Afirmaron esta norma “pretende establecer el cobro de regalías sobre las semillas para los obtentores, anulando el derecho de uso de las agricultoras/es sobre una de las actividades más antiguas de la humanidad, como lo es el trabajo de la tierra y la agricultura”, consideraron.
En este sentido, consideraron que “la mercantilización de un recuso básico e innegociable como las semillas y atenta no solamente sobre los derechos de las y los agricultores, sino que pone en alto riesgo a la soberanía alimentaria”.
Repudiaron “la criminalización de la producción y reproducción de semillas campesinas que sostienen y son la base del 80% de nuestra alimentación”, a la vez que denunciaron “el lobby corporativo de la Mesa de Enlace -liderada por la SRA, Coninagro, CRA y FAA- que impone un sistema productivo de acumulación que, con total impunidad, desbasta y empobrece a las comunidades”.
Ley 27.118
También exigieron “la implementación efectiva de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar con presupuesto para su aplicación, donde en el Art. 26 crea el Centro de Semillas Nativas (Ceprocena) para garantizar el cuidado, la promoción, producción, acopio, comercialización, investigación e intercambios de semillas nativas y criollas para la valoración de la producción agroecológica”.En otro de los párrafos del texto exigieron, además, “la restitución de la cobertura social a través del monotributo social agropecuario, la reincorporación de los trabajadores despedidos de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, como así también más y mejores políticas públicas integrales para el desarrollo pleno de las y los productoras/es de la AF, las comunidades campesinas y de pueblos originarios”.
