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En las últimas semanas, bien podría decirse que la llamada Causa Los Charrúas experimentó varios sacudones fuertes, a partir de algo que, en principio, parecía una cuestión menor: el Fiscal José Arias envió un oficio a la Municipalidad de Colonia Ayuí, pidiendo información sobre obras ejecutadas en esa localidad a través de la operatoria del Programa "Más Cerca, más municipio, mejor país, más patria". Aunque se suponía que Julio Larrocca ya nada tenía que ver con esa comuna del Departamento Concordia, de la que fue tiempo atrás asesor legal "externo", lo cierto es que las escuchas telefónicas pedidas por fiscalía y autorizadas por la Justicia de Garantías revelaron sin margen para dudas que el dirigente de AFA se ocupó personalmente de responder al "oficio".

Pero eso es sólo un detalle. Arias también se convenció de que esas conversaciones grabadas alcanzan para probar que hubo maniobras de entorpecimiento de la investigación, ejecutadas no sólo por Larrocca sino también por el empleado municipal de Ayuí, Fabián Terenzano, y el abogado Juan Ignacio Elgart, sucesor de Larrocca en la asesoría legal de esa localidad.

De allí que, sin titubeos, Fiscalía amplió la lista de imputados, agregando a Terenzano y Elgart por "entorpecimiento", y a renglón seguido pidió la detención de todos los acusados, a excepción de Doubña.

De allí en adelante, los imputados son en total seis: el exintendente Rubén Chaparro; el exasesor legal Julio Larrocca; el empresario de la construcción Ramón José Segovia; el empleado municipal Alexandre Manuel Doubña; el empleado de la comuna de Colonia Ayuí, Fabián Terenzano; y el actual asesor legal de esta última localidad, el abogado Juan Ignacio Elgart.

A los primeros cuatro se les atribuye participación en mayor o menor grado en una maniobra para falsear certificaciones que habrían acreditado avances de obras inexistentes y luego la finalización de las mismas, también inexistente, habilitando así el libramiento de pagos indebidos por sumas que superan en total los dos millones de pesos. A los últimos dos, Arias los acusa por entorpecer la investigación, al confabularse con Larrocca para eludir responder de manera veraz a un oficio enviado al municipio de Ayuí.

Pero la pretensión del Fiscal de que los imputados vayan presos para frenar las acciones que -a su juicio- entorpecerían la marcha de la investigación, chocó con la negativa de la Justicia de Garantías. No conforme con ello, el Fiscal decidió insistir y presentó un pedido de prisión preventiva, cuyo tratamiento la Defensa logró aplazar interponiendo una formal "recusación" de Arias, a quien le endilgan falta de "objetividad" e "imparcialidad", razón por la cual -entienden- debería ser apartado del caso.
Qué dicen las escuchas
Si bien los audios no han sido reproducidos en las audiencias, en el contexto en el que se debatía el pedido de recusación al fiscal de la causa, el propio José Arias dejó entrever el contenido de algunas de las 79 conversaciones que obran en la causa.

Hay al menos dos donde el tenor de lo hablado adquiere particular gravedad.

En la primera, Larrocca se comunica con una persona no identificada. El interlocutor del dirigente de AFA alude al fiscal Arias como "este loco hijo de puta" y de inmediato sugiere que hay que "llevarlo a los montes".

En otra llamada, la individualizada en el expediente con el número 75, Fabián Terenzano pregunta a Julio Larrocca si no era posible que un juez pudiera "frenar a este muchacho", refiriéndose al Fiscal José Arias. Larrocca le contesta: "Lo que vos tenés que rescatar es que estamos demasiado normales nosotros, porque si hubiésemos estado un poquito desequilibrados, vas y le pegás un tiro". Terenzano agregó: "Yo, sinceramente, si hubiera estado un poquito loco, voy y lo cago a trompadas en su propio despacho y que me metan preso".

Larrocca y Terenzano ya fueron investigados por Arias en la causa por el reparto ilegal de terrenos en Puerto Yeruá, por la que ambos terminaron condenados por el tribunal en primera instancia. El primero a 5 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la función pública y 5 años de suspensión de la matrícula. El segundo a 3 años de prisión condicional e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Justamente por ello, en junio último Terenzano dejó de ser Secretario de la Municipalidad de Colonia Ayuí, cargo que ahora detenta Diego Versalli.
Fuente: El Entre Ríos

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