El periodista Federico Malvasio, quien diera a conocer los allanamientos de la semana pasada, explicó que la investigación le apunta a "un sistema por el cual – aparentemente - se recaudaba una cifra millonaria en pesos por mes a través de contrataciones irregulares en el seno de la Legislatura. El esquema va más allá del financiamiento de la política conocido. La novedad es que el procedimiento se bancarizó. De hecho, la historia comienza con la detención de tres personas a la salida de un cajero del Bersa con un puñado de tarjetas de débito y unos cuantos miles de pesos en una mochila. La lupa está puesta, ahora, en el Senado. Pero se extiende a la Cámara de Diputados, que preside Sergio Urribarri".
El miércoles pasado los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, allanaron dos estudios contables. "Uno de ellos es el de Gustavo Falco, ubicado en calle Misiones, entre Uruguay y Tala y el otro el de Alfredo Bilbao y Ariel Faure, en el edificio tipo inglés, en la esquina de Alameda y Córdoba" reveló Malvasio. La causa se inició el 20 de septiembre a la tarde cuando Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Álvarez fueron interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero del Bersa de calle Alsina con una mochila llena de dinero. Fue luego de que estuvieran un buen tiempo en la cabina haciendo uso de varias tarjetas de débito.
En la madrugada de ese día, la Policía allanó el domicilio de Beckman y encontró documentación y más plásticos. Hay tres detenidos con prisión preventiva: Bekman; su pareja Hugo Rubén Mena; y Bilbao. Álvarez tiene prisión domiciliaria.
Luego de los allanamientos y con el escándalo a la luz del día, el presidente del Senado Adán Bahl le solicitó la renuncia a Gustavo Pérez, quien se desempeñaba como director general de administración de la Cámara alta. Fue la primera consecuencia política que tuvo el caso que está en su etapa inicial. "Hasta lo que se sabe provisoriamente -publicó Malvasio- en la Legislatura (Senado y Diputados) se hicieron 350 contratos que varían entre los 35 y 50 mil pesos. Pero a los contratados sólo se les daba entre 1200 y 3000 pesos por prestar su nombre. Una inmensa mayoría no trabaja en la Legislatura. Si se saca una cuenta rápida se trata de un monto mensual de unos 14 millones de pesos mensuales. De ahí hay que sacar los honorarios para los prestanombres y los estudios contables, que eran quienes hacían los aportes a la AFIP y ATER".
Según reconstruyó Página Judicial, los encargados de hacer el trabajo de extracción del dinero habrían sido Mena y Bekman. Los montos los entregaban a Bilbao, Faure y Pérez, éste último trabajador de planta del Senado.
La Justicia solicitó los contratos del Senado 10 años para atrás. Para la Procuración General, en el seno de la Legislatura se constituyó una organización que sustrae fondos irregularmente. Los delitos son de fraude a la administración pública y asociación ilícita.
El mecanismo de recaudación involucraría a la mayoría de las fuerzas de las cámaras legislativas.
Al cerrar la semana pasada, el senador nacional Pedro Guastavino reconoció que los tres empleados legislativos involucrados en manejos irregulares de dinero eran “contratados monotributistas” por él en el Senado Nacional.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Guastavino se refirió a la situación de los tres empleados: “Cuando me enteré de esto, la sorpresa mía fue enorme porque me preguntaba qué estaba pasando y qué estaban haciendo estas personas allí, y de forma inmediata inicié el trámite para dar de baja de forma preventiva los contratos hasta que la justicia actúe y el tema se aclare”.
