de que “la oposición ha tenido diálogo y le planteó al gobernador Gustavo Bordet una agenda de temas importantes, que tiene que ver con la puesta en funcionamiento de mecanismos constitucionales que no existen” aunque reconoció desconocer “cuán intensos han sido después los reclamos en este sentido”.

Definió que “es una de las Constituciones, sino la más moderna de la República Argentina, en términos de reconocimiento de derechos, es muy moderna y en el buen sentido ha traído institutos de otras constituciones provinciales dándole un diseño propio, y esto es lamentable porque demuestra la baja calidad institucional que tiene Entre Ríos al no ponerla en movimiento”. También advirtió que “muchas de las acciones de inconstitucionalidad que se pueden plantear son por omisión del Poder Legislativo que no hace lo que está obligado a hacer, que es darle el diseño a cada instituto para que la gente pueda ejercer sus derechos”.

Consideró que “los gobiernos en general tienen la sensación de que poner en marcha esta Constitución significa someterse a mayores controles y al poder no le gusta que lo controlen; al pergeñar organismos autónomos de control que antes no existían, al permitirle fijar su propio presupuesto, y nombrar su propio personal”.

“El Tribunal de Cuentas necesita un decreto del Poder Ejecutivo para nombrar su personal porque no existe una ley reglamentaria, y porque debe pedirle permiso al gobernador de la provincia para nombrar su propio personal si el Poder Ejecutivo es uno, y el principal, de los poderes del Estado que está sometido a control del Tribunal de Cuentas. Esto es un ejemplo concreto de cómo un organismo –en teoría- autónomo de control no puede ejercer sus facultades porque la Legislatura no ha sancionado la ley correspondiente”, ejemplificó.

“Hay una tendencia natural y eso tiene que ver con los pesos y contrapesos propios de la República y los juegos de poder entre los tres poderes del Estado, y acá tenemos un Poder Legislativo que no legisla, un Poder Ejecutivo que avanza y un Poder Judicial que mira cuando le conviene y otras veces no mira. Esto tiene que ver con la ausencia de la ciudadanía en el ejercicio de este tipo de controles y mucho que ver con el rol de los medios de comunicación, que son los que ponen en la agenda pública los temas que normalmente la gente no visibiliza”, reflexionó.

“También falta educación y las escuelas deberían enseñar lo que es la Constitución de la provincia, los derechos que le reconoce a los entrerrianos y como funciona Entre Ríos institucionalmente. Esto no se está haciendo y tiene mucho que ver después con la falta de reflejo de la sociedad”, analizó.

Acotó que “no hay un otorgamiento de un valimiento real de la gesta que fue la reforma del 2008 –no hay que olvidar que hacía más de 70 años que no se tocaba la Constitución- y siempre la puja versaba sobre la existencia o no de la cláusula de la reelección, es decir que no se debatía porque se anteponía una cuestión de poder, partidario y personalista, que contaminaba el resto de la reforma”.

Por último, Arralde afirmó que “es la Legislatura quien debe ahora cumplir esta deuda que es sancionar los institutos y el Poder Ejecutivo que debiera dotar de mayor calidad institucional enviando proyectos de ley, e incluso el Poder Judicial podría enviar proyectos de su incumbencia”. “Si hubiera una legislación acorde a los tiempos la gente podría tener mayor confianza en la calidad institucional y en su propia dirigencia. Solamente el Colegio de Abogados ha hecho charlas en algunas localidades sobre la reforma, pero deberían ser los partidos políticos los que tendrían que tomar la posta en esto”, concluyó.
Fuente: Anpalisis Digital

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