Hecho que constituyó una coincidencia azarosa pero a la vez auspiciosa para una Carta que no cumplió con las expectativas que se esgrimieron durante todo el proceso de su redacción, en la reunión de la Convención que la sancionara.
Se debe reconocer el empeñoso esfuerzo de los integrantes de ese cuerpo en su elaboración, la que se plasmó en un documento que, según el juicio del ex convencional Juan Carlos Arralde, “es una de las Constituciones, sino la más moderna de la República Argentina, en términos de reconocimiento de derechos, es muy moderna y en el buen sentido ha traído institutos de otras constituciones provinciales dándole un diseño propio”.
Mientras tanto lo lamentable, es que se trata de un instrumento incompleto, en la medida que su plena vigencia exigía la sanción de leyes, a las que todavía se sigue esperando.
Resulta a ese respecto de interés, hacer en ese sentido mención a la reseña que hizo Iván Pesuto -hijo de Hermo Pesuto, quien fuera convencional constituyente y solvente Ministro de Gobierno durante la gestión de Mario Moine- en una nota que publicara sobre el tema, sobre las “deudas pendientes” que hagan posible la aplicación “plena” de nuestra “ley superior”, ya que solo la Constitución Nacional es nuestra Ley Suprema.
Y en esa nota Pesuto – con la visión esperanzada que lo caracteriza, que según sus palabras le hace siempre ver a la botella de licor como llena hasta la mitad y no con la mitad vacía- al hacer un repaso de “las moras” enumeraba las mismas de la siguiente manera:
- el acceso a la información pública y derecho a réplica (hay proyecto, no aprobado);
- publicidad oficial (hay proyecto pero que fue archivado);
- seguro de salud, la regulación de medicamentos; ley de atención hospitalaria de tiempo completo (no existen proyectos presentados);
- ente público de alimentación (no existen proyectos presentados);
- participación ciudadana (falta reglamentar la revocatoria de mandato);
- consejo económico y social (creado pero sin implementar en la práctica);
- partidos políticos y campañas publicitarias electorales (no existen proyectos presentados);
- pueblos originarios, ley de tierras (no existen proyectos presentados);
- concursos de ingresos y ascensos a los empleos públicos (no existen proyectos presentados);
- estabilidad del empleo público (no existen proyectos presentados);
- acciones de inconstitucionalidad (no existen proyectos presentados);
- banco de la provincia (no existen proyectos presentados);
- negociación colectiva de empleados públicos (no existen proyectos presentados);
- ente de políticas ambientales (hay proyecto pero que fue archivado);
- ley electoral (hay un proyecto de reforma enviado que no prosperó);
- juicio político (hay proyecto pero que fue archivado);
- ley orgánica del ministerio público (reglamentado pero falta legislar sobre la Fiscalía Anticorrupción);
- defensoría del pueblo (reglamentado pero falta designación del Defensor del Pueblo);
- jurado de enjuiciamiento (hay proyecto pero que fue archivado);
- ley de ética pública: es Entre Ríos, tristemente, una de las pocas provincias que, a la fecha, carece de esta norma. En el tema, sin orgullo de decirlo, estamos subidos al podio, pero como abanderados del ocultamiento; al menos desde lo normativo.
Debe observarse –es por eso que lo hemos destacado “en negritas”- que en su mayoría los que quedan sin volverse operativos, son artículos de la Constitución cuyo objetivo está encaminado a acotar los márgenes de discrecionalidad de los integrantes de los poderes públicos y el cuidado de su comportamiento ético, al mismo tiempo que el ejercicio de la población de la plenitud de sus derechos cívicos.
¿Cómo se explica esa morosidad en hacer lo que se debe y corresponde? Para Pesuto, y en ello coinciden algunos ex convencionales, a todos los que el décimo aniversario ha llevado a desempolvar cuestiones de las que por su participación en la concepción y “en el parto de la criatura”, debieron haber merecido su atención permanente para que tengamos una “Constitución con vigencia plena”, se podría buscar responsables de la situación descripta en “la tremenda inacción en el Poder Legislativo, o apuntar también contra el Ejecutivo; pero asimismo cualquier ciudadano, por los poderes que la nueva constitución le confiere, conforme al art. 62, tenía la facultad por sí mismo -cumpliendo requisitos legales- de presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, a demandar que se dicten los institutos creados constitucionalmente y no legislados.”
De donde, sin seguramente proponérselo- Pesuto termina “haciéndonos caer a todos en la volada”, sin advertir que, de ese manera, a la postre nadie vendría a ser responsable de lo ocurrido, ya que como se sabe la mejor forma de disculpar y de disculparse es hacer responsables a todos, que es lo mismo que no poder imputar responsabilidad a ninguno.
Por nuestra parte, seguimos inconmovibles en nuestra tradicional línea editorial, que parte del presupuesto de que hemos estado y seguimos estando –piénsese en las aspiraciones reformistas truncas del actual gobernador santafesino, en procura a quedar habilitado para ocupar su cargo en otro periodo consecutivo- enfermos de una “hipocresía reformista” en la materia.
Viene al caso recordar los tiempos en que Eduardo Duhalde hacia una campaña no solo hipócrita, sino sobre todo engañosa y mentirosa, haciendo creer que si se reformaba la Constitución de su provincia todos los bonaerenses gracias a ello, “iban a ser felices comiendo perdices”, intento que terminó en un fiasco.
Es que, en contraste a lo que con esa fiebre reformista se pretende, hemos estado siempre convencidos que “para dictar las leyes necesarias para hacer realidad todo el rosario de objetivos proclamados, no resulta necesario reformar la Constitución, sino que es a nuestros legisladores a quienes hubiera correspondido ponerse a trabajar con el objeto de sancionarlas y hacer que se implemente el contenido de esas leyes”.
Mientras que quienes levantan banderas opuestas, lo que están haciendo no es otra cosa que reformando o reclamado la reforma de la constitución, escudándose en que de esa manera se podrán dictar las leyes, que una vez reformada la Constitución… ¡se quedan en el tintero!
Una prueba más de ese mundo al revés en el que vivimos y en el que no quedan cosas que puedan provocarnos asombro –aunque si espanto- ya que a esta altura nada de lo que pase puede extrañarnos.
